Un estudio recopila todos los gastos que la Generalitat destina a "construir la nación catalana" anualmente. Es decir, todas las partidas presupuestarias dirigidas a sufragar entidades y organismos que promocionan el nacionalismo. En total, mil millones de euros al año que, entre otros asuntos, suponen la inyección de más de 500 millones de euros para el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y de 253 millones para la televisión y radio públicas, además de las agencias de noticias.
Un total de 63 millones van para el Instituto Catalán de las Empresas Culturales; 48 millones dedicados a la Acción Exterior (las conocidas como 'embajadas catalanas'); 33 millones en publicidad institucional; 32 millones inyectados al Consorcio para la Normalización Lingüística; 31 millones para el Programa de la Promoción de la Lengua Catalana; 6,8 millones para el Defensor del Pueblo catalán, el llamado Síndic de Greuges; 6 millones para el área de Comunicación de la Generalitat y 5,6 millones al Consejo del Audiovisual de Cataluña... En suma, cerca de mil millones de euros anuales, según los cálculos de la organización Impulso Ciudadano.
La entidad constitucionalista ha elaborado un informe, bajo la supervisión del catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, Rafael Arenas, con el título A más nacionalismo, menos servicios en el que desglosa y denuncia el despilfarro de la administración autonómica en promover el separatismo. Y establece todos los bienes y políticas que, a su juicio, serían financiables con esas mismas partidas. La mayoría de ellos de carácter social.
Generalitat y servicios sociales
De acuerdo al estudio, con ese mismo dinero se podrían haber pagado 155 plazas al año en residencias para dependientes moderados; 3.234 viviendas públicas para alquiler social; un hospital de 600 camas con equipamiento básico; sesiones completas de quimioterapia para 4.272 pacientes; 769.230 dosis de la vacuna Pfizer contra la covid-19 o 697.674 de Moderna y se podrían haber contratado 3.167 médicos de Atención Primaria y 3.775 profesores de Secundaria. También se podrían haber financiado 8.336 tutorías de la ESO y pagado los salarios de 275 profesores de Formación Profesional, además del mantenimiento anual de 45 kilómetros de autovía.
"El nacionalismo excluyente desarrolla desde hace décadas un ambicioso proyecto de 'construcción nacional' que utiliza como palanca los recursos públicos a los que accede a través del control de la Generalitat y de las administraciones locales", critican desde Impulso Ciudadano.
El nacionalismo excluyente desarrolla desde hace décadas un ambicioso proyecto de 'construcción nacional' que utiliza como palanca los recursos públicos
"Que hay un proyecto de construcción nacional catalán no es secreto, los nacionalistas no lo ocultan y están orgullosos de ello, pero queremos destacar el coste. Este plan no sale gratis. Todos estos millones van destinados a apoyar políticas con distintos acentos pero, en definitiva, de corte nacionalista. El informe divulga lo que cuesta cada cosa y ponemos ejemplos de otras iniciativas que podrían sufragarse con ese dinero. Es un llamamiento a la reflexión", explica a Vozpópuli el catedrático de la UAB Rafael Arenas.
Arenas es el vicepresidente de Impulso Ciudadano y ha sido uno de los encargados de supervisar el estudio pilotado por el profesor y periodista Fernando García-Romanillos Valverde. "El informe no va dirigido a los votantes de fuerzas nacionalistas. En este grupo habrá de todo: gente a la que todo gasto en promover el independentismo y nacionalismo le parece poco y gente que ni siquiera se da cuenta", aclara Arenas.
El catedrático señala que el análisis es una "llamada de atención" para los votantes no nacionalistas. independientemente del partido al que voten. "Tienen que reflexionar sobre todo lo que se está dejando de invertir en servicios sociales en favor de una causa como el nacionalismo", reivindica. Los autores advierten que el análisis "no pretende entrar en el carácter ilegal de algunos de los gastos".
"Partidas hipernacionalistas"
"La factura de la construcción nacional conducida desde la Generalitat de Cataluña alcanza y supera la cuantía de, al menos, 1.000 millones de euros al año, destinados a sustentar el proyecto de nacionalismo excluyente. El gasto anual de las partidas que se pueden identificar como hipernacionalistas impide dedicar recursos humanos y materiales al bienestar de los catalanes en servicios básicos como la enseñanza, la sanidad, la atención a dependientes y ancianos, la vivienda social, las infraestructuras, etcétera", consideran desde Impulso Ciudadano.
Hasta 31.185.695 euros corresponden a gastos del programa Promoció de la Llengua Catalana
Según los autores del estudio, con los 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 altos cargos de la Generalitat por desvío de fondos públicos "por el golpe del 1-O" se pueden subvencionar "60.000 plazas de vacaciones de ocho días para jubilados, a pensión completa y viaje incluido, aplicando tarifas del Imserso".
Entre otras partidas, en los Presupuestos de la Generalitat de 2021 figura la destinada a la Dirección General de Política Lingüística, ahora subsumida en la Secretaría de Política Lingüística del Departamento de Cultura. "Tiene un presupuesto de 31.392.258 euros, de los que 31.185.695 corresponden a gastos del programa Promoció de la Llengua Catalana. De ese organismo cuelgan, con su correspondiente financiación, ocho organismos dedicados a la extensión de la lengua catalana", indica el informe.
746 empleos en Normalización Lingüística
Entre ellos, el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) que cuenta según el documento con 746 empleados en veintidós sedes cuyas remuneraciones suman 30,3 millones anuales.
De la Presidencia de la Generalitat dependen, recuerda la organización constitucionalista, otros organismos y entes "centinelas del autogobierno según los partidos gobernantes, ERC, JxSí y sus aliados de la CUP". "En los presupuestos prorrogados de 2021 figura el Comisionado de la Presidencia para el Desarrollo del Autogobierno, con una partida presupuestaria de 2.928.000 euros aunque tras la reforma de Pere Aragonés el pasado mes de mayo parece que las funciones del Comisionado han pasado al Institut d’Estudis de l’Autogovern (IEA) y la partida final asciende a 3.255.874,20 euros, sumando quizás lo que le correspondía al IEA", señala en estudio.
Impulso Ciudadano también pone en la diana al Defensor del Pueblo. "Por su dimensión presupuestaria y organizativa sobresale en las cuentas el Síndic de Greuges, que se lleva casi 7 millones de euros de los cuales 5.947.413,83 corresponden a remuneraciones", detalla. Es decir, el 87,2% del total. Este organismo, tiene 62 empleados entre asesores, técnicos y administrativos, más nueve directivos, incluido el propio síndic Rafael Ribó.
