Sumar ha anunciado que el paquete de medidas de regeneración democrática que ha pactado con el PSOE incluye una modificación legal para reparar públicamente a aquellas personas investigadas judicialmente cuyos casos no acaban en juicio, pero sobre las que hay "cientos de titulares" contra su honor.
En estos momentos, Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, está imputada en un juzgado de Madrid por dos delitos y también su hermano en uno de Badajoz por presunta malversación.
El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha anunciado que más allá de la denominada ley mordaza y de una reforma del Código Penal para proteger la libertad de expresión, también han pactado con el PSOE modificar la ley orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
El objetivo de esta modificación, según ha explicado, es ofrecer una reparación pública a aquellas personas investigadas "con proyección pública" y sobre las que se generan "cientos de titulares" en instrucciones judiciales prolongadas en el tiempo, pero que finalmente no acaban con la apertura de un juicio oral.
"Eso debe tener una reparación para el buen nombre de la persona", ha añadido en declaraciones a los medios en el Congreso el diputado, que no ha citado casos concretos.
No implica sancionar a los jueces
En este sentido, ha subrayado que la clave está en posibilitar a aquellos investigados "presentados ante la sociedad como un infractor y un delincuente" una reparación pública "con el mismo impacto y la misma altura que esos mensajes de descrédito, de agravio y de desprestigio que se han estado enviando".
"Ni siquiera estoy diciendo que eso signifique una medida sancionadora o de responsabilidad para el instructor que espuriamente ha utilizado el procedimiento judicial para denostar el buen nombre o el prestigio del administrado", ha señalado.
El diputado de Sumar no cree que la responsabilidad sea de los medios de comunicación, pese a que alguno de ellos usen determinadas informaciones de forma "torticera", y considera que el origen del problema está en que los tribunales no tomen medidas para sancionar a los responsables de las filtraciones judiciales.
