Un juzgado de Alcobendas investiga a Telepizza y al exconsejero delegado Jacobo Caller, entre otros, tras admitir a trámite una querella de la asociación de franquiciados de la mercantil por la alianza que alcanzó con Pizza Hut en mayo de 2018. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Alcobendas tomará declaración este viernes, al representante de los franquiciados, por un lado, y a los querellados, por otro, por un presunto delito de estafa.
Según la documentación del procedimiento, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la citación de los querellados se produce meses después de que el juzgado abriera causa por estos hechos. En concreto, se incoaron diligencias a mediados de febrero al considerar que los hechos denunciados por los franquiciados de Telepizza presentaban características que "hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
La querella en cuestión provenía de la Audiencia Nacional, órgano al que se dirigieron los querellantes para actuar contra la empresa española. Sin embargo, tanto el juez de instrucción sobre el que recayó la querella como la Sala de lo Penal determinaron que no eran competentes para investigar los hechos prescritos por los delitos de administración desleal, estafa, apropiación indebida y maquinaciones para alterar el precio de las cosas. Al respecto alegaron que no cabe concebir que los franquiciados afectados -que superan la cifra de 600- se puedan considerar como una "generalidad de personas", requisito exigido para otorgarle la competencia.
Gratificaciones de 7,18 millones de euros
Por ese motivo, la querella recaló en los juzgados de Alcobendas, que son los competentes para conocer los hechos por radicar la empresa matriz en el polígono de San Sebastián de los Reyes. En su escrito, los franquiciados denuncian que el acuerdo alcanzó la empresa española con Pizza Hut en mayo de 2018 y que supuso una integración de las respectivas marcas, fue una "burda artimaña" que ha provocado una minusvaloración de 237 millones de euros del negocio.
En concreto relatan que los querellados -entre los que se encuentra el expresidente ejecutivo de Telepizza, Pablo Juantegui-, autorizaron y aprobaron "con abuso de funciones" el acuerdo que costó 24 millones de euros. La alianza en cuestión incluía la venta de la nuda propiedad de la marca Telepizza a Pizza Hut por un precio de 10 millones. La querella precisa que la operación, que se materializó a mediados de 2021, habría supuesto una minusvaloración del negocio puesto que Telepizza Group S.A tiene valorada la marca en 247 millones de euros, según se desprende de las cuentas anuales consolidadas del grupo.
Finalizado con estas fechas aquel proceso de transmisión, el mismo se ha revelado como una burda artimaña, comenzando a actuar en favor de Pizza Hut, en sus planes de expansión en España, incumpliendo la totalidad de los acuerdos adoptados y el compromiso de mantener indemne a Telepizza
Las condiciones de esta alianza -que propiciaron la salida de Marcos de Quinto del consejo de administración de la empresa- incluyeron gratificaciones millonarias para los miembros del Consejo y la alta dirección. El escrito precisa que se anotaron 7,18 millones de euros con cargo correspondiente al año 2018. En concreto, se aprobaron unas retribuciones extraordinarias al equipo de alta dirección del grupo Telepizza (hoy Food Delivery Brands Group), que se dividieron en 5 millones de euros al equipo directivo y 2,18 millones a los miembros del Consejo.
"Despatrimonialización de Telepizza"
Los franquiciados (que son dueños del 94% de los restaurantes de Telepizza) exponen que la operación les preocupó especialmente y que, ante ello, la empresa suscribió en julio de 2018 adendas a los contratos existentes para evitar que el acuerdo con Pizza Hut ni modificara las condiciones pactadas ni acarreara la obligación de soportar la apertura de nuevos restaurantes de Pizza Hut. Se trata de unos acuerdos que, según los denunciantes, han sido "sistemáticamente incumplidos".
Por todo ello pidieron ya en 2022 a la Justicia que investigara las condiciones del pacto con Yum' Brands (matriz de Pizza Hut) puesto que consideran que la firma norteamericana lo utilizó para adquirir posición de privilegio en el mercado a través de la adquisición y despatrimonialización de Telepizza "a un precio irrisorio". Al respecto cabe recordar que Telepizza se comprometió a abrir 2.550 nuevos establecimientos en los 20 años siguientes, que operarían principalmente bajo el sistema de Pizza Hut.
Esta venta al precio reseñado se produjo en claro perjuicio al patrimonio de la sociedad, por cuanto que la propia querellada, en su informe anual de cuentas correspondiente al ejercicio 2018, valoraba la propia marca Telepizza en 247 millones de euros, generando una minusvaloración de 237 millones
La querella recoge, además, las nueve estipulaciones que los franquiciados pactaron con la empresa española para que el acuerdo con Pizza Hut no afectara a sus negocios, si bien denuncian que los mismos forman parte de una "burda artimaña" porque no se han cumplido. "Resulta así, que, de forma progresiva y encubierta, en el ánimo defraudatorio expuesto y de manera subrepticia, los actuales propietarios de Telepizza, vienen estableciendo su estrategia de desarrollo destinada a la desaparición de los franquiciados de Telepizza y en detrimento de la propia marca para, a medio plazo, establecer el dominio de Pizza Hut mediante el apoderamiento de los establecimientos de los franquiciados", expusieron.
Tras admitir a trámite la querella, la juez que instruye la causa, da un paso más y cita para este viernes a los querellantes y a los querellados para que comparezcan a las 10.30 horas de este viernes en el juzgado. Entre el segundo grupo se encuentran la empresa propietaria de Telepizza (Food Delivery Brands Group), a su antiguo ceo, Jacobo Celler; al expresidente Pablo Juantegui, y a Tasty Bidco; la cual controlaría le 84% del capital de Telepizza. Todos ellos están citados como querellados a las 10.30 horas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Alcobendas.
