El euskera se encuentra “en situación de emergencia lingüística”, entre otras causas por sufrir una “ofensiva judicial intensa”. Esa es la conclusión de una asamblea de nacionalistas lingüísticos europeos reunida en Bilbao del 8 al 10 de este mes, con patrocinio del Gobierno Vasco. En los días previos a dicho cónclave se supo que el presupuesto de 2025 para promover el uso del euskera sube un 12% y por las mismas fechas el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco puso los puntos sobre las íes respecto al empleo de esa lengua en las administraciones y en convocatorias de empleo público. El dibujo de la realidad vasca es un Estado español desaparecido en la gestión pública y un 70,6% de su población usando siempre el español -eje vertebral de la nación española- en toda su actividad social y en menor proporción en la relación con los organismos oficiales.
En la inauguración de la asamblea bilbaína de la red ELEN, siglas en inglés de Red Europea de Igualdad Lingüística, Ibone Bengoetxea, vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, tras equiparar los conceptos lengua y diversidad construyó el particular silogismo de que promocionar una lengua “es trabajar por una mayor diversidad y por tanto, por más democracia”. Cuatro días antes Bengoetxea había presentado el presupuesto de su departamento para 2025 por un total de 392 millones de euros, de los que la mayor partida, 86,4 millones, se destina a “un salto cualitativo para incrementar el uso del euskera” ofreciendo su aprendizaje gratuito en todos los niveles y promoviendo su uso en medios de comunicación, actividades de ocio y deporte, más “entornos públicos y privados” sin especificar.
Los participantes en esa reunión denuncian en una resolución las sentencias que “desactivan las políticas lingüísticas favorables al euskara, en una ofensiva judicial intensa contra su normalización y revitalización” como uno de los motivos inmediatos que les llevan a declarar la “emergencia lingüística” provocada por la movilidad, la digitalización, la mercantilización y la globalización. Las sentencias a las que se refieren son las cada vez más frecuentes resoluciones judiciales corrigiendo o anulando exigencias de dominio de la lengua cooficial en concursos para cubrir plazas en organismos públicos, como ha sido el caso de las residencias geriátricas de la Diputación de Guipúzcoa, de la Policía Local de Getxo, de la de Irún, etc.
Adelantándose al frente anti lawfare que se está larvando en el País Vasco con amparo del gobierno del PNV y PSE/PSOE, semejante al montado en Cataluña con la complicidad del PSC, Iñaki Subijana, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, hace unos días aclaró públicamente cómo se usa la lengua cooficial en las relaciones con la Justicia y recordó el sustento legal de las sentencias sobre requisitos lingüísticos en concursos y oposiciones de organismos públicos, ninguna de las cuales ha sido revocada o revisada.
De todo ello la conclusión a la que llegan los europeos minorizados de ELEN (European Language Equality Network) es que “se avecina un retroceso. De no dar un salto en la política lingüística, el euskara, en lugar de ganar viabilidad social, comenzará a perderla”. Ante ello proyectan una ofensiva en los tribunales que ya propuso el ex Relator de la ONU para Minorías en otra reunión celebrada en junio en Barcelona, en el sentido de crear “un fondo y un equipo para estudiar un plan estratégico de litigios”.
La debilidad social del idioma vasco es reconocida por sus más firmes promotores, pese a gozar de notables recursos y privilegios normativos de instituciones oficiales y pese a que el Estatuto de Autonomía de 1979 y la Ley 10/1982 lo consideren “lengua propia” de esa comunidad. En el País Vasco, con un grado de autonomía único en la UE, donde el Estado español ha ido retirándose en sus símbolos -la visita oficial al palacio de Ajuria-Enea muestra que en ninguna de sus dependencias luce la bandera de España- y en competencias esenciales, incluso previsiblemente la de la Seguridad Social, el pilar de la cultura española, el español o castellano, acusa levemente la ofensiva de euskaldunización del idioma en todos los órdenes, no solo en la enseñanza.
Los últimos datos disponibles del Instituto Vasco de Estadística, Eustat, dicen que el porcentaje de ciudadanos vascos mayores de 16 años que hablan siempre en castellano con sus padres, hermanos, hijos o pareja, oscila del 67,9% al 77,2%. El predominio en el uso social espontáneo de la lengua de Cervantes se repite en el trato con amigos, compañeros de trabajo o comerciantes del barrio, variando en las relaciones laborales o con empleados municipales, donde un 26,8% y un 27,4%, respectivamente, usa el euskera tanto o más que el castellano. La misma encuesta arroja que un 33,1% de la población (en Álava el 46,7) es indiferente o desfavorable a la promoción lingüística euskaldún, frente a una mayoría favorable. El cuadro junto a estas líneas es una comparación elocuente, con datos de Eustat, sobre cómo se comunican los residentes en Euskadi.
Esa realidad social sobre la lengua empleada muy mayoritariamente por la población en su actividad cotidiana ha llevado a la asamblea de la Red Europea de Igualdad Lingüística reunida en Bilbao con el soporte del Gobierno Vasco, de la Diputación Foral de Vizcaya, del Ayuntamiento de Bilbao y de la TV pública EITB, a concluir que “las lenguas hegemónicas son cada vez más hegemónicas, y las lenguas minorizadas cada vez más vulnerables (…) De no dar un salto en la política lingüística, el euskara, en lugar de ganar viabilidad social, comenzará a perderla”.
En su diagnóstico ELEN incluye el catalán y el gallego, notándose el peso que tienen en esa red organizaciones independentistas catalanas como Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua, consiguiendo esta última que la asamblea aprobara una resolución instando al Gobierno de España a suspender la aplicación de las sentencias sobre enseñanza de un 25% en castellano.
La frecuencia con la que la European Language Equality Network se ocupa de nuestro país no es ajena a que su secretaria general, la vasca Idurre Eskisabel, y otros cuatro de sus directivos son españoles: Marcos Maciera, gallego; Núria Betoret, valenciana; y las catalanas Marga Payola y Elena Jiménez. Es también significativa la presencia de las siguientes 18 asociaciones o entidades españolas entre los ochenta miembros de ELEN:
-Acció Cultural del País Valencià / Universitat de València / Escola Valenciana -Euskalgintzaren Kontseilua / Euskal Konfederazioa / Seaska / Euskar Abentura
-Obra Cultural Balear / Òmnium Cultural / Plataforma per la Llengua
-Societat Catalana de Sociolingüística / Linguapax International
-Fundació puntCAT / La Bressola / A Mesa pola Normalización Lingüística
-Consello d’a Fabla Aragonesa / Rolde de Estudios Aragoneses
-Iniciativa pol Asturianu
Esas son las entidades que figuran en la web corporativa de esta red europea que, sorprendentemente, presenta como única institución oficial colaboradora a la Generalitat Valenciana por medio de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. La realidad es que el actual gobierno valenciano no mantiene ningún tipo de colaboración con ELEN, incluso la Conselleria citada no existe desde julio de 2023, siendo ahora Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo. Se le atribuye, por tanto, a la Generalitat Valenciana un falso patrocinio como el que le debió prestar el gobierno socialista de Ximo Puig a través de su plataforma lingüística Sempre Teua.
