El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, está en paradero desconocido. Es la conclusión legal del juzgado de instrucción número 3 de Palma cuyos agentes judiciales no han podido localizar a Camps "ni en su domicilio ni por teléfono para que preste declaración por el caso Noos", según el TSJIB, tal y como debía hacer hoy mismo. Camps se acogió a su derecho a declarar por escrito y aunque todas las partes sabían que la declaración se debía producir hoy, Camps ha optado por esquivar a los agentes para evitar que se le entreguen los cuestionarios de las acusaciones.
Tras intentar localizarle a lo largo de todo el día, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares aseguraba que "se seguirán haciendo gestiones telefónicas sin que se descarte, en caso de que no se le localice o alegue motivo justificado para no atender la petición del Juzgado, suspender la citación para que declare como testigo". Horas después, el propio juez Castro añadía: "No pasa nada, declarará otro día".
"No pasa nada, ya declarará otro día", dice el juez Castro
Sin embargo, las acusaciones del caso leen el gesto de manera muy diferente. Camps no ha alegado ningún motivo justificado para su ausencia pese a que el juez exigió el jueves a todas las partes que enviaran sus cuestionarios por adelantado para poder resolver este fin de semana todos los interrogatorios relacionados con las actuaciones de la Generalitat Valenciana y de la Comunitat con Iñaki Urdangarín y Diego Torres. Todas las partes tuvieron que entregar por escrito sus preguntas. Esta maniobra no sólo obstaculiza el interrogatorio sino que también dilata los trámites que el magistrado imprescindibles antes de elaborar, entre otras cuestiones, la lista de imputados.
El derecho/privilegio de declarar por escrito
Camps debía declarar hoy a las 11:30 de la mañana por escrito "en el lugar que él considere, por escrito y en presencia de la secretaria judicial a las preguntas redactadas por el juez, las acusaciones y las partes en el caso Nóos, en calidad de testigo", aseguraba ayer el juzgado. Sin embargo, no respondió al teléfono a lo largo del día de ayer y los agentes judiciales tampoco pudieron localizarle en su domicilio.
Camps se acogió al artículo 412.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) -al que no podrá recurrir la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá-, que dispone que quienes hubiesen desempeñado cargos como el de presidente de una Comunidad Autónoma "estarán exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que hubieren tenido conocimiento por razón de su cargo".
