La Policía Judicial ha confirmado que investigará las identificaciones recogidas en un informe pericial encargado por la acusación particular del llamado Caso Maruxaina, que hizo correr ríos de tinta en 2019 al aparecer las grabaciones, en una página web pornográfica, de decenas de mujeres orinando en la vía pública durante la celebración de las tradicionales fiestas que se celebran en la localidad de San Cibrao (Cervo, Lugo) en agosto. En el documento aportado por la acusación particular, que es ejercida por la Asociación Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei), se identifica a entre cinco y seis personas que podrían estar vinculadas con los citados vídeos obtenidos sin el consentimiento de las afectadas.
Según ha explicado a Europa Press el abogado que representa a Bumei, José Manuel Oliveros, la asociación encargó el informe preliminar a un grupo de expertos informáticos dado el "impás y paralización" del procedimiento judicial, "sin vías de encauzar líneas nuevas de investigación". Así, el colectivo facilitó al grupo toda la información recabada con anterioridad y en base a la que los expertos han identificado a cinco o seis personas.
Oliveros presentó este documento a principios de marzo en el Juzgado, que debía decidir si el propio grupo encargado del informe preliminar continuaba con las investigaciones para llegar a un documento definitivo, o lo hacía la Policía Judicial. Finalmente, el magistrado encargado del caso se ha decantado por la segunda opción, con lo que será el citado cuerpo de seguridad el que continúe con las pesquisas. Con todo, Oliveros no concreta tiempos ni los pasos a seguir, ya que "todo dependerá de la Policía Judicial".
El juez determinó que "podían ser vistas por cualquiera"
El caso Maruxaina arrancó en 2019, cuando algunas de las víctimas encontraron vídeos suyos en una página web de pornografía de pago en los que se las podía reconocer orinando en la calle durante las fiestas de A Maruxaina de ese mismo año. Las afectadas fueron presentando denuncias y en marzo de 2021 el Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro archivó el caso al considerar que las grabaciones "no constituían un delito por ser realizadas en un lugar público en el que podían ser vistas por cualquiera".
La decisión creó un gran malestar en la calle y llevó a la convocatoria de movilizaciones sociales. Tiempo después, la Audiencia Provincial de Lugo reabrió el caso al estimar "comprometida" la intimidad de las víctimas. Se practicaron entonces las diligencias pedidas por Fiscalía y acusación y entre 2022 y 2023 se volvió a tomar declaración a muchas de las afectadas. El caso prescribe en agosto de este año.
