Lunes, 18 de junio de 2018. Primera entrevista de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, en TVE. "Mi compromiso es que haya una RTVE que no esté al albur ni al dictado de ningún Gobierno ni de ningún partido. Por tanto, este Gobierno va a respetar el acuerdo parlamentario de composición del Consejo de Administración".
Martes, 22 de octubre de 2024. Un miembro del Consejo de Administración de RTVE en conversación con Vozpópuli: "Estábamos esperando que esto pasara. Había un silencio que no era normal, por lo que estaba claro que algo se estaba cocinando".
Casi seis años y medio después de llegar al Palacio de la Moncloa, Sánchez ha tomado RTVE. Adiós a la mayoría cualificada de dos tercios y al sistema de elección que el propio PSOE pactó con Podemos y Ciudadanos renovar la cúpula de RTVE vía concurso público en 2018. Un sistema que posibilitó la renovación del Consejo de Administración mediante acuerdo con PP, Unidas Podemos y PNV en 2021. Sánchez vuelve a un modelo sin consensos y se apoyará en Sumar y en su variable mayoría parlamentaria para elegir a los nuevos consejeros del ente público.
"Esta reforma tiene un triple objetivo: reforzar el pluralismo, asegurar la estabilidad y garantizar la profesionalidad en el Consejo de Administración", explicó este lunes Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Una afirmación que cuando menos crispa al principal partido de la oposición. "Esto sólo tiene dos justificaciones: arrinconar al Senado porque el PP tiene mayoría [absoluta] y colocar a gente de los grupos minoritarios para comprarles el voto en la convalidación", estiman fuentes parlamentarias populares a este periódico.
"Que no tenga la cara de decir que es para hacerlo más plural... ¡Es neolengua orwelliana!", zanjan fuentes del PP, desde donde denuncian el “silencio sepulcral” de Sánchez con este movimiento. Y es que son varios los cabos atados por el Gobierno con un decretazo que, a ojos del principal partido de la oposición, ha convertido el Consejo de Administración de RTVE en un nuevo botín que repartir entre sus socios a cambio de estabilidad. "Una nueva forma para pagar a todos los socios", dicen.
"Que no tenga la cara de decir que es para hacerlo más plural... ¡Es neolengua orwelliana!"
Primero, una fórmula de desbloqueo que sorteará mayoría de dos tercios en una segunda votación y permitirá el desbloqueo del acuerdo con una mayoría absoluta, en un movimiento parejo al empleado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Segundo, un aumento de 10 a 15 en el número de consejeros, lo que permitiría la entrada en la cúpula de RTVE a miembros de partidos ahora sin representación, como ERC, Junts o EH Bildu. Tercero, sortear el actual dominio del PP en el Senado manteniendo los cuatro consejeros elegidos a instancias de la Cámara Alta, pero aumentando de seis a 11 los elegidos por el Congreso.
Cuarto, aumentar el salario de los consejeros, que pasaron de cobrar 120.000 euros brutos anuales a los aproximadamente 700 euros netos mensuales –asegura un miembro del Consejo actual– en concepto de dietas, exigiendo su dedicación exclusiva. Quinto, elevando hasta los seis años la duración del mandato de los consejeros, cambiando el actual sistema de renovación por mitades y cada tres años. Un extremo que permitiría al PSOE y a sus socios tener el control de RTVE hasta 2030.
Plenos poderes para el próximo presidente de RTVE
Todo ello queda plasmado en el documento presentado y aprobado este lunes en el Consejo de Ministros, adelantado por El Mundo. Un texto de cuya lectura se desprenden los plenos poderes que tendrá el próximo presidente de la Corporación pública, que gozará de las competencias que tendría un administrador único. Y es que según consta negro sobre blanco en el Real Decreto, el próximo presidente de RTVE tendrá la capacidad de "nombrar y cesar al equipo directivo de la Corporación", una competencia hasta ahora inédita en el cargo.
Como también lo es la posiblidad de "aprobar la organización básica de la Corporación de RTVE y sus modificaciones" o "aprobar todos los contratos, convenios, acuerdos y negocios jurídicos no incluídos en el artículo 16.4 g) de esta ley". Es decir, todo lo que esté fuera de las directrices básicas en materia de personal y los contratos menores a dos millones de euros. Además, el próximo presidente de RTVE –un puesto ostentado por Elena Sánchez y Concepción Cascajosa desde la dimisión de José Manuel Pérez Tornero en septiembre de 2022– también podrá "conferir y revocar poderes", algo que hasta entonces se decidía de manera mancomunada por el grueso de los consejeros.
Tellado denuncia el “control absoluto” de Sánchez
“CIS, RTVE, Agencia EFE, Tribunal Constitucional, Fiscalía General del Estado, Abogacía del Estado, Correos, Congreso de los Diputados a través de su Presidencia, Banco de España, Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, CNI, Renfe, Aena, CNMV y CNMC”.
Esa fue la enumeración hecha por Miguel Tellado, portavoz popular en el Congreso, tras conocerse el decreto impulsado por PSOE y Sumar en el seno del Consejo de Ministros. “Teniendo en cuenta la política del Gobierno con respecto a la toma de las instituciones, pues todo parece indicar que van a por una más y que lo que quieren es el control absoluto de RTVE a través de ese decreto", ha cargado Tellado.
Quieren el control absoluto de RTVE
Miguel Tellado
Fuentes de la oposición también denuncian la “hipocresía” del Gobierno respecto al Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación. El clavo ardiendo al que se agarró Sánchez para impulsar su plan de regeneración democrática, diseñado a la postre para aumentar el control gubernamental sobre los medios de comunicación.
“Los Estados miembros se asegurarán de que los procedimientos para el nombramiento y la destitución del directivo al frente de la gestión o de los miembros del consejo de administración de los prestadores del servicio público de medios de comunicación tengan por objeto garantizar la independencia de los prestadores del servicio público de medios de comunicación”, señala la normativa marco de la UE en uno de sus puntos.
