El actual alcalde de San Fernando de Henares, Angel Moreno (IU) y dos de sus concejales y un funcionario, han enviado un escrito a la Fiscalía de Alcalá de Henares donde ponen en conocimiento la gestión de su antecesor, Julio Setién (también de IU), en la rehabiliación de la Plaza de España, “por si pudieran ser constitutivos de delito”. San Fernando de Henares es una de las dos grandes localidades de Madrid en las que gobierna IU.
En la otra Rivas Vaciamadrid hay una grave crisis tras detectarse graves irregularidades en la Empresa Municipal de la Vivienda. El PP de San Fernando, que lidera Eusebio González, ha venido denuncian o los hechos desde hace varios años.
El alcalde explica en el escrito enviado a la Fiscalía que el 4 de abril de 2012, tras hacerse con el bastón de mando por la dimisión de Julio Setién (IU), se convirtió en presidente de la sociedad Plaza de España San Fernando. Esta empresa fue formada en 2008 por el Ayuntamiento (49%) y varios privados y tenía como fin rehabilitar la Plaza de España de la localidad. El presupuesto de 59 millones va los los 94 y no se ha terminado la obra que está parada y en concurso de acreedores.
Las viviendas de alrededor estaban en estado ruinoso por lo que se decidió una rehabilitación integral que permitiría mejorar la plaza, las viviendas y construir unas nuevas que permitieran la viabilidad del proyecto. Bankia actuó como banco promotor mediante un préstamo de 57 millones de euros. El Ayuntamiento aportó a la nueva sociedad la propia Plaza de España, por lo cual ya hay abiertas diligencias en un juzgado de Coslada.
Comenzaron las obras en 2009 y estaba previsto que estuvieran terminadas en 2011, pero se produjeron retrasos, se agotaron los fondos inicialmente previstos y comenzaron a producirse, según la denuncia del alcalde, irregularidades “con toda apariencia de ilícitos penales”.
La falta de liquidez, el conflicto con los constructores y otros intervinientes terminó en concurso de acreedores, mientras los vecinos que habían abandonado sus viviendas tenían que pagar alquileres, a pesar de que sus casas están prácticamente terminadas.
El alcalde mandó hacer un informe de cuya lectura se desprende que ha existido una “acción reiteradamente mantenida en el tiempo por parte de los gestores de la sociedad en la búsqueda de lucro personal, con quebrando para los intereses de esta, como de los vecinos que aportaron sus viviendas en la confianza de que el Ayuntamiento avalaba la operación”.
El análisis del fiasco
El estudio señala que había una debilidad en el estudio financiero y se inició con 59,3 millones de euros y con una valoración costes a la baja. Este es un resumen de lo enviado a la Fiscalía.
- Joaquín Martínez, que era concejal y consejero delegado de la empresa, firmó un contrato de gestión de 4,24 millones de euros con la empresa Woodman S.L. “excediendo con creces el inicialmente considerado pues llevaba a doblarlo”.
- Sólo los intereses del préstamo en el primer año sumaron los 1,92 millones de euros, cuando se habían calculado para toda la operación 1,19 millones y se llegarían a alcanzar los 5,3 millones en mayo de 2012.
- Carecían de dotación y cobertura los 5,26 millones destinados a cancelaciones de hipotecas y pagos derivados del convenio, así como los gastos de realojo que fueron de 1,8 millones, que llegaron a alcanzar los 4,8 millones en 2012.
- El proyecto no tenía un plan de tesorería para la ejecución de una obra que en término de las antiguas pesetas comenzó en 9,869 millones y que alcanza ya los 15.706 millones.
- Se produjo una falta de correlación entre los escenarios de los ingresos y los gastos, tanto en su calendarización como en su obtención.
- Se formalizaron avales a los vecinos que detrajeron de la tesorería 7,7 millones de euros y se acometieron operaciones que lastraron definitivamente el proyecto y que no estaban previstas en el proyecto.
- El déficit de tesorería alcanzó los 21,12 millones de euros y cuando la sociedad fue sometida a examen a control en mayo de 2011 había llevado a reflejar cifras realmente desoladoras pues se habían contraído obligaciones por valor de 94,4 millones de euros, habiendo efectivos únicamente 50,4 millones que correspondían al préstamo del promotor.
- Hubo ausencia de un plan de tesorería, disposiciones precipitadas, contracción de obligaciones sin cobertura, irresponsables autocontrataciones carentes de informes, errores de gestión, ausencia de controles,…
- Podemos apreciar con estupor que se incumplieron todas las funciones que se le encomendaron a Woodman S.L. y la ausencia de estas obligaciones determinaron la inviabilidad económica y financiera del proyecto.
- Se pagó a Woodman los honorarios en su práctica totalidad 3,6 millones de euros entre 2009 y 2010 en un absoluto incumplimiento del contrato y sin existir causa para ello al no haber procedido a la realización de sus cometidos.
- Woodman contrajo obligaciones con la sociedad Plaza de España en torno a los 21 millones de euros con dudas sobre su legalidad.
- Hubo modificaciones sobre los convenios iniciales de expropiación con algunos de los expropiados que resultan insuficientemente explicados y que alcanzan cuando menos 5,5 millones de euros, operaciones que fueron más allá del contenido mandado por el Pleno municipal firmadas por Joaquín Martínez Martínez, concejal y consejero de la sociedad.
- Hay realojos de vecinos en viviendas propiedad de Woodman y obras encargadas a sociedades vinculadas.
- La actuación de Bankia como entidad financiera no parece haber reunido las condiciones de profesionalidad que deben exigirse a una entidad financiera.
- La responsabilidad última en su caso puede corresponder al Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
