La investigación abierta contra Patrimonio Nacional por el inventario del Pazo de Meirás cobra impulso. La titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, Cristina Díaz, no solo ha declinado la petición de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado de archivar esta causa, sino que ha acordado una importante batería de diligencias ante los "indicios fundados de criminalidad" que atisba de la pruebas recabadas hasta la fecha. Tanto es así que avisa que, indiciariamente, los hechos podrían ser constitutivos de prevaricación, estafa y revelación de secretos.
En el auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la magistrada razona que la técnico de Patrimonio Nacional se extralimitó en sus funciones al apuntar a la titularidad pública de los bienes que se encontraban en el interior de la residencia de verano de Franco. Además, señala a los servicios jurídicos del Gobierno por presentar a la técnico de Patrimonio "sin previo aviso y de forma sorpresiva" para participar en la redacción del inventario encargado por el juzgado de La Coruña. La juez asegura que la diligencia solo tenía como fin identificar los bienes que estaban en la finca y no su pertenencia al Estado.
Por ese motivo acuerda una batería de medidas, entre las que se encuentra la citación en calidad de investigada de Pilar Benito. La magistrada interrogará a la jefa de Conservación de Patrimonio Nacional el próximo 18 de octubre, mismo día en el que ha convocado también como testigo a Pilar de Nasvacués (entonces directora adjunta de las Colecciones Reales de Patrimonio) y al exgerente del Consejo de Administración de Patrimonio, José Luis Masegosa. Se trata de declaraciones todas ellas solicitadas por los nietos del dictador, en calidad de querellantes.
En relación a la petición de los Martínez-Bordiú de imputar a la abogada general del Estado, la magistrada lo declina por el momento, pero no descarta citarla en un futuro. Tal y como avanzó este diario, los nietos de Franco solicitaron a la juez que citara como investigada a Consuelo Castro a tenor de la declaración prestada en sede judicial por Llanos Castellanos. La expresidenta de Patrimonio explicó en su testifical del pasado 29 de junio que Benito participó en el inventario de Meirás porque así lo solicitó Castro.
¿Orden de la Abogacía?
La actual directora adjunta del gabinete de Pedro Sánchez expuso que en noviembre del año pasado, antes de la elaboración del informe, recibió una llamada de Castro para requerirle que un técnico del organismo público acreditara la titularidad pública de los bienes que el dictador conservaba en el pazo gallego. Este testimonio sirvió a los Franco para solicitar la imputación de la abogada general del Estado, si bien la instructora resuelve que su imputación "será valorada y, en su caso, acordada una vez practicadas las diligencias de prueba anteriores".
En lo que respecta a la jefa de Conservación de Patrimonio, la juez advierte que puede haber un conflicto con su defensa. Explica que postergó su declaración para estudiar primero toda la documental con el fin de esclarecer si la técnico valoró las propiedades de Meirás por error o bien por instrucciones de sus superiores. "Contemplando esta última posibilidad, esto es, que hubiera elaborado la querellada su informe por instrucciones (...) podrá valorar si su representación y defensa quiere que la lleve la Abogacía del Estado o es mejor para sus intereses de defensa que se la encomiende a un abogado", recalca.
Benito fue requerida por sus superiores para acudir al Pazo de Meirás a raíz de una petición de colaboración, vía telefónica, de la Abogada General del Estado
Por ese motivo no solo tumba el intento de la Abogacía de archivar la causa sino que, además, le solicita una serie de documentos clave en aras a acreditar que la defensa de Benito no perjudicará los intereses del Estado. En concreto, pide que aporten en un plazo de diez días la propuesta de designación de la Comisión de Servicio de Benito para este cometido; la autorización de los servicios jurídicos del Gobierno aceptando su defensa y un informe sobre si existe o no convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía y Patrimonio Nacional.
"Derrotismo de la Fiscalía"
"Llama la atención que la Abogacía del Estado, el día 9 de noviembre de 2020, en el propio escrito que pedía la adopción de medida cautelar consistente en la formación de inventario, solicitase la colaboración de los técnicos de la Consellería de Cultura y no solicitase la participación de un técnico de Patrimonio Nacional", reza la magistrada, la cual también reclama abundante documental a este organismo público dependiente del Ministerio de Presidencia. Entre la misma destaca el correo electrónico que Benito remitió a Llanos Castellanos en el que le hablaba del borrador del informe elaborado.
Con todo, la juez también reprocha al Ministerio Fiscal que se niegue a investigar si los hechos son delictivos. "Esta instructora si bien puede entender que a la Abogacía no le puede interesar que se investigue este extremo (la elaboración del informe), no comparte el derrotismo del Ministerio Fiscal para intentar averiguar la autoría de los hechos, independientemente del resultado de las diligencias practicadas para tal fin", alega. Por eso adelanta que, aunque la causa se sigue investigando, los hechos "pudieran ser constitutivos" de los delitos de prevaricación, revelación de secretos y estafa procesal.
El Gobierno irrumpió en la causa para defender a Benito y avisó a los Franco que incluso se podría querellar contra ellos por obstrucción a la Justicia y denuncia falsa. La abogada del Estado Rosa María Seoane (que defendió los intereses del Gobierno en la causa del procés) pidió el fin de la investigación alegando que había quedado acreditado que todos los inmuebles del Pazo de Meirás pertenecían a Patrimonio Nacional. El informe, en cuestión, identificó tapices confeccionados en Francia, porcelanas, enseres que pertenecieron a la Reina Victoria Eugenia o alfombras con diseños inspirados en el siglo XVI.
Omisión deliberada
Según expuso entonces, todos estos bienes fueron realizados por la ya mencionada Fundación Generalísimo Franco, la cual se encontraba administrada por Patrimonio Nacional en virtud de la Ley de 7 de marzo de 1940. Al respecto, la magistrada expone que la Abogacía "omitió deliberadamente" en su informe que existe una ley posterior, de 16 de junio de 1982, según la cual la Fundación Generalísmo Franco quedaba excluida de la aplicación de esta normativa y de su paraguas regulador. Los Franco, por su parte, apuntaron a un "expolio" auspiciado por el Gobierno y respondieron que este listado se elaboró sin peritaje previo para determinar si el mobiliario y la decoración eran regalos o donaciones.
"Nadie, ni siquiera el Estado, en ningún caso, puede intentar conseguir sus objetivos o satisfacer sus pretensiones fuera de las vías y procedimientos establecidos legalmente", sentencia la magistrada la cual, advierte también que se investigan un delito de revelación de secretos con la filtración en prensa del informe. Por ese motivo oficia al director de elDiario.es para que explique cuándo tuvo acceso al informe que se publicó el 7 de diciembre, la persona que se lo proporcionó y el procedimiento o medio por el que se recibió dicho informe.
