El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, baraja las fechas del 22 o del 29 de noviembre para celebrar las elecciones generales, tal y como han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, dos fechas que dejarían tiempo para aprobar en septiembre las últimas leyes en tramitación.
El Gobierno trabaja calendario en mano con el Congreso y con el Senado para determinar qué tiempo se necesita para aprobar las reformas pendientes y poner fecha a la disolución de las Cortes, que debe producirse 54 días antes de la jornada electoral. Según las mismas fuentes, Rajoy ha dejado entrever que las fechas con más probabilidades para fijar la cita con las urnas son los dos últimos domingos de noviembre, manteniendo así su previsión inicial, con independencia de lo ocurrido en las elecciones locales del pasado domingo.
Presupuestos, ¿sí o no?
Si las elecciones se celebran el día 29 de noviembre, las Cortes se disolverán el día 6 de octubre y si la fecha elegida es el 22, la presente legislatura concluirá el 29 de septiembre. Si el PP mantiene su intención de presentar un proyecto de Presupuestos Generales de 2015, como han aconsejado públicamente algunos dirigentes con idea de aprovechar anuncios de medidas sociales, sería mejor la primera opción, pues daría tiempo a llevar el proyecto al Congreso el martes 29 de septiembre.
Convocar antes de esas fechas de noviembre adelantaría aún más la disolución y se impediría completar la tramitación parlamentaria de algunas de las leyes que el Gobierno ha previsto aprobar en lo que resta de curso.
Retrasar la cita electoral después del 29 de noviembre resulta harto complicado, aseguran fuentes parlamentarias
En la agenda legislativa pendiente figuran varias reformas de calado del Ministerio de Justicia (leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal, entre otras), así como las dos iniciativas que permitirán publicar la lista de morosos con la Administración y de los defraudadores condenados, la puesta en marcha de la Segunda Oportunidad, el nuevo procedimiento común de las Administraciones Públicas, la reforma de la Formación Profesional, los cambios legislativos que precisa el Plan de Familia, la Ley de Patrimonio Natural y la Ley de Calidad Alimentaria.
El Congreso y el Senado ya tienen previsto un verano con más trabajo del habitual. Se calcula que en julio habrá dos o tres sesiones plenarias en la Cámara Baja y otras dos en la Cámara Alta, mientras que en agosto se da por hecho que trabajarán algunas comisiones, pero aún así quedarán leyes pendientes para nuevos Plenos del Congreso y del Senado en septiembre.
Ir a diciembre choca con Navidad
Y por medio de este calendario que maneja el Gobierno, está anunciada para el 27 de septiembre la celebración de las elecciones catalanas, según insiste el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por lo que el último día hábil para aprobar leyes en los Plenos del Congreso o del Senado es el jueves 17 de septiembre.
El presidente del Gobierno, que es quien firma el decreto de disolución, sabe también que retrasar la cita electoral después del 29 de noviembre resulta harto complicado pues el domingo siguiente es el 6 de diciembre, reservado para el Día de la Constitución, y que ir más allá no parece aconsejable pues implicaría constituir las Cámaras y poner en marcha la undécima legislatura en plenas Navidades.
