El presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, ha remitido al Congreso de los Diputados y al Senado su propuesta personal de renovación del órgano de jueces. Guilarte, que ya ha trasladado a la Comisión Permanente que se irá en verano si no hay acuerdo, propone cambios en el sistema de nombramientos de la cúpula judicial y también en la elección del Consejo, mientras PP y PSOE acercan posturas para sellar un pacto antes de verano.

En su documento, el presidente en funciones del CGPJ avisa que la situación de bloqueo que se prolonga ya más de cinco años no es culpa del actual órgano y dice que toda la presión debe proyectarse sobre las dos principales formaciones políticas del país, que han sido incapaces de renovar un órgano que lleva caducado desde diciembre de 2018.

Guilarte afea al PP y al PSOE que lo que realmente buscan con sus propuestas de renovación es mantener más cuota de poder en el Consejo General del Poder Judicial. Al respecto, sostiene que el cambio de modelo de elección de vocales que ahora propone el PP en sintonía con el europeo es aconsejable pero no soluciona el problema a corto plazo. "La alternativa a la hoy vigente no haría sino perpetuarlo", sostiene.

Fórmula intermedia para renovar el CGPJ

"Frente a tal realidad es mi idea que deben buscarse soluciones intermedias que conjuguen las bondades de uno y otro sistema o, al menos, que eludan sus deficiencias", indica. Guilarte expone, además, que se ha acrecentado la imagen de politización del actual CGPJ (que actúa con 16 de los 21 vocales iniciales que lo conformaron en 2013) y que así se ha podido constatar en sus informes sobre la ley de amnistía o sobre la no idoneidad del fiscal general del Estado, Álvaro García.

"El CGPJ necesita urgentemente nuevos aires que le permitan desvincularse de esta fatal percepción, en gran medida propiciada por la actual polaridad política que miméticamente, queramos o no, nos afecta", indica Guilarte. Por ello propone cambios en lo relativo al sistema de elección de vocales del órgano y al nombramiento de la cúpula de la carrera judicial.

En relación al primero de ellos, Guilarte sostiene que es igualmente válido tanto el mantenimiento del sistema actual, como el cambio que llevan reclamando años las asociaciones judiciales. Ahora bien, cualquiera que sea la que se elija debe determinar una representación proporcionalmente similar entre los vocales propiciados por las asociaciones judiciales y los que provengan de jueces sin asociar.

Así, de mantenerse el modelo actual, como pretende el PSOE, Guilarte recomienda que los juristas propuestos a vocales deben ser ajenos a "cualquier contaminación política previa". Por ello, en relación con los doce vocales judiciales que eligen las cámaras, considera necesario modificar el artículo 573 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para "impedir" que pueda ser designado aquel integrante de la carrera judicial que en los años "inmediatamente anteriores" haya ostentado un cargo político.

Impedir elección de cargos políticos

Del mismo modo sostiene que deberían acometerse cambios en el artículo 578.2 de la LOPJ para repartir de manera más equitativa el número de vocales afiliados a las asociaciones, puesto que, en la actualidad, hay asociaciones que no cuentan con representación dentro del CGPJ.

En relación a los restantes ocho vocales que se eligen del turno de juristas, Guilarte sostiene que es importante reformar el artículo 567 de la LOPJ con dos fines. El primero, evitar que se les designe como vocales si provienen de ejercer cargo político y, el segundo, abrir la puerta a que se incorporen letrados en ejercicio o de alguna de las profesiones vinculadas con la jurisdicción (como es el caso de notarios, abogados del Estado o letrados de la Administración de Justicia).

Por contra, en caso de modificarse el modelo que rige en España desde 1985 y fueran los jueces quienes eligen a sus pares, Guilarte mantiene que, en relación con los vocales judiciales, podría arbitrarse el nombramiento manteniendo al margen los posibles candidatos con vinculación política y considerando además "la proporcionalidad en la designación entre miembros de la Carrera Judicial asociados y los que no lo están".

Para los vocales no judiciales que sean elegidos también por los jueces, Guilarte apuesta por introducir causas de inelegibilidad tales como haber sido en los años anteriores miembros del Gobierno central o de gobiernos autonómicos, así como otros cargos relevantes políticos.

Los magistrados del Supremo

Así pues, además de la propuesta de reforma de la elección de vocales del CGPJ, Guilarte recomienda también modificar el sistema de elección de la cúpula de la carrera judicial. Frente al actual modelo, que relega esta tarea al CGPJ, Guilarte considera que se debería otorgar este cometido a los respectivos territorios. Según explica, no se trata de sustraer competencias al órgano de gobierno de los jueces, sino de "dar más protagonismo a la carrera judicial" en aras a lograr mayor independencia judicial.

Así, en el caso de los cargos gubernativos (presidencias de Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia y Salas) propone que los elijan los propios jueces del territorio afectado. La previsión afectaría también a la Audiencia Nacional y al Supremo, órgano este último que está acusando especialmente la imposibilidad que tiene el actual CGPJ de efectuar nombramientos.

"La mácula política de los nombramientos"

Los electores deberían ser todos los miembros de la carrera judicial del territorio respectivo, mientras que los candidatos tendrían que presentar un programa de actuación sobre la mejora en su caso del órgano. Así, al CGPJ se le despojaría de su función actual, aunque se le reservaría la competencia para convocar y organizar el proceso electoral, así como acordar el nombramiento y ratificación del candidato propuesto.

En relación a los magistrados del Supremo, Guilarte dice que tendrían que ser nombrados por una comisión cualificada, mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados de este órgano o por un especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la de un magistrado.
"En este punto propongo un modelo que admite otras muchas posibilidades que, en todo caso, deben ir encaminadas a evitar la 'mácula' política de los nombrados y a potenciar que imperen el mérito y capacidad en la composición del Alto Tribunal, así como independizar su valoración respecto de los méritos acreditados por quienes opten a la plaza", sostiene.

En última instancia, el presidente interino del CGPJ apuesta también porque se reduzca el número de integrantes de la Comisión Permanente del órgano a un máximo de cinco y no de siete, como se articula en la actualidad. Por contra, considera necesario mantener que se les exima de sus responsabilidades mientras ejerzan este cargo para que tengan dedicación exclusiva.

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