El juez del caso Koldo ha dado un fuerte impulso a la causa tras obtener el aval del Tribunal Supremo para seguir investigándola. Así, tras imputar a dos altos cargos del Ministerio de Transportes y citar a nuevos testigos, el magistrado Ismael Moreno estrecha ahora el cerco al empresario que dio el 'chivatazo' a Koldo García de que estaba siendo investigado por la Guardia Civil.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el cual Moreno desestima la petición de Rogelio Pujalte de anular el auto por el cual se autorizó la entrada y registro a su casa. El instructor del caso Koldo explica que no solo se validan las pruebas obtenidas tras el estallido de esta presunta trama de corrupción, sino que han aparecido nuevos indicios que podrían arrojar luz sobre un presunto desvío de fondos.
El juez alude a un total de cinco mercantiles a las que aparece vinculado este empresario y que, según explica, son de "interés" para continuar con la trazabilidad de los fondos investigados". "Es un extremo relevante para esta investigación en curso por la vinculación Koldo-Rogelio", explica.
Comisiones de la trama Koldo
La Audiencia Nacional ha constatado que Pujalte canalizó a través de su empresa 'Depósito Judicial de Murcia' poco más de 100.000 euros de la trama. La ONIF trasladó al juzgado que dicha transferencia se giró el 30 de julio de 2020 en concepto de 'Provisión de fondos y licencia proyecto incineradora'.
La fecha es relevante puesto que apenas semanas antes, la empresa clave de la trama, Soluciones de Gestión, percibió dos transferencias de la Administración pública tras adjudicarse los contratos de emergencia para el suministro de mascarillas. En concreto, Soluciones de Gestión ingresó el 5 de mayo de aquel año 4,55 millones de euros provenientes de Puertos del Estado (el primer ente del Ejecutivo que contrató con la trama) y otra del Servicio de Salud de Baleares por importe de 3,7 millones de euros.
Cabe recordar que la empresa de la trama se granjeó contratos públicos por un importe superior a los 52 millones de euros. Todos ellos se adjudicaron principalmente en los primeros compases de la pandemia ante la sospecha de que esta firma, que entró en el Ministerio de José Luis Ábalos gracias a su exasesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama, tendría asegurados los contratos antes incluso de que se hiciera pública la licitación de los mismos.
En ese sentido, Soluciones de Gestión percibió estas dos transferencias del Gobierno de Sánchez y de la entonces presidenta balear, Francina Armengol y apenas dos semanas después, se realizaron los primeros traspasos. Así, el 20 de mayo derivaron 2,27 millones a otra cuenta de Soluciones de Gestión y el 30 de julio se giró una transferencia de 110.036 euros a Deluxe Fortune, sociedad del comisionista De Aldama.
El chivatazo a la red
Esta última transferencia se habría maquillado con la firma de un contrato de asesoramiento entre Soluciones de Gestión y la mercantil de Aldama. El juez llama la atención que ese mismo 30 de julio se desviaron 100.030 euros a la empresa de Rogelio Pujalte. "Se puede concluir que Soluciones de Gestión, a través de Deluxe Fortune, hizo llegar a una persona vinculada a Koldo, Rogelio Pujalte, la cantidad de 100.000 euros directamente vinculados con los hechos investigados", reza el auto.
Del mismo modo, se apunta que, además de 'Depósito Judicial de Murcia', los agentes han localizado otras firmas vinculadas a este empresario de las que sospechan que podría haber empleado para desviar parte de los fondos obtenidos de la trama. Entre ellas se encuentra Interserimex S.L, Paymaster Group 2017 S.L; Car Wash Bulevar y Bulevar del Inversor.
A todo ello, el juez añade que Rogelio Pujalte está en el foco de la UCO por ser la persona que alertó a Koldo García de que les estaban investigando. En concreto, figura una conversación del pasado 3 de febrero -apenas días antes del estallido de la trama- en la que Pujalte le advirtió que no usara el canal de comunicación Telegram.
"No lo utilices ¿vale? mañana hablamos", le dijo. A lo que el exasesor de José Luis Ábalos respondió: "Que sé que están, cómo están, cuando están… porque es por culpa del subnormal del 'perro' (en alusión a Víctor de Aldama)". Efectivamente, los imputados por presunta organización criminal y blanqueo de capitales, entre otros delitos, estaban siendo investigados desde hacía meses investigados por las irregularidades con los contratos de pandemia.
Dos altos cargos de Transportes, imputados
La respuesta del juez a este empresario se conoce apenas días después de que Moreno imputara a dos altos cargos del Ministerio que dirige Óscar Puente. El magistrado aceptó la petición de Anticorrupción y de la formación política Vox y ha citado como imputados a Jesús Manuel Gómez García, actual subsecretario del Ministerio de Transportes; a Álvaro Sánchez Manzanares, exsecretario general de Puertos del Estado, y a Michaux Miranda Paniagua, alto cargo de Adif. Todos ellos desfilarán por la Audiencia Nacional los próximos 9, 10 y 11 de septiembre en su condición de investigados.
Tras ellos, el juez escuchará en calidad de testigos el 13 de septiembre al que fuera presidente de Puertos del Estado entre marzo de 2020 y diciembre de 2021, Francisco Lobo Toledo; a la jefa del área de contratación y gerencia de riesgos de Puertos del Estado, Aránzazu de Miguel Peña; y la jefa de departamento de contratación adscrita a la Secretaría General de Puertos del Estado María Belén Caballero Martínez.
Para el día 16 están citados el director de Recursos Humanos de Puertos del Estado, Martín José Navarro Vicent, y la que fuera presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera; y un día después desfilarán por la Audiencia Nacional el jefe del área de RRHH, soporte y alta velocidad de ADIF, Jesús Ángel Díaz; y el secretario del Consejo de Administración de Adif, Guillermo Martínez de Simón.
Finalmente, el 18 de septiembre comparecerán el exdirector general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes Javier Sánchez Fuentefría; y al subdirector general de planificación y gestión de infraestructuras y medios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Daniel Belmar Prieto.
Los correos intervenidos por los investigadores ponen de manifiesto que los altos cargos de Puertos del Estado y de Adif -ambos dependientes del Ministerio de Transportes- eran conocedores del proceso de tramitación, siendo que algunos de ellos contactaron directamente con cargos de esta firma y también con Víctor de Aldama.
