Lourdes Arastey será la primera juez de carrera que represente a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La magistrada que aterrizó en el Supremo hace ahora 12 años se ha convertido en una de las máximas conocedoras del Derecho Social Europeo y en un referente en defensa de la igualdad y la independencia de los jueces. De hecho, aunque ya tiene la vista puesta en su nueva etapa en Luxemburgo, no oculta su malestar por la injerencia política en la esfera judicial, aunque asegura que jueces y magistrados "para nada" están influenciados por lo que diga el Gobierno.
“Llevo 35 años en la carrera judicial. Jamás me ha llamado nadie para decirme nada y esto le pasa a más del 90% de jueces del país”, explica en entrevista a Vozpópuli. La tarraconense, que llegó en el 2009 al alto tribunal, no esquiva las preguntas sobre la polémica en torno al descrédito de las instituciones en un momento en que se cumplen dos años y medio de un CGPJ caducado y sin visos de renovarlo a corto plazo. Al respecto advierte del peligro de que se confunda el debate político con el buen funcionamiento de las instituciones o el consejo con el Poder Judicial.
“El Poder Judicial son los jueces, mientras que el consejo son los vocales”, precisa, y añade: “O entre todos fortalecemos nuestras instituciones, con independencia de quien gobierne, o nos estaremos autodestruyendo”. La magistrada, que sonó con fuerza en las últimas quinielas como presidenta del CGPJ, insiste en desligar el trabajo de los 5.000 jueces que hay en España de las conversaciones políticas para renovar el órgano de gobierno de los jueces.
De hecho, apuesta porque la Justicia se vea como un servicio real al ciudadano. A falta de que tome posesión de su nuevo cargo en el TJUE el 7 de octubre, esta miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFdV) ya avisa de la "incidencia directa" que tiene este tribunal en el “día a día” de todos los ciudadanos de la Unión. El órgano -integrado por un juez de cada país miembro-, se creó hace más de medio siglo con el foco puesto en el derecho económico y el mercado común. Pero el avance de la integración le hizo ampliar competencias para abarcar cuestiones que tienen impacto directo en los derechos fundamentales.
Un criterio común
"Ahora hay muchos litigios que pueden parecer menores en un juicio aislado pero que tienen mucha trascendencia", explica. La nueva miembro del TJUE recuerda que en Luxemburgo se delibera sobre asuntos clave que afectan al día a día de los ciudadanos europeos. Pone como ejemplo las soluciones dadas al conflicto de las reclamaciones a las aerolíneas, el abuso de la interinidad en España o a las dudas por los gastos hipotecarios. Hasta las ayudas a las empresas españolas afectadas por la covid han estado bajo la lupa de Luxemburgo.
Las dudas se plantean de casos reales. Lo que dice el TJUE tiene efectos directos en el ciudadano
En España el nombre del TJUE es más familiar por las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo sobre las euroórdenes dictadas contra los líderes del procés. Sin embargo, la magistrada de la Sala de lo Social explica que, paradójicamente, el alto tribunal suele ser el que menos dudas plantea a Luxemburgo. Muy al contrario, el porcentaje más importante de asuntos que resuelve (casi el 80%) es de las cuestiones que formulan los jueces de cada estado miembro.
"Cualquier juez que sea de cualquier estado de la unión, desde la población más pequeña, puede llevar directamente ante el TJUE la duda que le plantea su derecho nacional respecto del cumplimiento de la Unión. Esa duda se consulta porque existe un caso real, de ahí que la respuesta que dé tenga efectos directos en los ciudadanos. Además esa sentencia establece un criterio para el resto de jueces", explica Arastey, la cual recuerda que, pese a las polémicas surgidas en países como Alemania o Polonia, el derecho europeo prevalece por encima del derecho constitucional de cada país.
Las órdenes de entrega
Otro de los aspectos que la nueva integrante del TJUE destaca del tribunal es el relativo a las órdenes de detención y entrega europeas. A su juicio se trata de un "elemento importante" que determina lo que significa la Unión Europea no solo en lo que respecta a los derechos fundamentales, sino también en el ámbito penal. Esta apertura a la colaboración entre jueces de los 27 estados miembro refuerza el principio de confianza entre los magistrados frente a las antiguas dinámicas de trabajo en las que no se contaba tanto con el criterio y la asistencia europea.
Lo que se construye es porque está basado en la Ley. Lo demás es volver al conflicto
En ese sentido, España está pendiente de que el Tribunal de Luxemburgo determine el alcance de las euroórdenes dictadas contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig. Al respecto, Arastey ya avanza que ella nunca será ponente de asuntos españoles. Se trata de un marco de actuación contrario al vigente en el Tribunal de Estrasburgo. En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es el juez del país el que estudia los asuntos que le llegan desde su jurisdicción.
Pionera en la igualdad
Con su partida a este nuevo destino, Arastey hace balance de sus 11 años como miembro de la Sala IV del Tribunal Supremo. Cuando echa la vista atrás reconoce que el alto tribunal "ha avanzado bastante" en materia de paridad. De hecho, la Sala de lo Social está presidida desde el pasado mes de septiembre y por primera vez en los 200 años de historia por una mujer, la magistrada María Luisa Segoviano. Al margen de este cambio (que Arastey recuerda que es "circunstancial" porque las candidatas a ostentar la presidencia eran todas mujeres) entiende que sí ha habido avance en la igualdad.
Aún así no es extremadamente optimista y avisa que todavía queda mucho por hacer. De hecho, el mismo tribunal que integrará desde el mes de octubre, solo incorporará seis mujeres del total de 27 jueces miembros pese a que el derecho de la unión regula los marcos de igualdad. La jurista (que fue ponente en 2009 de una sentencia pionera y que unificó doctrina en relación al derecho de una mujer a cobrar su pensión suprimiendo la discriminación sufrida), avisa que a veces percibe "falta total" de entendimiento.
Al respecto, dice que muchos ciudadanos han adquirido el lenguaje y que es innegable que por esa vía ha habido avances pero que este no es un asunto de ideología sino de derechos. Pone como ejemplo el reciente confinamiento y las medidas adoptadas para poder trabajar desde el domicilio. "Cuando escucho que el teletrabajo es estupendo porque ayuda a las mujeres a la conciliación creo que no hemos entendido nada", precisa, insistiendo en que es una cuestión aplicable a ambos géneros. "Lo que se construye es porque está basado en la Ley. Lo demás es volver al conflicto", sentencia.
