La Agencia Tributaria ha entregado al juez Castro el primero de los informes que se le requerían. El fisco no aprecia delito pese a que sí detalla una larga lista de irregularidades en la vida de Aizoon, entre las que destaca, el origen de los cobros. Según Hacienda, los contratos e ingresos de la sociedad de los Duques de Palma “se celebraron en especial y exclusiva consideración de la persona del Sr. Urdangarín Liebaert y sus circunstancias personales y familiares”. El fisco sostiene que son varias las multinacionales que se “cuidan de remarcar explícitamente la cualidad de intuitu personae inherente tanto a la celebración como a la posterior ejecución contractual”, una alocución latina que significa que el contrato se realiza “en atención a la persona”.
Las empresas contrataron con Urdangarín "en especial y exclusiva consideración a su persona y sus circunstancias personales y familiares", concluye Hacienda
Igualmente, la inspección considera que ha habido irregularidades en el capítulo de los gastos, a la hora de computar "los de personal, la facturación cruzada, el alquiler de sedicentes oficinas y la amortización de su equipamiento y los gastos de índole netamente personal, familiar o, en general, carentes de relación con la actividad". Por fin, considera un tercer grupo de fraudes en los beneficios fiscales a los que los Duques de Palma se acogieron tributando a través de Aizoon: "no es procedente aplicar la libertad de amortización a los pisos de su propiedad que tiene cedidos en arrendamiento, puesto que no pueden considerarse afectos a ninguna actividad económica", concluye el informe.
Paradójicamente, pese que Hacienda entiende que se ha explotado el vínculo con la infanta Cristina y con la Casa Real, no aprecia ninguna irregularidad en la propia infanta, corresponsable del 50% de Aizoon, según la documentación que aportan los inspectores. El fisco entiende que la responsabilidad de la gestión de Aizoon es sólo de Urdangarín tanto en los ingresos como en los gastos y deducciones.
Un criterio milimetrado para evitar el delito fiscal
La relación de irregularidades aplicada estrictamente podría llevar a superar el fraude de 120.000 euros anuales que constituye el delito fiscal. Sin embargo, la Agencia Tributaria incluye en su relación una salvedad: admite que pese a considerar fraudulento el auto-alquiler de las viviendas de los Duques de Palma a Aizoon, sí puedan deducirse esos arrendamientos con el argumento de que la empresa "ha tenido contratada la gestión de tales arrendamientos a terceros profesionales de la administración de fincas".
Ese mero criterio evita que se consideren como fraudulentos más de 30.000 euros reportados en el año 2007 que elevarían el fraude de 99.787,19 euros a más de 120.000, incurriendo, por tanto, en delito fiscal. Ese mismo criterio se repite en posteriores ejercicios de forma que en ninguno de los casos las cuantías defraudadas superan los 120.000 euros. Así, el fisco considera que:
- En 2007, la cuantía defraudada sumaría 99.787,19 euros;
- En 2008, el fraude sería de 91.101,95 euros;
- En 2009, de 71.073,46 euros;
- Y en 2010, de 19.148,78 euros
La suma arroja un fraude que supera los 281.000 euros pero repartido en cuatro años y no ejercicio a ejercicio, de modo que el fisco no se pronuncia explícitamente pero deja claro que no aprecia delito fiscal.
