España

La Fiscalía reprocha al juez que envíe Tsunami al Supremo sin aportar más indicios contra Puigdemont

El Ministerio Público mantiene que no hay terrorismo en las protestas de Tsunami Democràtic e insiste en que no se han recabado indicios nuevos contra los aforados para enviar la causa al alto tribunal

  • Carles Puigdemont

El fiscal al frente del caso contra 'Tsunami Democràtic' mantiene su tesis acerca de que la causa no debe investigarse por terrorismo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha vuelto a reprocharle al magistrado Manuel García Castellón que enviase su exposición razonada al Tribunal Supremo para investigar a Carles Puigdemont y el resto de imputados sin que hubiera ningún indicio nuevo contra ellos.

En su escrito la Fiscalía habla de "contradicciones" en la instrucción y de "prolongaciones artificiosas" en relación a estas pesquisas que arrancaron en 2019 por el mismo delito de terrorismo que a día de hoy mantiene indiciariamente el magistrado. Por ello el Ministerio Público se adhiere a lo manifestado por algunos imputados, como es el caso de Marta Molina y de Josep Lluís Alay, mano derecha de Puigdemont.

En su escrito, la Fiscalía afea al magistrado que enviase la exposición razonada al Tribunal Supremo apenas semanas después de acordar las imputaciones por terrorismo. A su juicio, tendría que haber esperado a que la Sala de lo Penal resolviera sobre los recursos de casación, antes de dirigirse a la Sala Segunda del alto tribunal.

Discrepancias sobre el terrorismo en Tsunami

"Hemos de convenir con los escritos de apelación de los que se nos da traslado en que no se practicó, entre el auto de inculpación que justificaba no remitir la la exposición razonada y el momento de efectuarlo, ninguna diligencia en relación con los aforados que permitiese dar el paso finalmente dado", reza Miguel Ángel Carballo; mismo fiscal al frente de la causa por terrorismo contra los CDR.

Por ello entiende que resultaba "del todo incongruente" acordar diligencias a principios de noviembre y enviar la causa al Supremo antes de obtener el resultado de las mismas. Sin embargo, el instructor considera que mientras la Sala Segunda resuelve su petición deben seguirse practicando las diligencias necesarias para esclarecer si los actos más graves de Tsunami (como el asedio de El Prat) son terrorismo.

De hecho, el magistrado prorrogó a comienzos de esta misma semana las diligencias y en su auto explicó que todavía quedan pruebas por practicar siendo necesario además tramitar el auxilio judicial a Francia y Suiza. Al primer país se dirige para poder tomar declaración a los familiares del turista francés fallecido durante el bloqueo del aeropuerto, mientras que a Ginebra le vuelve a preguntar por la financiación de Tsunami Democràtic.

"Confunde Tsunami con los CDR"

Pese a ello, la Fiscalía discrepa del criterio del instructor y entiende que no hay indicios suficientes para acusar por terrorismo a Puigdemont y el resto de imputados. De hecho, y tal como avanzó este medio, en un reciente escrito respaldó la prórroga de medio año acordada por García Castellón pero avisó de que todavía no ha concretado la definición jurídica de los delitos por los que acusa.

La Guardia Civil cifró en más de 8.000 las personas movilizadas por Tsunami Democràtic al aeropuerto de El Prat
La Guardia Civil cifró en más de 8.000 las personas movilizadas por Tsunami Democràtic al aeropuerto de El Prat

Con todo, el Ministerio Público sí ha defendido en recientes pronunciamientos que, para las acciones más radicales de la plataforma, contempla desórdenes públicos graves. "Hemos de coincidir con los apelantes en que, al menos en apariencia, el instructor llega a confundir el fenómeno de Tsunami Democràtic con los CDR cuando se trata de entidades absolutamente diferentes", apostilla.

García Castellón, instructor también de la causa de los CDR, sostiene por contra que actuaciones como el bloqueo del Prat el 14 de octubre de 2019 o las batallas campales que se vivieron en el centro de Barcelona para protestar contra la sentencia del procés deben investigarse por terrorismo en esta fase de instrucción ante lo contenido en los tratados internacionales en el primero de los casos y el carácter "homicida" de algunos manifestantes contra la Policía en el segundo de ellos.

Sobre ello se pronuncia el fiscal para incidir en que ninguna de las diligencias acordadas hasta ahora ha ido encaminada a acreditar la responsabilidad de los aforados (Carles Puigdemont y el diputado de ERC fugado a Suiza Ruvén Wagensberg), sino que se ha centrado en acreditar los "desórdenes públicos llevados a cabo en Cataluña a finales de 2019".

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