Las promesas de regerenación democrática de la Justicia, uno de los tres poderes del Estado, con las que el PP llegó al poder hacer ahora dos años, con una mayoría absoluta abrumadora, quedaron formalmente frustradas. Sin sorpresas. El reparto de sillones en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre las dos formaciones mayoritarias, con el apoyo de otras fuerzas menores, lo que algunos denominaban un "pacto amplio", evidenció que todo compromiso de despolitazación de la Justicia pereció por el camino.
El primer proyecto de reforma anunciado por el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, tuvo que guardarse en un cajón en espera de tiempos mejores ante la negativa frontal de cambiar el "statu quo" actual por parte tanto de la oposición socialista como de su propio partido. Los veinte vocales del Consejo se designarían conforme a lo previsto: ocho por las fuerzas políticas y doce por el sector judicial. No ha habido opción alguna de volver al esquema anterior al denominado "pacto por la Justicia" que ambas fuerzas sucribieron en 1985 y mediante el cual se consagra la mediatización política de los órganos más vitales del aparato judicial.
Reparto de sillones
Antes de cumplirse las ocho de la tarde, Ruiz Gallardón anunció que Gobierno y oposición habían alcanzado un acuerdo sobre los nombres de los ocho miembros del Consejo que designa el Parlamento. Los plenos de Congreso y Senado ratificarán la semana próxima estos nombramientos. El ministro Gallardón y el socialista Antonio Camacho, fiscal y mano derecha de Rubalcaba en su etapa de Interior, intercambiaron los cromos y sellaron el acuerdo. Ya se habían sumado PNV y CiU, cada uno con su propuesta. También se sumó UPN y a última hora, IU al que los socialistas le cedieron un puesto.
En concreto, los ocho vocales políticos designados este miércoles se reparten de la siguiente manera. Tres por el PP, dos por PSOE, y un PNV, CiU y finalmente IU que se sumaba al acuerdo a última hora. Los nombres de los nuevos consejeros son: Nuria Díaz (abogada del Estado), Alvaro Cuesta (diputado del PSOE), Concepción Sanz (secretaria judicial) y Enrique Lucas (abogado). Por el Senado: Vicente Gilarte (catedrático) María Ángeles Carmona (secretaria judicial) Pilar Sepúlveda (abogada andaluza, PSOE) y Merçé Pigem (diputada de CiU).
Pierden los fiscales
Llama la atención la ausencia de miembros de la carrera fiscal en la nueva composición del Consejo. Están prácticamente representados todos los estamentos de la carrera judicial, incluso los secretarios de Juzgado pero no hay ni un fiscal, circunstancia que llama la atención. Entre otrras cosas, porque es la primera vez que ocurre y porque quienes han negociado el nuevo Consejo son precisamente dos fiscales, Gallardón y Camacho.
También cabría recordar que la actual portavoz del CGPJ es una fiscal, Gabriela Bravo. Este hecho supone, sin duda, un detalle que no habrá pasado inadvertido, sino todo lo contrario, al fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, cuyo papel al frente del departamento no atravies aprecisamente por los mejores momentos. Habrá que esperar a la designación de los vocales elegidos por los juristas la semana que viene a ver si se llena este hueco tan llamativo.
Quedan pendientes para la semana próxima la designación de los otros 12 vocales que sean jueces o magistrados de carrera. El reparto de este bloque profesional será, inicialemente, como sigue: 10 para el PP, siete PSOE, uno CiU, Uno PNV y finalmente uno para IU. El voto del presidente sería por tanto decfinitivo en caso de empate entre el sector conservador y el de la oposición.
Lo más arduo ha sido alcanzar una coincidencia en la designación del presidente del Consejo, que lo es también del Supremo. Carlos Lesmes, alto cargo en la administración de Aznar, es quien más suena para el puesto. En apariencia es la comisión permanente, compuesta por seis vocales, quien lo nombra, pero en la práctica es el fruto de una transacción en los dos partidos mayoritarios. Su elección quedará despejada en los próximos días. Los nuevos consejeros, una vez ratificados por las Cámaras, podrían tomar posesión a finales de la semana próxima, si la evolución de la salud del Monarca lo permite, ya que este jueves se someterá a una nueva intervención quirúrgica.
Cambios cosméticos
La reforma, pues, del órgano rector del estamento judicial no daba lugar a modificaciones ni sorpresas. Los retoques introducidos por el ministro Gallardón han sido de índole técnica y de funcionamiento interno. Muy alejados de lo que en un primer momento se anunció, es decir, que no sería el Parlamento, sino los propios jueces quienes designarías a sus más altos representantes. Ese empeño cayó muy pronto en el vacío. Salvo determinados cambios de perfil muy concreto y de cariz eminentemente práctico, como horarios, dedicación, funciones y prerrogativas de los vocales, el resto del panorama quedaba prácticamente intacto. En particular, lo más importante: la forma de elección de los vocales. No obsante el PSOE anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad. Las asociaciones judiciales, los presidentes de las Audicencia provinciales también están en contra.
La renovación de la mesa del Consejo se ha visto aplazada en diferentes oportunidades. Primero fue por la falta de entendimiento político. Luego un catarro inoportno del jefe de la oposición. Finalmente Rajoy y Rubalcaba se pusieron a la faena y en una de sus frecuentes conversaciones zanjaron el reparto de sillones. La Justicia, pues, sigue de hecho en manos del Ejecutivo y del Legislativo. Son los políticos quienes eligen y designan a los representantes de los principales órganos del aparato jurídico. No se rompió con casi treinta años de tradición. Los minoritarios protestan, los mayoritarios deciden. Y los jueces, asienten.
