La acusación popular que ejerce el PSOE en la trama Púnica solicita un total de 38 años de cárcel para el exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. La formación solicita que se juzgue al presunto cabecilla de la trama junto con otras 13 personas más (entre ellas el exsenador del Partido Popular David Erguido) por su implicación en presuntos amaños en la adjudicación a Waiter Music de conciertos, eventos y actos del Partido Popular en cinco municipios de la Comunidad de Madrid.
En su escrito de acusación que han presentado junto con ADADE y al que ha tenido acceso Vozpópuli, la formación socialista explica que Granados puso en marcha una plan de "contratación fraudulenta" con esta mercantil vinculada a la trama presunta trama de corrupción en el PP madrileño. El PSOE actúa después de que el pasado mes de julio el magistrado al frente de esta macrocausa, Manuel García Castellón, procesara a todos los implicados en esta pieza séptima del caso Púnica por delitos de tráfico de influencias, malversación, fraude en las administraciones y prevaricación.
A falta de conocer el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, el PSOE pide para el exalcalde de Valdemoro la pena más alta de 38 años de cárcel y multa de más de 15,5 millones de euros, mientras que para Erguido reclama 13 años y medio de prisión y multa de 1,9 millones de euros por su presunta implicación en los amaños de los contratos mientras ejerció como concejal de festejos de Algete. Para el resto de los implicados (antiguos cargos de los consistorios de Valdemoro, Ciempozuelos, Moraleja de Enemedio y Móstoles) penas que oscilan entre los cuatro y los 13 y medio por los mismos delitos.
Actos a cambio de mordidas
Además, solicita que se imponga una responsabilidad civil total de 31 millones de euros de los cuáles 15 se atribuyen exclusivamente a Granados. Del mismo modo explica que el Partido Popular debería responder como partícipe a título lucrativo por el presunto pago de 241.851 euros que habría abonado el administrador de Waiter Music, José Luis Huerta, en favor del partido. A cambio, según relata el escrito, éste obtendría las licitaciones de los contratos que se trocearon para evitar que las licitaciones fueran públicas.
El PSOE, que también actúa contra un total de 11 sociedades como responsables civiles, explica que la investigación sobre la trama Púnica que arrancó en el año 2014 ha podido acreditar cómo se giraron contratos a favor de una de las empresas clave de la trama administrada por Huerta Valbuena (fallecido durante la investigación). Las escuchas y los registros practicados pondrían en evidencia el plan entre ambos para contratar a Waiter en todos los eventos, espectáculos y organización de actos del partido en los municipios en los que gobernaba la formación popular.
Según relata, Granados se valió de su influencia como exalcalde de Valdemoro para presentar al empresario en los distintos consistorios, los cuáles le habrían dado "información privilegiada" sobre los detalles de las adjudicaciones que acababa consiguiendo. De este modo, canalizaba los pagos procedentes de la Administración pública y, "como moneda de cambio", organizaba celebraciones privadas para el PP o para los cargos procesados en esta investigación, que también canalizaron regalos.
Siempre según el escrito, Huerta prestaba los servicios pero inflaba las facturas de las que se benefició Huerta y "una ristra de profesionales autónomos y pequeñas empresas" que seguían sus indicaciones a la hora de contratar con las administraciones del PP. Anticorrupción matiza que en algunos casos Granados no tuvo que mediar dado que el dueño de Waiter ya conocía a los dirigentes de dichos municipios, si bien el PSOE apunta que el exconsejero de Presidencia sí jugó un papel determinante en los contactos que estableció con grandes constructoras pese a que no forman parte de esta investigación.
Facturación millonaria
De este modo, el escrito detalla una a una las licitaciones que se fueron adjudicando entre los años 2004 y 2014 al empresario ya fallecido. En Valdemoro, por ejemplo, su entramado empresarial facturó 9,12 millones de euros en la década comprendida entre 2004 y 2014. El consistorio le encargó la celebración de las fiestas patronales de mayo y septiembre de esos ejercicios además de algunas cabalgatas de Reyes Magos. En contrapartida, figuran regalos y dádivas a los políticos implicados desde el mismo 2007. Así, por ejemplo, consta que en 2008 le organizó dos fiestas privadas por importe de 9.166 euros y 12.486 respectivamente.
También asumió gastos personales de algunos representantes políticos (como débitos bancarios o deudas personales) y costeó fiestas del PP abonando casi la totalidad de los gastos y dejando el resto pendiente de facturar contra los ayuntamientos implicados. En Ciempozuelos se tramitó el expediente 'oficial' de las Fiestas Patronales de 2008 y otro en paralelo, por poco más de 205.000 euros que fue acordado entre Huerta y la entonces alcaldesa que incluía a artistas con los que ya había negociado una exclusividad. Este expediente se gestionó como negociado sin publicidad y únicamente se invitó a la empresa de Huerta.
Esta línea de investigación es una de las varias líneas de la trama Púnica que el magistrado ha dejado al borde del juicio tras terminar su instrucción. Hasta la fecha solo se ha juzgado la primera de todas las piezas que integran el sumario, relativa al chivatazo que habrían recibido los principales implicados de la red acerca de que la UCO les estaba investigando. La misma concluyó con una condena de dos años de prisión para Granados que confirmó el Tribunal Supremo en 2019.
Pese a los intentos del magistrado por agilizar una investigación que se eterniza en la Audiencia Nacional, el pasado mes de julio y a tenor del cambio legal sobre los plazos de instrucción, prorrogó algunas de las piezas que seguirán abiertas en este órgano. Entre ellas se encuentra la cuarta (relativa al pelotazo urbanístico de Valdemoro), la octava (en la que se investiga el presunto enriquecimiento patrimonial de Granados), la pieza relativa al blanqueo de capitales fuera de España (número 12) y la novena, relativa a la presunta caja B del PP madrileño. El magistrado decidirá en las próximas semanas acerca del cierre de esta pieza y de si procesa a algunos de los imputados como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.
