España

Los etarras de las listas de EH Bildu suman en conjunto penas de más de 480 años de cárcel

Contabilizan al menos 488 años de pena de cárcel por su pertenencia a ETA o por delitos de asesinato, en el caso de siete de ellos. La Fiscalía estudia ya si abre o no investigación por su inclusión en la lista electoral

  • Imagen del atentado de la casa cuartel de Santa Pola, perpetrado por ETA en verano de 2002.

Los 44 etarras candidatos en las listas de EH Bildu para las elecciones del próximo 28 de mayo suman en su conjunto penas que superan los más de 480 años de prisión. Se trata de antiguos miembros de ETA (siete de los cuáles están condenados por asesinato terrorista), y de su entorno más cercano, como la gestora Pro Amnistía, Ekin o la ilegalizada Segi, considerada como la cantera de ETA.

Se trata de 44 nombres que integran la lista de Bildu para ocupar cargos públicos en una treintena de municipios del País Vasco y Navarra. Las penas ya cumplidas oscilan desde el año de prisión en algunos casos hasta los 67 años, como es el caso de Iñaki Gonzalo Casal, alias 'Kitxu'. El etarra, que integró el comando Lambroa, fue condenado por colocación de explosivos, tenencia de armas y otros delitos. No cumplió la pena íntegra ya que en 2013, 19 años después de su detención, fue puesto en libertad.

El grueso de los 44 candidatos de Bildu ha cumplido condena por pertenencia a organización terrorista, si bien 7 de ellos sumaron delito de asesinato. Destaca Juan Ramón Rojo González, condenado a 27 años de cárcel por el asesinato del policía nacional José Ansean en Bilbao y a otros 30 años de prisión por el asesinato de Francisco Gil en Irún. Paradójicamente Bildu le presenta como número 21 de la lista de la alcaldía del municipio vasco donde asesinó a la víctima.

Candidatos en los pueblos de sus víctimas

Le sigue Begoña Uzkudun, condenada en 1989 a 18 años de prisión por el asesinato en 1984 del concejal del Ayuntamiento de Azcoitia, José Larrañaga Arenas, aunque también acumuló otras condenas por encubrimiento y falsificación de documentos. La etarra salió de prisión en 2006 pese a que todavía le quedaba condena por cumplir. Ahora se presenta con Bildu como número tres a la alcaldía de Régil, municipio que se encuentra a menos de 15 kilómetros de la localidad donde asesinó a la víctima.

También fue condenado por delito de sangre Agustín Muiños, alias Tinín. El número 6 de Bildu en la lista a la alcaldía de Legutiano afrontó una pena de 29 años de cárcel en 1985 por el asesinato dos años antes de José Antonio Julán Bayano, aunque sumó más años de cárcel por otros delitos. El número de la 3 de la lista a la alcaldía de Berrioplano (Navarra) es Juan Carlos Arriaga Martínez. Este etarra fue condenado por el asesinato en abril de 1984 del militar retirado Jesús Alcocer.

Lander Maruri es otro de los etarras candidatos de Bildu que va de suplente en las listas para la alcaldía de Ciérvana. Al igual que Rojo González, concurre para el mismo municipio donde hace 26 años, en 1997, asesinó al guardia civil José Manuel García Hernández. El séptimo de los pistoleros condenados por asesinato es José Antonio Torre Altonaga. El colaborador de ETA facilitó uno de los primeros atentados mortales de la banda al permitir que accedieran a la multinacional de electricidad donde trabajaba para perpetrar un atentado. Le cayeron 20 años por el asesinato de dos personas.

Los otros candidatos de Bildu

Al margen de estos siete, Bildu incluye también a otros etarras con altas penas de prisión. Es el caso de José Ángel Biguri. Fue condenado a 14 años de cárcel por colaboración con ETA y a otros 51 años de prisión por el atentado terrorista contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Llodio en 1988. Salió de la cárcel en 2013, tras cumplir únicamente 24 años entre rejas. Ahora va suplente en la lista a la alcaldía de Ayala (Álava).

También concurre a las municipales del 28-M Sara Majarenas. La exetarra figura la número 10 en la lista a la alcaldía de Astigarra (Guipúzcoa). Fue condenada a casi 14 años de cárcel por delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos o tenencias de armas. Majarenas, que fue noticia hace unos años después de que una antigua pareja acuchillara a su hija en Valencia, formó parte del comando Levante. Lo integraban algunos de los etarras más sanguinarios, como 'la Tigresa'. Entre sus objetivos tenían atentar contra la vida de Rita Barberá.

Denuncia a la Fiscalía

Estas candidaturas de Bildu han provocado un terremoto de acusaciones entre los principales partidos políticos así como el enésimo choque en la coalición de Gobierno. Las listas que desveló Covite el pasado martes han provocado todo tipo de reacciones en la esfera política pero también ha alcanzado la judicial. A primera hora del viernes Dignidad y Justicia presentaba una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la que pedía que investigara si estos 44 candidatos cumplen los requisitos para ir en una lista electoral.

Existen precedentes en los que se ha podido acreditar que sujetos condenados por delitos de terrorismo han concurrido a unos comicios a pesar de no tener cumplida la inhabilitación para cargo públicoDenuncia de Dignidad y Justicia

La asociación que preside Daniel Portero pidió al órgano que abriera una investigación para esclarecer si todos ellos habían cumplido con las correspondientes penas de inhabilitación. Al respecto expuso que constan antecedentes de candidatos presentados también por la formación abertzale que no cumplían los requisitos.

Desde la asociación sostienen que "cabe la posibilidad" de que algunos de los antiguos etarras tengan sus penas pendientes de cumplimiento, lo que implicaría una vulneración del artículo 6.2 de la LOREG además de la comisión de un delito de quebrantamiento de condena. "Hay que ser especialmente cautelosos y escrupulosos con los requisitos legamente exigidos para concurrir a unas elecciones", recoge la denuncia.

Dignidad y Justicia denunció pidió celeridad a la Fiscalía no solo por la proximidad de las elecciones, sino también porque algunos de los condenados concurren "como candidatos en los propios municipios en los que cometieron los asesinatos y viven sus víctimas, con la consiguiente humillación y vilipendio que les causa". La Fiscalía, por su parte, respondió que había registrado correctamente la denuncia y que procedía a su estudio en aras a decidir si abría una investigación preprocesal por estos hechos o, por el contrario, no veía indicios de delitos.

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