El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha solicitado nuevos documentos al Ministerio del Interior en el litigio por el incumplimiento de la equiparación salarial. Esta petición es un nuevo paso dentro del procedimiento judicial que está siendo llevado a cabo por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) para conseguir completar este proceso.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la juez María Lourdes Padilla reclamó al departamento de Fernando Grande-Marlaska la prueba documental pública "sin perjuicio de resolver sobre su admisión en el acto de la vista". Al titular de Interior, la magistrada le solicita el dictamen 184/2019, del 21 de marzo de 2019, del Consejo de Estado, que se refiere a la validez y eficacia del Acuerdo entre el Ministerior y los sindicatos de Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil.
Al Ministerio del Interior, la juez le pide la copia íntegra del expediente de elaboración y tramitación del Acuerdo entre la administración y los representantes de las fuerzas de seguridad con la inclusión de los documentos y las actas de las reuniones celebradas entre ambas partes. La providencia está fechada en Madrid el 14 de septiembre.
Esta demanda, presentada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles, es referente a la reiterada inactividad que ha derivado en el incumplimiento de la cláusula tercera del Acuerdo de equiparación salarial. Dicho pacto firmado en 2018 entre el Ministerio del Interior, las Asociaciones representativas de la Guardia Civil y los Sindicatos de la Policía Nacional establece una dotación de 100 millones de euros en cada ejercicio para incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y en Reserva no ocupada. Su infracción supuso la apertura de diligencias contra el departamento de Marlaska y el proceso continúa su curso.
En esta ocasión, el Ministerio del Interior tendrá que remitir una serie de documentos con motivo de la prueba documental propuesta por AUGC. Según informa esta asociación, el recurso contencioso-administrativo se está tramitando mediante procedimiento abreviado y todas las partes implicadas están convocadas a la vista oral el día 11 de enero de 2023. En esta vista no tendría que acudir en un principio Marlaska.
"Las medidas legales adoptadas por la equiparación salarial son necesarias por tratarse de un asunto prioritario para los Guardias Civiles", apunta la AUGC. La estimación del recurso obligaría a que Marlaska tenga que cumplir la mencionada cláusula del Acuerdo.
