Los trabajadores de la Lavandería Hospitalaria Central siguen en lucha. Desde que el servicio público pasara a ser de gestión privada el pasado mes de diciembre, el pulso de la plantilla con Flisa, la empresa adjudicataria, ha sido constante. Tras una huelga indefinida y varias sanciones a la empresa, ahora el Juzgado número 11 de lo Contencioso Administrativo, en el que la Asociación de Empleados de la Lavandería Hospitalaria había interpuesto una demanda contra la privatización del servicio, ha dictado un auto por el que se declara incompetente para tomar una decisión al respecto y deja el caso en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Los trabajadores denunciaron hace casi cuatro meses que la privatización puede reducir la calidad del servicio de un centro público que antes de la externalización funcionaba correctamente. De hecho, entienden que esa merma en la calidad de las condiciones ya se está produciendo, tal y como han venido denunciando. La pega, explica a Vozpópuli un miembro de la Asociación de Empleados de la Lavandería Central, es que esta decisión implica que el proceso de resolución se dilatará aún más y que la empresa puede así ganar tiempo. El objetivo es intentar que se dicten medidas cautelares y se suspenda la privatización como ha sucedido recientemente con los hospitales. Y es que el precedente de la decisión del TSJM de mantener la suspensión del proceso de privatización de la sanidad madrileña les invita al optimismo.
En nombre de sus compañeros, la fuente consultada explica que entienden que, como servicio sanitario, se tienen que cumplir unos criterios de calidad. Sin embargo, desde que Flisa está al cargo "los hospitales se quejan de que a veces no llega la ropa y no siempre lo hace en buenas condiciones", mientras que antes el material salía y siempre de manera óptima. Vozpópuli ya informó de las quejas por las condiciones en las que se estaba procesando la ropa de quirófano y todo tipo de prendas que se utilizan en estos centros sanitarios.
Por otro lado están las condiciones laborales, por las que también presentaron una demanda. La aplicación del convenio de Lavanderías Industriales de la Comunidad de Madrid por parte de Flisa "supone que gente que lleva hasta 32 años en la empresa pierda antigüedad, salario y todos los derechos adquiridos". Pierden lo que tenían por hacer lo mismo, aseguran desde la Asociación de Empleados. La primera medida de la plantilla para protestar por este menoscabo fue la huelga indefinida. Los paros duraron algo más de 40 días, hasta que un acuerdo con la empresa elevó de 640 a 800 euros brutos mensuales el salario de los trabajadores, que había sufrido una rebaja de hasta el 46%.
Sanciones a Flisa por vulneración de derechos
Algunas de las quejas de los trabajadores han sido ratificadas por los órganos competentes y la empresa adjudicataria ya se ha llevado un tirón de orejas por no respetar los derechos laborales. Tras examinar la documentación aportada por CCOO y en base a las visitas que realizaron inspectores los días 20 y 23 de diciembre del año pasado, la Inspección de Trabajo levantó este mes acta de infracción muy grave a Flisa al entender que incurrió en vulneración del derecho a la huelga sustituyendo a trabajadores durante las jornadas en las que se realizaron los paros. El sindicato denunció ante Trabajo que se estaban sustituyendo trabajadores en huelga por otros durante los paros, haciendo especial mención al caso de conductores de vehículos y empleados de almacenamiento.
Además, algunos trabajadores recibieron una resolución de Inspección realizada de oficio en la que se señala que se habrían vulnerado sus condiciones laborales en el paso a la nueva adjudicataria, ya que -entiende- se han ofrecido condiciones inferiores a la regidas por el convenio colectivo. La Asociación de Empleados cree que se deberían haber subrogado aspectos de los que gozaban los trabajadores cuando el centro funcionaba mediante gestión directa.
