Un juez de Sabadell (Barcelona) citará como investigados a los guardias civiles que registraron los domicilios de la familia de Jordi Ros, uno de los CDR que fueron detenidos acusados de terrorismo por orden de la Audiencia Nacional, por dos delitos contra los derechos individuales.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Sabadell ha acordado admitir a trámite la querella presentada por Ros, en libertad bajo fianza y al que la Audiencia Nacional sigue investigando acusado de formar parte de una facción radicalizada de CDR que supuestamente planeaba sabotajes con explosivos como respuesta a la sentencia del procés.
En su querella, Ros denunció haber sido víctima de coacciones y vejaciones, entre otras irregularidades, por parte de los guardias civiles que lo detuvieron, tanto en los registros de los domicilios de su familia en Sabadell como mientras permaneció posteriormente bajo custodia policial en los cuarteles de San Andreu de la Barca (Barcelona) y Tres Cantos (Madrid).
El juez, que se ha declarado competente solo para investigar lo sucedido en Sabadell, ha pedido a la Guardia Civil que identifique a los agentes y oficiales que el 23 de septiembre del año pasado participaron en las entradas y registros de tres viviendas de familia Ros y la participación que cada uno de ellos tuvo.
Delitos contra las libertades individuales
Para el instructor, de la querella se desprenden indicios que podrían encajar en dos de los delitos cometidos por funcionarios públicos contra las libertades individuales: por un lado, el de obstaculizar el derecho a la asistencia de abogado a un delito o preso o no informarle de sus derechos y, por el otro, cometer vejaciones injustas o daños innecesarios en el registro de los efectos de una persona.
Por ese motivo, el juez ha pedido al juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que le remita testimonio de la solicitud de la Guardia Civil para practicar los registros en los domicilios de Sabadell citados, así como el auto que ordenó las entradas del día 23 de septiembre de 2019.
También ha acordado tomar declaración a la letrada de la administración de justicia que redactó el acta de los registros y estuvo presente en los mismos y requerir al Colegio de Abogados de Sabadell que le informe si el día 23 de septiembre se le comunicó la detención de Jordi Ros y se le designó un abogado.
Además, el juez interrogará como testigos al propio Jordi Ros y, si el forense establece que está en condiciones para hacerlo, al hermano del detenido, que según la querella fue intimidado por los agentes durante el registro a sabiendas de que sufre un trastorno mental.
En ese sentido, el auto encarga a un médico forense que examine al hermano de Ros para valorar los perjuicios psíquicos que pueda haber sufrido a consecuencia de los registros practicados por la Guardia Civil.
El querellante deberá además aportar al juzgado documentación que acredite los desperfectos que los agentes pudieron causar en los tres domicilios inspeccionados.
