El recurso del coronel Diego Pérez de los Cobos con el que trata de revertir su abrupto cese como responsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid relata las últimas horas al frente de su puesto. Incluye el tráfico de llamadas y reuniones posteriores y denuncia que Interior ya tenía firmada su destitución antes incluso de darle la posibilidad de explicarse. El cuanto al motivo, el guardia civil sostiene que el reproche de sus superiores fue que no les informara de la investigación del 8-M que interesaba el Gobierno.
Según informan a Vozpópuli fuentes conocedoras del recurso, Pérez de los Cobos se sitúa en la noche del domingo 24 de mayo. Concretamente a las 22.35 horas recibe la llamada de una persona que le pasa al teléfono con la directora general María Gámez. Ella le informa de que es la dirección del Ministerio del Interior la que ha decidido su cese por no informar de la investigación judicial que seguían sus subordinados en torno a las manifestaciones autorizadas en Madrid antes del estado de alarma, en especial la marcha feminista del 8-M.
El mando indica en sus alegaciones que, ya en esa llamada, Gámez le dijo que eran unas pesquisas sensibles que interesaban al Gobierno. Incluso la directora general daba muestras tener conocimiento de los trabajos realizados por los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil. En el recurso se recoge que Gámez le llega hablar -el domingo por la noche- de números concretos de folios y tomos de las pesquisas que preocupaban al Ejecutivo.
Interior tuvo acceso al informe
Vozpópuli informó de que el Ministerio del Interior tuvo acceso al documento al menos desde el lunes pese a no ser parte en el procedimiento y la reserva exigida por el Juzgado. Otros medios como El País también incluyeron en sus informaciones el lunes declaraciones de altos responsables del Ministerio desautorizando las conclusiones del documento que apuntaba a la gestión del Ejecutivo. Otros medios como Eldiario.es aseguran que el domingo ya tenían una copia en Interior. El ministro Grande Marlaska lo ha negado en reiteradas ocasiones.
La respuesta que dio Pérez de los Cobos a su directora general esa noche fue que, por razón de su cargo, no tenía conocimiento de los trabajos que realizaban sus subordinados en labores de policía judicial a las órdenes de la juez de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel. Siempre según la versión del coronel, le dijo que tampoco podría haber ofrecido detalles de la causa porque la propia juez había ordenado la reserva de las actuaciones.
El argumento es que le reprochaban por no haber dado cuenta de una información que no tenía ni podía tener y añadió que desconocía los folios y tomos por los que Gámez le estaba preguntando. La directora general, nombrada por el ministro Grande Marlaska en sustitución de Félix Azón, le comunicó en ese momento que estaba cesado y que era por no haber informado de un asunto tan sensible para el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. La respuesta de Pérez de los Cobos es que era una decisión injusta porque lo que le estaban pidiendo era ilegal.
Las versiones de Interior
Las versiones ofrecidas por Interior y el Gobierno sobre el cese fueron diversas. Lo enmarcaron en una cuestión de confianza sin ofrecer más detalles. Luego se explicó como una remodelación general del Cuerpo. Después se justificó por la filtración del informe a la prensa. Según avanzó Vozpópuli, fue después del cese cuando el Ministerio ordenó investigar esa presunta fuga de información en el seno de la Comandancia de Madrid. Además, el presidente Pedro Sánchez identificó al mando cesado con las cloacas del Estado heredadas del PP.
El lunes 24, día siguiente de la destitución, fue una jornada prolija en reuniones. Con la noticia en los medios de comunicación, el mando de operaciones de la Guardia Civil, el teniente general Santafé, le citó al mediodía en su despacho. Posteriormente, acudieron juntos al despacho del director adjunto operativo y máximo cargo uniformado en el Cuerpo, Laurentino Ceña. Ahí le entregaron el documento oficial de cese firmado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Martínez. Días después, Ceña dimitió por su desacuerdo con esta decisión y Santafé fue destinado a un puesto no operativo.
Según advierte el recurso, el documento -al que ha tenido acceso este periódico- tiene la firma electrónica del número dos de Grande Marlaska a las 22.26 horas, es decir, casi diez minutos antes de la llamada de María Gámez en la que le comunicó verbalmente su cese. El mando usa este argumento para reprochar a sus superiores que ni siquiera le dieron la oportunidad de ser escuchado.
La propuesta de cese redactada por María Gámez, adelantada por El Confidencial, indica que se debió a “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento". Sin embargo, en el documento firmado por el secretario de Estado no aparece ninguna motivación. Pérez de los Cobos también destaca esta cuestión en sus alegaciones presentadas en primera instancia ante el Ministerio.
Cita jurisprudencia de los tribunales ante este tipo de ceses a cargos de confianza en los que los tribunales advierten de que estas destituciones deben ir motivadas y explicando las razones. Este periódico se hizo eco de la existencia de una sentencia reciente del Tribunal Supremo, según la cuál, “es exigible que se explicite evitándose expresiones opacas que puedan encubrir una intención patológica por falsa o caprichosa”.
Fuentes de Interior aseguran que en el Ministerio sospechan que De los Cobos les ocultó deliberadamente la existencia de un informe crítico con la gestión del Gobierno. Se basan en que el coronel sí dio cuenta de que la juez había encargado a sus subordinados investigar los hechos y posteriormente les comunicó que la pandemia había paralizado todos los trabajos. La siguiente noticia que tuvieron en el Departamento que dirige Fernando Grande Marlaska fue a través de la prensa cuando El Confidencial informó de la remisión al Juzgado de un informe que apuntaba a Fernando Simón.
