Un implicado en el 11-M y un asaltante de la cárcel de Abu Graib, entre los expulsados de España por ser una amenaza

Abdelmajir Bouchar y Abdeluahid Saidk Mohamed son algunos de los nombres destacados en la lista de individuos expulsados de España en 2023 por constituir una amenaza para la seguridad nacional. Ambos cumplieron penas de cárcel: el primero fue condenado por los atentados del 11-M al escaparse del piso de Leganés donde se encontraba la célula terrorista que perpetró los ataques, mientras que el segundo, que se incorporó a las filas Daesh para luchar en Siria e Irak, participó en el asalto de la cárcel de Abu Graib, que propició la fuga de centenares de combatientes terroristas.

La cifra total de personas vinculadas con actividades terroristas a las que se ha expulsado de nuestras fronteras en todo el año anterior, y que se eleva a 35 casos, consta en el Balance del terrorismo en España 2023, elaborado por el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo.

El informe recoge algunos nombres de sobra conocidos para las fuerzas de seguridad. Uno de ellos es Abdelmajir Bouchar, que fue condenado en el sumario por los atentados del 11-M, tras escapar del piso de Leganés donde se ocultaba la célula que cometió los atentados: “Había salido a la calle a bajar la basura cuando se dio cuenta de la presencia policial y se dio a la fuga -recuerda el Centro Memorial-. En 2005 fue capturado en Serbia y entregado a España donde fue condenado a 18 años de prisión”.

También destaca otro recluso excarcelado tras diez años en prisión, Abdeluahid Saidk Mohamed, que estuvo combatiendo con el Daesh en Siria y en Irak y fue herido en el asalto a la prisión de Abu Graib. Al regresar a España en el año 2014 fue detenido.

11-M, Abu Graib...

¿Y quiénes fueron los 35 individuos expulsados de territorio nacional en 2023 por su vinculación con actividades terroristas? El balance del Centro Memorial esboza la cronología de cada una de estas decisiones.

La más notable, por número de personas, fue el 14 de diciembre, cuando se ejecutó la orden sobre 14 paquistaníes acusados de formar parte del grupo Tehreek-e-Laibbak y que habían sido detenidos en noviembre. También en diciembre se expulsó a otro ciudadano de origen paquistaní, aunque éste había sido arrestado en diciembre de 2021 por difusión de mensajes a favor del yihadismo.

Asimismo se expulsó a un número significativo de ciudadanos de origen marroquí, vinculados con aparatos de propaganda de grupos terroristas o con planes que amenazaban la seguridad nacional. Tal es el caso de un individuo que actuaba como muecín en la Mezquita Blanca o de Assalam de Melilla. Se había radicalizado a partir de 2021 y fue detenido cuando trataba de comprar un arma de fuego en Málaga.

“En unos casos las expulsiones se realizaron después de que el afectado hubiera terminado de cumplir condena, aunque en otras ocasiones la medida se aplicó a individuos cuya presencia en territorio español se consideraba una amenaza para la seguridad nacional”, detalla el citado informe.

El documento recoge algunos de los problemas habituales para ejecutar las citadas expulsiones. Muchas de ellos atienden a un dilatado proceso administrativo, después de que los afectados recurran la decisión suscrita por el Ministerio del Interior. No obstante, en la mayoría de los casos se desestiman estos recursos. Además, es frecuente con recurran a trabas burocráticas, provocando la falta de documentación en vigor con el objetivo de impedir su traslado.

Problemas con Argelia

Las expulsiones requieren la colaboración con los países de destino; algo que no siempre se produce con la fluidez esperada. Es el caso de Argelia. “Hay problemas también para la expulsión de ciudadanos de Argelia por la negativa de las autoridades de ese país a recibir a sus ciudadanos cuando son conducidos desde España”, revela el Centro Memorial en su balance anual.

Este frenazo a las expulsiones coincide con la crisis diplomática entre Madrid y Argel. Cabe recordar que el delicado equilibrio en la política exterior saltó por los aires a partir del ingreso hospitalario en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Marruecos protestó de forma airada, retiró a su embajadora y propició la entrada de miles de personas por vías irregulares a Ceuta, lo que propició el despliegue no solo de las Fuerzas de Seguridad, también de las Fuerzas Armadas, para proteger la frontera entre España y Marruecos.

Tras una dilatada crisis entre Madrid y Rabat, el entorno de Mohamed VI filtró una carta remitida por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que reconocía los planes de soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. El gesto sirvió para enterrar las fricciones y dar paso a una “nueva época” en las relaciones bilaterales, que arrancaron con la Reunión de Alto Nivel celebrada en la capital del reino alauí, a la que asistió una amplia representación de ministros de ambas naciones.