La industria hotelera, uno de los motores económicos clave de España, viene sufriendo desde hace meses, sobre todo, en la Comunidad Valenciana, donde los programas del IMSERSO y la aplicación inminente del Real Decreto 933/2021, que impone nuevas obligaciones en el registro de datos de los viajeros, ha desatado un profundo malestar entre los hoteleros. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) advierte que las nuevas medidas del Ministerio del Interior podrían generar un caos en la gestión de los establecimientos, afectando la competitividad del sector y enfrentándolo a posibles sanciones europeas.

El Real Decreto 933/2021, aprobado en octubre de 2021, establece nuevas obligaciones para los subsectores turísticos, que incluyen a hoteles, campings, plataformas de alquiler de viviendas turísticas y otros alojamientos. Esta normativa obliga a las empresas a recopilar datos detallados de los viajeros, como el número de tarjeta de crédito, teléfono móvil y domicilio real, información que no suele estar incluida en los documentos oficiales de identificación como el DNI o el pasaporte.

El supuesto objetivo del decreto es reforzar la seguridad, permitiendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acceder a una base de datos más completa de los viajeros que viajan al país. No obstante, los hoteleros denuncian que las exigencias de recopilación de datos son desproporcionadas, poco claras y operativamente inviables.

Falta de desarrollo legislativo: un vacío legal

Uno de los puntos de mayor polémica y que más malestar está generando entre los hoteleros y agencias de viajes es la falta de un desarrollo legislativo posterior al Real Decreto. Aunque se esperaba que una orden ministerial aclarase qué datos específicos debían ser recabados y cómo debían transmitirse a las autoridades, a dos años de la aprobación de la normativa, dicha orden aún no ha sido publicada.

Este vacío legal ha generado incertidumbre entre los hoteleros, quienes no saben con exactitud qué información deben recopilar ni cómo deben enviarla. Según CEHAT, esta falta de claridad crea una situación de inseguridad jurídica que podría derivar en sanciones injustificadas, ya que los establecimientos no están en condiciones de cumplir con las nuevas obligaciones en su totalidad.

"El problema es que no sabemos con certeza qué se espera de nosotros", señala un portavoz de HOSBEC, asociación hotelera de la Comunidad Valenciana. "El Ministerio del Interior no ha proporcionado las directrices claras necesarias, y la falta de una orden ministerial agrava la confusión entre los operadores turísticos".

En este sentido, el PP ha presentado una serie de preguntas dirigidas al Gobierno y al Ministerio del Interior respecto a la próxima entrada en vigor del Real Decreto 933/2021. Entre ellas, los populares solicitan conocer qué se ha hecho desde el ministerio para mitigar los efectos de este decreto y si realmente son conscientes del posible caos que puede surgir, y del cual los hoteleros ya avisan, en caso de que se recabe y certifique la autenticidad de los datos de los viajeros.

Las dificultades de los hoteleros: caos en las recepciones

Además de la incertidumbre legal, los hoteleros enfrentan serias dificultades operativas para implementar las exigencias del Real Decreto. Al requerir información detallada que no se encuentra en los documentos habituales de los viajeros, como el número de tarjeta de crédito y el domicilio real, las empresas se ven obligadas a gestionar estos datos manualmente.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos advierte que la implementación de este proceso de forma manual supondrá un aumento significativo en la carga de trabajo administrativo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 95% del sector. "Es inviable que nuestros empleados recopilen y procesen estos datos uno por uno, y mucho menos que los envíen a las autoridades de manera manual", advierte CEHAT en un comunicado reciente.

A este problema se suma la falta de una infraestructura tecnológica adecuada que permita automatizar el proceso de recopilación y transmisión de datos. Según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la tecnología necesaria para gestionar este flujo de información no está completamente operativa, lo que genera aún más incertidumbre y riesgos para las empresas.

Choque con la normativa europea de protección de datos

Otro aspecto preocupante es el posible conflicto entre el Real Decreto 933/2021 y las normativas europeas de protección de datos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la sentencia C-817/19, establece que cualquier medida de tratamiento masivo de datos personales debe ser proporcional y limitada a casos justificados.

Los hoteleros temen que las obligaciones impuestas por el decreto vulneren los principios de proporcionalidad y minimización de datos establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Recopilar información sensible de manera indiscriminada podría resultar en sanciones por parte de las autoridades europeas, así como demandas judiciales por parte de los propios viajeros.

"La recopilación de datos que propone el Gobierno no respeta los principios fundamentales de la normativa europea de privacidad", señala un representante de CEHAT. "Esto no solo puede tener consecuencias legales para nuestras empresas, sino que también afecta los derechos de los turistas, quienes podrían iniciar acciones legales si se sienten vulnerados en su privacidad".

Competitividad en juego: impacto negativo en el sector turístico

El sector hotelero también ha alertado sobre el impacto negativo que esta normativa puede tener en la competitividad de la industria turística española. En un contexto donde los destinos europeos compiten por atraer turistas internacionales, estas nuevas exigencias podrían causar en los viajeros un gran rechazo a la hora de facilitar más datos personales, e incluso a la hora de viajar a España, causando así un descenso del turismo en el país.

En comparación con otros países de la Unión Europea que no imponen restricciones tan estrictas, los hoteles y alojamientos en España se verán obligados a asumir una carga administrativa mucho mayor. Esta situación no solo afecta a los hoteles, sino también a las agencias de viajes, turoperadores y plataformas de alquiler, que se enfrentan a las mismas dificultades.

"Las empresas turísticas de otros países europeos no tienen que lidiar con este nivel de burocracia", afirma un empresario del sector. "Esto nos pone en una clara desventaja competitiva y podría tener un efecto muy negativo en la afluencia de turistas, especialmente en un momento en el que la recuperación económica tras la pandemia es vital para nuestra supervivencia".

Exigencias del sector hotelero. "Un cambio de normativa"

En este sentido, las principales asociaciones del sector hotelero han comenzado a actuar de manera coordinada para exigir cambios urgentes en la normativa. Tanto CEHAT como HOSBEC, junto con otras organizaciones regionales, han dirigido cartas a los ministerios de Turismo e Interior y a la Dirección General de la Policía, solicitando una revisión inmediata del Real Decreto 933/2021.

Entre las principales demandas del sector se encuentran la claridad en la legislación, es decir, definir de manera precisa qué datos son exigibles y cuál es el procedimiento correcto para transmitirlos a las autoridades. Minimización de datos, limitar la información requerida a aquellos datos estrictamente necesarios para cumplir con los objetivos de seguridad, sin vulnerar la normativa europea de protección de datos. Además, proporcionar un periodo prolongado de adaptación 'tecnológica' para que los establecimientos puedan implementar los sistemas necesarios de manera eficiente y segura y fortalecer la protección de las pymes. Tener en cuenta las capacidades operativas limitadas de las pequeñas y medianas empresas, evitando imponerles cargas administrativas desproporcionadas.

¿Qué pasa si no se modifica la normativa?

El sector hotelero ha dejado claro que, si no se realizan los ajustes solicitados, será imposible cumplir con la normativa en su forma actual. Esto no solo afectaría la operatividad de los establecimientos, sino que también comprometería la calidad de los datos que actualmente se proporcionan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

CEHAT advierte que una implementación "defectuosa" de la normativa podría tener graves repercusiones en la seguridad pública, ya que los datos recabados no serían fiables ni precisos. Además, el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Real Decreto podría acarrear sanciones severas para las empresas, que se verían enfrentadas a riesgos operativos y reputacionales considerables.

El Real Decreto 933/2021 se ha convertido en un problema para la industria hotelera española. Mientras el Gobierno busca reforzar la seguridad mediante la recopilación de datos de los viajeros, el sector turístico se enfrenta a una normativa que siguen sin comprender, difícil de implementar y posiblemente incompatible con la legislación europea.

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