El Govern de la Generalitat llega a la Comisión bilateral de este lunes con un programa de máximos para que Cataluña no solo reciba más inversiones por parte del Estado en materia de infraestructuras sino para ostentar el control absoluto sobre el Aeropuerto de El Prat, el Puerto de Barcelona, la Zona Franca y en áreas de protección y seguridad que ahora cubren la Guardia Civil y la Policía Nacional.
El Ejecutivo catalán exige todas estas cuestiones como una reclamación histórica prevista en el Estatut. Y vuelve a poner sobre la mesa la célebre ‘Disposición Adicional Tercera’, relativa a que el Estado está obligado a invertir en Cataluña en materia de infraestructuras por un valor equivalente al porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) catalán en relación con el PIB del conjunto del Estado.
Pero algunas fuentes cercanas al PSC, según ha podido saber Vozpópuli, ya han advertido a Moncloa de que hay un interés que va más allá del marco competencial: "Lo que pide principalmente el Govern no es dinero, que también, sino poder. Les interesa mucho controlar las principales infraestructuras estratégicas para no fallar la próxima vez que intenten la independencia unilateral", relatan.
Uno de los 'errores' del independentismo durante el procés fue que la política de los hechos consumados -la vía de facto- no se impuso sobre la legalidad vigente. Tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 no se logró el dominio de las infraestructuras clave, como los aeropuertos o el puerto, ni siquiera de los instrumentos fiscales para evitar la fuga de capitales e imponer a las empresas y contribuyentes la obligatoriedad de seguir pagando impuestos a las arcas autonómicas.
Dos velocidades
Por esta razón, la estrategia de ERC pasa por avanzar a dos velocidades. Por un lado, las negociaciones entre Moncloa y Generalitat han sido fructíferas por lo que respecta a "acuerdos sectoriales". Así lo reconocieron fuentes del Govern tras la visita del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a la capital. Al mismo tiempo, son muy conscientes de la importancia de los fondos europeos para la reactivación económica tras el paso de la Covid-19 e instan a Pedro Sánchez a que Cataluña "no sea una mera gestora" y pueda controlar la llegada de estos fondos y en qué proyectos se destinan.
Por otro lado, el Ejecutivo de Aragonès no excluye ir conquistando, poco a poco, más competencias que, durante los años álgidos del procés, se consideraban "estructuras de Estado". La 'consellera' de Presidencia, Laura Vilagrà, informaba en rueda de prensa de algunas de las 56 transferencias que reclamarán al Estado.
En materia de ocupación, se pide el traspaso del Fondo de Garantía Social, de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, entre otros. Por lo que respecta a la carpeta de Interior, se reclama la gestión del servicio de Salvamento Marítimo, la titularidad de edificios e infraestructuras como el canal Xerta-Sènia, el de la Jefatura de la Policía Nacional en la Vía Layetana de Barcelona, y las funciones en protección de la naturaleza que ahora ejerce la Guardia Civil, la protección civil en cuestiones de seguridad nuclear, o las funciones ejecutivas del Servei Català de Trànsit.
Por lo que respecta a temas educativos, también se exige el control total sobre las becas universitarias así como los exámenes MIR, de los médicos interinos residentes, que ahora son de competencia estatal y permite la movilidad de este colectivo en igualdad de condiciones por todo el territorio.
Pymes y fondos europeos
Una de las cuestiones que más preocupa al Govern es cómo las pequeñas y medianas empresas van a acceder a los fondos europeos. "Todavía no sabemos si será directamente con contratos de la administración o con qué formato", lamentan desde el Ejecutivo autonómico.
El tejido productivo catalán está compuesto en su inmensa mayoría por este tipo de compañías de reducido tamaño y el Ejecutivo ha hecho una campaña muy dura contra "las empresas del Ibex-35" para que pierdan peso en la región. En este sentido, también se muestran irritados con la actitud del Gobierno, que opta por centralizar la gestión de los fondos comunitarios.
La reunión de este lunes servirá para avanzar en esta política expansiva de la que ningún ejecutivo regional quiere quedar fuera. Y, al mismo tiempo, para intentar arañar nuevas competencias estratégicas para Cataluña.
