La prueba que acaba de incorporar el procedimiento abierto contra Plus Ultra relativa al peritaje sobre su rescate generó fricciones entre las partes de la causa antes incluso de incorporarse sus conclusiones. La decisión de la magistrada Esperanza Collazos de encargar esta diligencia provocó el rechazo directo de la Abogacía General del Estado, que defiende al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, y al resto de vocales del Consejo Gestor que autorizaron un desembolso de 53 millones de euros de los fondos públicos.
Los servicios jurídicos del Gobierno, que insisten en que no hay causa y que los informes encargados antes del rescate son más que suficientes para probar su condición de compañía estratégica, no lograron frenar la diligencia encargada desde el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. De hecho, la instructora desestimó el pasado 29 de septiembre sus recursos advirtiendo que la prueba es perfectamente válida, tal y como figura en la última documental aportada a la causa y a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
"Tanto es así, que varias partes en el procedimiento han basado sus confusiones tanto en una sociedad DC Advisory 2020, como en un despacho de Abogados y ello puede ser debido, claro está, a la complejidad de la causa, siendo que estos despachos cuentan con más medios técnicos y humanos para llegar a lo que se pretende en un procedimiento penal, encontrar la verdad material", explica. Se refiere la magistrada a la consultora que contrató la SEPI para evaluar las condiciones el rescate.
Se desconoce cuáles son los indicios, por qué se cuestionan unos informes técnicos elaborados por empresas independientes seleccionadas de forma objetiva
Pese a la oposición de los servicios jurídicos del Gobierno y de la propia Plus Ultra, el informe se ha terminado por incorporar al procedimiento que se abrió el pasado mes de abril por posible delito contra la Hacienda, prevaricación, malversación, cohecho, fraude y tráfico de influencias. El documento que firma Martín Molina Abogados y Economistas cuestiona la viabilidad de la compañía, la línea de crédito que suscribió a finales de 2017 con la entidad panameña Panacorp y el beneficio de 6,3 millones de euros que se arrogó por la venta de un avión y que podría haber alterado las cuentas del ejercicio de 2019.
El perito, que insiste a lo largo de las 499 páginas de su trabajo que no ha contado con la documentación necesaria para poder hacer un análisis en profundidad, sentenció que el plan de viabilidad de Plus Ultra comprometido con la SEPI fue "muy optimista desde la misma constitución de la compañía". Además, se hace eco también de los informes aportados a la causa por el holding público en favor del rescate para apuntar en la dirección contraria.
Evitar la quiebra
Según determina, son "especialmente relevantes" las conclusiones a las que llega el asesor financiero de la SEPI en su informe de febrero de 2021 puesto que si se consideran sus estimaciones en lo relativo sobre todo a la "caja disponible" al cierre de cada uno de los tres periodos analizados, resulta "determinante" de cara a concluir los efectos que se ocasionarían en caso de que la ayuda pública no fuese otorgada. "En especial a cierre del ejercicio 2021 ya que la misma sería de carácter negativo por importe de 41,5 millones de euros", sentencia.
Pese a esta valoración negativa del asesor financiero, los servicios jurídicos del Gobierno aludieron a estos informes para reiterar su negativa a más periciales sobre el asunto. "La prueba pericial -impugnada por esta parte al cuestionar de forma inmotivada los informes técnicos obrantes en el expediente- ni siquiera tiene por objeto comprobar el eventual falseamiento, sino la concurrencia de requisitos de elegibilidad exigidos para otorgar el apoyo financiero acordado", replicaron los servicios jurídicos del Gobierno.
En su escrito, en el que se opusieron a una eventual hipoteca de las aeronaves de Plus Ultra recordando que no tiene ninguna en propiedad, arremeten contra PP y Vox, personados en calidad de acusación popular. Además, recuerdan también que la mercantil, detrás de la cual están empresarios ligados a la esfera de Nicolás Maduro, realizó su propio peritaje incorporado al procedimiento penal que vendría a acreditar la "recta utilización de los préstamos".
Del mismo modo apelan a todos los expedientes de la SEPI y el resto de documental que, según se recoge en las tres actas de las reuniones desveladas por este diario, se analizaron semanas después de dar el 'sí' al desembolso de los 53 millones. "Esta representación viene alegando desde el inicio mismo de la investigación que desconoce cuáles son los indicios de delito, por qué se cuestionan unos informes técnicos elaborados por empresas independientes de máxima cualificación y solvencia y que han sido seleccionadas de forma objetiva y seguimos sin saberlo", plasmó la Abogacía en su escrito del pasado mes de agosto.
La firma, que opera principalmente en Perú, Venezuela y Ecuador, reitera que cumple todas las condiciones para recibir la millonaria inyección de fondos públicos y tilda de "inexactas y erróneas" las acusaciones de Vox y el Partido Popular. En uno de sus últimos escritos, recogido por este diario, denuncia que ante la falta de pruebas manipulan las fuentes abiertas para atribuirles las irregularidades que investiga el juzgado.
No existe la norma que pudiera llevar a que una infracción de Panacorp en Panamá provocara la nulidad del préstamo participativo
Panamá, en el foco
Sin embargo, recuerda que sin los 53 millones autorizados por el Gobierno, la viabilidad de la compañía está comprometida. Ya se pronunciaron de esta forma cuando el juzgado suspendió cautelarmente en julio el desembolso de 34 millones del rescate otorgado en calidad de préstamo participativo. Además, descarta cualquier irregularidad en lo que respecta a la línea de crédito de 6,3 millones que la entidad Panacorp (ligada al chavismo) autorizó en 2017. "No existe la norma jurídica que pudiera llevar a que una infracción administrativa de Panacorp en Panamá y que pudiera provocar una nulidad del préstamo participativo", añade.
Mientras tanto, la instructora sigue sumando información clave a la causa. Al peritaje encargado se añade también toda la documental solicitada a Hacienda relativa a las declaraciones trimestrales de IVA, pago de impuestos, declaraciones anuales, así como certificado de deuda. De hecho, ha decidido abrir pieza separada para estudiar toda la información fiscal aportada al margen del resto de las diligencias. De las mismas, Hacienda destaca, tras examinar los datos de Plus Ultra y de su principal accionista Snip Aviation, que "no constan, en gestión de cobro, deudas pendientes" a fecha 30 de julio.
