La Universidad Villanueva, impulsado por su red de Alumni ha reunido en un coloquio para hablar sobre la Independencia del Poder Judicial a Andrés Ollero Tassara, Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional; José María Macías Castaño, Vocal del Consejo General del Poder Judicial; Javier Zaragoza Aguado, Fiscal de Sala del Tribunal Supremo y Javier Gómez de Liaño, Abogado y Ex-Juez de la Audiencia Nacional. El coloquio ha estado moderado por José Antonio Zarzalejos, periodista, escritor y presidente del consejo editorial de El Confidencial y Cayetano González Hermosilla, periodista y profesor de la Universidad Villanueva.
José María Macías Castaño ha afirmado que considera que “está en peligro la independencia del Poder Judicial y tenemos motivos para creer que existe una situación de riesgo”. Ha avalado su afirmación citando un informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho de los países de la Unión Europea. En concreto ha citado la valoración que tienen los ciudadanos sobre la independencia del Poder Judicial en su país. España se sitúa entre los cinco países donde los ciudadanos tienen la peor percepción sobre la independencia del Poder Judicial debido a la injerencia de los políticos en la labor de los jueces. “Lo que evidencia este informe es que el problema no está en los jueces, está en la injerencia política en nuestro sistema de justicia y en la voluntad de persistir en esa injerencia”. Para que esto no ocurra, Macías ha señalado que el citado informe recomienda que se renueve el Consejo del Poder Judicial y que se modifique la forma de su elección “para sacar a la política del Consejo” y que se modifique el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para apartar en lo posible la Fiscalía General del Estado también de la política, “ninguna de estas recomendaciones se atiende”.
Javier Gómez de Liaño ha expuesto en su intervención “un recetario a dispensar a un paciente llamado Poder Judicial que se encuentra en delicado estado de salud”. En este sentido ha señalado las siguientes necesidades: reafirmar que el Poder Judicial es un poder del Estado, no de los partidos, gobiernen o no gobiernen; impedir que la justicia sea entendida en clave ideológica; evitar que el CGPJ sea objeto de injerencias por parte de los partidos políticos; postular un modelo de juez preocupado, únicamente por su independencia y repudiar que los altos cargos judiciales sean nombrados con la misma discrecionalidad que se nombra a un director general; proteger sin reservas ni fisuras al Tribunal Supremo; sanear el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales y, por consiguiente, extirpar los acosos personales y las descalificaciones; reavivar y defender la figura del fiscal independiente querido por la Constitución, un fiscal, empezando por el Fiscal General del Estado no puede ser de nadie y por último, es necesario que la administración de justicia sea atendida económicamente en la forma debida”.
El TS, un ejemplo de discreción y prudencia
En relación con la Ley de Amnistía Gómez de Liaño ha confesado “su pasión por los magistrados y sobre todo por el Tribunal Supremo. Frente al ruido que están organizando quienes son partidarios de la amnistía o están en contra de la amnistía, el Tribunal Supremo en su Sala Segunda de lo Penal está dando un ejemplo de discreción y de prudencia y estoy convencido de que sabe muy bien lo que tiene que hacer, de manera que prefiero que sea el Tribunal Supremo con su sabiduría quien nos saque de este atolladero”.
Javier Zaragoza Aguado ha reconocido que la percepción social de que la justicia es un poder independiente ha disminuido en los últimos años. También destacó que se considera muy preocupante la falta de renovación del CGPJ, la ausencia de períodos de incompatibilidad para fiscales y jueces que hayan estado en política y la falta de independencia del Ministerio Fiscal llegando a proponer incluso la Comisión Europea un cambio en el sistema de nombramiento”.
En relación con la judicialización de la política ha afirmado que “es una idea de nuevo cuño que no comparto en absoluto. Se habla de la judicialización de la política dando una visión un tanto patógena de las relaciones entre política y justicia. El Poder Judicial tiene que ser independiente por principio, es evidente que la calidad democrática de un país se mide por el grado de independencia que tiene el poder judicial respecto del poder político porque la función del poder judicial es controlar al poder político”. Ha aludido en este sentido, a la renovación del CGPJ, recordando que tanto la Comisión Europea como el Grupo Greco han formulado algunas recomendaciones que aconsejan una revisión del marco legislativo que actualmente rige el CGPJ y que, dado los problemas de politización, quizá sería conveniente volver a una designación por los miembros judiciales respecto a una parte importante que son 12 jueces o magistrados que tienen que integrar el Consejo”.
"Hay gente que quiere hacer peligrar al Poder Judicial"
Andrés Ollero Tassara ha señalado que por supuesto que “hay gente que quiere hacer peligrar al Poder Judicial y que quiere mandar en el Poder Judicial, pero los jueces no se van a dejar mandar. El problema no está en el Poder Judicial y confío en la entereza de ese Poder Judicial y creo que los españoles también confían en ello”. Asimismo, señaló respecto al futuro que la confianza está en los jueces y las instituciones europeas y sus jueces.
José Antonio Zarzalejos ha reconocido que el Poder Judicial está amenazado y ha recordado que el en pacto de investidura, el Gobierno introdujo el Lawfare“un concepto totalmente característico de los sistemas autoritarios que es la persecución de los jueces”. También ha destacado que se producen sistemáticamente intimidaciones en la cámara absolutamente impunes al amparo de inviolabilidad parlamentaria lo cual es grave, se llama prevaricadores a jueces y magistrados y se señalan a algunos de los magistrados sin que la presidenta del Congreso llame al orden al que está injuriando”.
Asimismo, ha manifestado que “la única garantía de que no van a prosperar los ataques a la independencia judicial es que haya una decisión colectiva de los jueces, más allá de cualquier criterio ideológico, en la convención de cómo tienen que comportarse”. Ha resaltado que “la última frontera del Estado de Derecho son el Poder Judicial y la Corona y lo que se pretende abatir es la independencia judicial y la Corona porque son instancias últimas de la garantía constitucional del Estado de Derecho”.
Diálogos en la Universidad es una iniciativa de Alumni Villanueva con la que se pretende entablar una conversación necesaria entre los representantes institucionales, sociales y profesionales de diferentes ámbitos, la Universidad y los futuros líderes.
