Casi diez años han tenido que esperar los trabajadores de la empresa de seguridad privada Alcor para que comience el juicio contra los administradores por explotación laboral. Jornadas maratonianas, horas extras excesivas, prácticas antisindicales... son algunas de las denuncias que presentaron los empleados. Las amplias diligencias de la Policía Nacional han permitido que se celebre esta cita que comenzará este lunes en la Audiencia Provincial de Lugo.
La investigación fue realizada por la Unidad Central de Seguridad Privada y adjuntaron como pesquisas desde escuchas telefónicas, vigilancias, hasta el análisis de contratos de los trabajadores. La acusación que representa a los empleados está ejercida por el sindicato USO, que tienen a Ismael Franco, de ADR Abogados, como defensor.
Precisamente, FTSP-USO Galicia celebrará este un acto reivindicativo con una concentración a las puertas de la Audiencia Provincial de Lugo, para denunciar, una vez más, las practicas antilaborales y antisindicales de este empresario de Alcor Seguridad. Llevan casi una década de lucha para que se celebre este juicio contra la empresa. La acusación solicita al gerente de la compañía, Carlos Somoza, la pena de seis años de prisión.
Una 'oveja negra' dentro de la seguridad
Este caso, al igual que el que se inicia a principio de julio en Canarias contra Miguel Ángel Ramírez, pone en relieve las 'ovejas negras' de un sector que trabaja en la sombra y con grandes riesgos para su integridad física. Sufren en la actualidad un aumento de las agresiones similar al de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La Fiscalía Provincial de Lugo, representada por Inés Martínez Blanco, defiende en su escrito que Somoza ha abusado de la necesidad de los trabajadores desde 2011 hasta el 6 de octubre de 2015. "Imponía y mantenía unas condiciones laborales que incumplían las disposiciones legales aplicables", matiza.
Gracias a las pruebas de la investigación de la Policía Nacional, la fiscal enumera: imposiciones de largas jornadas de trabajo o la obligación a los trabajadores de emplear dos códigos diferentes como subterfugio para desempeñar jornadas consecutivas de 24 horas. "Entraba en la garita un viernes y no salía hasta el domingo", fueron algunos de los testimonios de estos vigilantes de seguridad.
Horas extras a partir de 200 horas
Otra de las infracciones de la empresa es que abonaban las horas extraordinarias a un precio significativamente inferior al estipulado. Estas remuneraciones solo se podían percibir si los trabajadores hacían 200 horas mensuales.
Una de las circunstancias que más llaman la atención de este caso es que los vigilantes de seguridad tenían que firmar documentos en blanco desconociendo su contenido y sus efectos. Eso era utilizado posteriormente para doblegar su voluntad. Tampoco realizaban cursos de formación que son considerados indispensables para el desarrollo de su puesto.
Según constan en las diligencias, estas prácticas laborales las sufrieron un total de 35 trabajadores.
La Fiscalía pide más de tres años de prisión
Todos argumentaron punto por punto las circunstancias que sufrieron al ser vigilantes de seguridad para esta empresa, que también tenía otras compañías subcontratadas.
No obstante, la fiscal se interesó por el sobreseimiento provisional de la causa por un posible delito contra la Seguridad Social al principal responsable del entramado. Tampoco considera que Somoza tenga que responder por un posible delito de blanqueo de capitales.
A pesar de ello, el Ministerio Público considera que el principal acusado ha realizado un delito contra el derecho de los trabajadores y cuatro de sus administradores también han sido cooperadores necesarios de la trama. La Fiscalía solicita una pena de tres años y tres meses de prisión para Carlos Somoza y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que se alargue la condena. Para sus colaboradores, las penas oscilan entre los tres años y los dos años y seis meses de prisión por estos mismos hechos contra los vigilantes de seguridad.
