El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha bromeado este jueves con las críticas que está recibiendo por el borrador de la nueva ley educativa anunciada por el Gobierno, en especial por parte de la Generalitat de Cataluña, y ha dicho que él es "como un toro bravo" que se crece con el castigo, según recoge Efe.
Wert ha hecho esta comparación en conversación informal con los periodistas durante la recepción celebrada en el Senado con motivo del 34 aniversario de la Constitución.
El ministro ha sido uno de los más solicitados por los periodistas, ha mantenido varios "corrillos" con ellos y en algún momento ha tenido que pedir a los informadores que le dejaran espacio para respirar. "Soy como un toro bravo; me crezco con el castigo", ha comentado ante las críticas que hacia el Gobierno y, especialmente, hacia él han provocado los planes del Ejecutivo en materia educativa.
No entiende las críticas
Se ha referido específicamente a las que provienen de la Generalitat de Cataluña para considerar que son injustificadas. El ministro considera que no está justificada la reacción que ha tenido la Generalitat de Cataluña ante la reforma educativa anunciada por el Gobierno, ya que, asegura, el proyecto no supone un ataque a la inmersión lingüista.
En conversación informal con los periodistas ha defendido que el borrador de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) elaborado por el Gobierno central es todavía un texto abierto que está en discusión.
El ministro ha señalado que la reacción del Gobierno catalán, cuya consejera de Educación Irene Rigau abandonó la Conferencia Sectorial del pasado miércoles en desacuerdo con el tratamiento del catalán en la reforma, no está justificada.
Según Wert, se está hablando de que el borrador introduce cambios en el tratamiento de las lenguas cooficiales "que no son tales" y ha negado rotundamente que la reforma suponga un ataque el modelo de inmersión lingüística.
Por el contrario, ha señalado que los únicos cambios que se introducen son para cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo respecto al límite de la utilización de las lenguas cooficiales, y que establecen que no debe producirse una exclusión del castellano.
