Mientras el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas chocan por las medidas de confinamiento para frenar la segunda ola del coronavirus -con guerra judicial entre el departamento de Salvador Illa y Madrid tras decretar el cierre de la capital y varios municipios-, otro fantasma que apareció en marzo asoma de nuevo en el escenario pandémico: la escasez de material sanitario.
Sanidad cerró en agosto con todas las regiones, exceptuando la Comunidad Valenciana, un pacto para comprar mascarillas, batas, guantes y test por valor de 2.500 millones de euros para afrontar lo que se venía en otoño. Llegó septiembre, se dispararon los contagios y Sanidad aseguró que pretendía cerrar los acuerdos a finales de ese mismo mes. Pero el calendario ya marca octubre y no hay novedades al respecto.
Según comunicaban representantes del equipo de Salvador Illa a Vozpópuli, su previsión era tener antes de finalizar el mes de septiembre la elección de los proveedores de los 11 lotes de esta 'megacompra' de 4.200 millones de unidades de material. Pero no ha sido así. El proceso lleva estancado desde el pasado 17 de agosto, cuando terminó el plazo de presentación de ofertas a todos los suministros. Este medio ha intentado sin éxito conocer cuál es el estado actual de este proceso y los motivos por los que se vuelve a incumplir con los plazos comprometidos.
"El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) está analizando toda la documentación administrativa y técnica recibida con la colaboración de expertos de las comunidades, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y el Instituto de Salud Carlos III", afirmaban desde el Ministerio de Sanidad el pasado 17 de septiembre. "La previsión es concluir todo el proceso a final de septiembre", añadían.
Desde las asociaciones de profesionales sanitarios aseguran que empiezan a notar escasez de test y kits de extracción, ante el aumento de pruebas durante esta segunda ola. En este sentido, el acuerdo macro incluía la compra de 15 millones de unidades por valor de 160 millones. Aunque, según consta en el pliego, comunidades que están sufriendo gran afección como Madrid y Cataluña no han demandado estos materiales en la compra conjunta.
Los demandantes de este material son las 16 comunidades (recordemos que la Comunidad Valenciana no participó en el acuerdo general) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como INGESA, y los Ministerios de Defensa e Interior. Donde existe mayor unanimidad de demanda es en mascarillas de protección FFP3, donde todos menos el País Vasco y Navarra han solicitado suministro, y con los guantes de nitrilo, ya que sólo Castilla-La Mancha no ha demandado este producto.
Problemas en anteriores licitaciones
Una adjudicación de esta envergadura requiere la activación de diversos mecanismos de la Administración. Durante el estado de alarma se adjudicaron cientos de contratos por vía de urgencia, lo que permitía abreviar los plazos y hacer licitaciones a dedo, sin concurso público. Los procedimientos no estuvieron exentos de polémica y María José Santiago Fernández, presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), presentó su dimisión tras lamentar las “incoherencias” en las adjudicaciones.
La máxima representante de la Oirescon, antes de despedirse de su puesto, firmó un Informe especial de supervisión en el que desgranaba todas esas “incoherencias” por parte de la Administración pública: confusión de conceptos, anomalías en los procesos de licitación, cifras que no se detallaban como exigen los procedimientos.
En el caso del Ministerio de Sanidad, notorios fueron los errores en la publicación de varias licitaciones en el Boletín Oficial del Estado, en las que no ofrecía ninguna información sobre el domicilio de las empresas a las que contrataba: “Dirección desconocida”. El departamento de Salvador Illa tuvo que subsanar una docena de anuncios que incurrían en ese error, pero alguna de las compañías aludidas lamentó la sombra de duda que se cernió sobre ellas al conocerse su nombre bajo esas circunstancias.
Vozpópuli, además, desveló que uno de los socios preferentes del Gobierno para la compra de material sanitario era una sociedad marcada por la opacidad: HongKong Travis Asia Limited sumó contratos por valor de 245 millones de euros. Sus estatutos cambiaron varias veces en apenas un año. Y en el papel de ‘secretario de la compañía’ figuraba otra sociedad externa, Hung Kai Registrations (HK) Limited, condenada por las autoridades de Hong Kong por incumplir la ordenanza “contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo”.
Asimismo, el Ministerio de Sanidad sufrió varios contratiempos en la compra de material sanitario defectuoso. En el caso de las mascarillas, repartió miles de unidades malogradas entre las comunidades autónomas que después tuvieron que ser devueltas. Algunos de esos lotes, no obstante, fueron utilizados por personal sanitario. También hubo problemas con los test defectuosos y las negociaciones con una empresa que, según las autoridades chinas, no tenía licencia.
Sanidad afronta ahora una nueva gran compra valorada en 2.500 millones de euros que, por el momento, llega con retraso respecto a los plazos establecidos.
