La Fiscalía suiza estima que los negocios comunes entre el rey emérito, Juan Carlos de Borbón, y Corinna Larsen ascienden a 82 millones de euros, según informa este miércoles La Vanguardia.
Según el fiscal encargado de la investigación de las cuentas del Emérito, Yves Bertossa, el monarca y su compañera compartieron estos ingresos procedentes de Kuwait, Bahrein, Arabia Saudí, México y Marruecos.
El monarca recibió estos ingresos a través de varias cuentas vinculadas a fundaciones, o mediante estructuras mercantiles del Emérito a cuentas bancarias vinculadas a Larsen.
El fiscal comunicó estas cifras en un documento enviado al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, al que ha tenido acceso el citado medio.
Hasta diez años de cárcel
El fiscal suizo que determinará el futuro judicial más inmediato del rey emérito contempla penas de hasta diez años de cárcel para la examante del monarca y empresaria germanodanesa, Corinna Larsen. También para los gestores que diseñaron el entramado societario que sirvió a Juan Carlos I para ingresar los 64,8 millones de euros que recibió en 2008 de Arabia Saudí (equivalente entonces a cien millones de dólares).
Así consta en la primera comisión rogatoria que el representante del ministerio público, Yves Bertossa, remitió a la Audiencia Nacional el 19 de agosto de 2019 y a la que ha tenido acceso Vozpópuli. En ella, precisa que investiga a Corinna Larsen, Dante Canonica y Arturo Fasana por los delitos de blanqueo y “soborno de funcionarios públicos extranjeros”. Por estos hechos también investiga al banco local Mirabaud.
“Cabe calificar los hechos anteriormente mencionados de soborno de funcionarios públicos extranjeros (art. 322 del Código Penal) y de blanqueo de capitales (art. 305 bis del Código Penal)”, dice el fiscal, quien deja claro que, en función de lo que marca la legislación suiza, “la acción penal no ha prescrito” y que los hechos están sujetos a su jurisdicción. En un apartado, se detiene a detallar los años de cárcel que contempla cada uno de los delitos.
La ley suiza considera autor de un delito de blanqueo a “quien haya cometido un acto que pueda obstaculizar la identificación del origen, el descubrimiento o la confiscación de bienes que supiera o debiera haber presumido que procedían de un delito calificado o de un delito fiscal (cuando los impuestos deducidos en un año superen los 300.000 francos)”. “Será castigado con una pena de prisión de hasta tres años o con una sanción pecuniaria”, dice.
