Más del 80% de los documentos que va a pedir la comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de emergencia se refiere a administraciones gobernadas por el PP, principalmente los gobiernos autonómicos de Madrid, Andalucía y Galicia, y apenas un 12% tiene relación con el llamado 'caso Koldo' que estalló en febrero tras la detención de Koldo García Izaguirre, que fue asesor del entonces ministro socialista José Luis Ábalos.
En total, el PSOE y sus socios de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y Coalición Canaria aprobaron 369 solicitudes de documentación a distintas instituciones. Además de al Gobierno central, autonómicos, locales o provinciales, se reclama información al Tribunal de Cuentas y sus equivalentes, la Fiscalía, la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria y el Registro Mercantil, entre otros.
El objeto de esta investigación parlamentaria impulsada por el PSOE son "los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte del conjunto de la Administración General del Estado y sus distintos organismos", así como los llevados a cabo en las diferentes Administraciones públicas.
Los socios exigen datos del 'Caso Koldo'
Pero, como ocurre con las 134 comparecencias aprobadas, en las solicitudes de información se han primado también los asuntos relativos a otras administraciones, en su mayoría gobernadas por el PP, sobre las que versan sobre contratos suscritos por la Administración General del Estado.
Así, del total de 369 peticiones sólo 45 (el 12%) están relacionadas con el 'caso Koldo'. De ellas, tan solo cinco se cursan al Gobierno central o a entes dependientes del mismo y ninguna de ellas estaba en el listado inicial registrado por el PSOE.
Por ejemplo, a instancias de Sumar, el Congreso ha acabado pidiendo copia de los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas por parte de los ministerios de Transportes e Interior, Puertos del Estado, Adif y la Subdirección General de gestión económica y patrimonial, así como el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, sobre las actividades de los Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto, y su vinculación con la empresa de la trama.
Los contratos de Illa
Como quería el socio minoritario del Gobierno, se pide a la Audiencia Nacional el sumario del 'caso Koldo' y a la Fiscalía Anticorrupción su informe de septiembre de 2022 sobre los cinco contratos que el Ministerio de Sanidad adjudicó a la empresa FCS Select por valor de 268 millones de euros.
Las otras referencias a la trama del exasesor de Ábalos parecen en las solicitudes de documentación que se hacen a instituciones de Baleares (un total de 26, el 7,04%) y a Canarias (13, el 3,5%). En el caso de Baleares, desde el principio los socialistas apostaron por pedir los contratos suscritos por el Gobierno de la ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol, con la empresa de la trama y datos sobre la actuación del Ejecutivo de Marga Prohens sobre la reclamación que se hizo a la compañía por incumplimiento del contrario.
Sin embargo, en el caso de Canarias el PSOE quería limitarse a solicitar los informes de control financiero del Servicio Canario de Salud y datos sobre la actuación del Tribunal de Cuentas, pero al final acabó aceptando las propuestas de Coalición Canaria y el se han solicitado los expedientes de los contratos que el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres adjudicó a la 'Soluciones de Gestión'.
El resto de la documentación solicitada por la comisión, según los datos recopilados por Europa Press, tiene que ver con casos registrados en instituciones gobernadas por el PP y ya estaban en el listado original del PSOE. Así, hay 93 solicitudes que afectan a la Comunidad de Madrid (25% del total); 84 a Andalucía (22,7%); 83 a Galicia (22,45%); 36 al Ayuntamiento de Madrid; nueve a Castilla y León (2,43%) y una, a Murcia.
Fiscalizar al entorno Ayuso
Además de pedir numerosa documentación sobre los contratos de compra de material sanitario de todas estas instituciones, en el caso de la Comunidad de Madrid, el listado incluye diversas peticiones sobre el entorno más cercano a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Así, se solicita documentación sobre el caso 'Avalmadrid' --la deuda de la madre de Ayuso y sus socios con esta entidad-- y sobre la contratación por parte de la CAM a empresas vinculadas al hermano de la presidenta, Tomás, a la madre de ambos, Isabel Ayuso, y a Alberto González Amador, pareja de la mandataria.
Entre otras muchas cosas, el Congreso reclama a la Agencia Tributaria las declaraciones de IRPF, IVA y Sociedades de Tomás Díaz Ayuso y González Amador, así como el informe en el que se atribuye a este último dos supuestos delitos de fraude fiscal.
Por otra parte, el Congreso también quiere saber sobre los contratos que ha adjudicado la CAM desde 2020 a Room Mate, propietaria del apartahotel en el que se alojó Ayuso durante la pandemia, así como los contratos de alquiler o cesión de la compañía y de su dueño Enrique Sarasola con la presidenta.
La investigación que ordenó Casado
A los registros de la propiedad se le reclaman las certificación de las propiedades inmobiliarias en las que consten como titulares Ayuso, su hermano y su novio. A la propia presidenta madrileña se le pide documentación sobre las relaciones económicas, societarias, préstamos, donaciones o situaciones de participación de propiedades de inmuebles que pueda mantener con su novio o su hermano, y a su pareja le reclaman sus contratos de alquiler desde 2018 y los que tenga con Babia Capital S.L, propietaria de un ático en el edificio donde vive la pareja.
Además, la comisión ha pedido al PP informes sobre la investigación interna realizada sobre el cobro de comisiones por la venta de material sanitario por parte Tomás Díaz Ayuso, que ordenó el anterior líder del partido, Pablo Casado.
El Ayuntamiento de Madrid también va a recibir 36 peticiones relativas datos sobre la estafa de las mascarillas por la que investiga a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, así como sobre su convenio con la Empresa de Servicios Funerarios.
Bendodo y Bravo, en el punto de mira
Gran parte de las 84 peticiones relativas a Andalucía versan sobre los contratos, subvenciones o ayudas concedidas por la Junta a una decena de empresas implicadas en el 'caso maletines del SAS', una supuesta trama de mordidas por la compra de material sanitario que fue archivado por la Justicia y que salpicó al entonces Consejero de Presidencia de la Junta y ahora portavoz del PP en la comisión de investigación, Elías Bendodo.
También se solicitan datos sobre las instrucciones emitidas por la Consejería de Hacienda, entonces en manos del responsable económico del PP Juan Bravo, para la realización de 4.000 contratos de empleo público exprés en pandemia, y todos los expedientes de contratación con la aseguradora Asisa donde acabó recalando el exviceconsejero de Salud Miguel Ángel Guzmán.
Otro paquete de solicitudes tienen como objetivo la documentación relativa a las supuestas irregularidades de los contratos de la Diputación de Almería y el ayuntamiento de Fines, en la misma provincia.
Y la famila de Feijóo
A la Xunta de Galicia se le piden todos los expedientes de sus contratos con Eulen entre 2008 y 2023. De ese grupo empresarial es directiva Micaela Núñez Feijóo, hermana del líder del PP, de la que se solicitan sus declaraciones de IRPF desde 2015. También se reclaman los contratos como el servicio de rastreo de casos de la covid-19 prestado por Universal Support, empresa de telemarketing vinculada al cuñado de Feijóo.
Por último, también pide documentación sobre supuestas irregularidades en la contratación de material sanitario en Castilla y León.
Tddy
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