Tras cinco años de espera, este jueves arranca el macrojuicio contra Glovo que afecta a más de 3.200 repartidores, que fueron dados de alta como "falsos autónomos" por la Inspección de Trabajo de 2018. Ahora, tendrá que ser un juez el que determine la situación laboral de miles de afectados.
Glovo se enfrenta a un proceso de oficio en el que se exige establecer cuál es la relación entre la plataforma de repartidores y los trabajadores: asalariados o autónomos. Un largo proceso que termina este 16 y 17 de noviembre en los tribunales y que tiene a miles de personas en "un limbo judicial" desde hace cinco años.
El juicio estaba previsto que se celebrase en noviembre de 2022, pero el Juzgado de lo Social Número 32 de Madrid decidió aplazar la vista un año por falta de documentación a petición de Glovo. Desde UGT, cuyo abogado ha sido nombrado como portavoz de la defensa de la mayor partes de los afectados, denuncian la dilatación del proceso judicial, que consideran "un abuso" hacia los repartidores.
"Es una vergüenza tener a miles de trabajadores durante cinco años esperando a un juicio sobre un asunto que ya está resuelto por el Tribunal Supremo. Simplemente, es tener a la gente bailando con problemas legales que afectan a sus vidas", critica Fernando García Pallás, coordinador de plataformas digitales de UGT y antiguo trabajador de Glovo, a Vozpópuli.
El representante sindical explica que el proceso afecta a miles de personas, muchos de ellos extranjeros que incluso ya no viven en España, que no sabes cuál es el siguiente paso a dar. Mientras la Justicia valora el caso -según explica García Pallás-, hay trabajadores que siguen pagando la cuota de autónomos, porque "Hacienda te obliga y su dejas de pagar te cierran la web", a pesar de trabajar exclusivamente para la misma empresa.
Sentencia a favor en el Supremo
El Tribunal Supremo ya se pronunció sobre este asunto, cuando en 2020 declaró la existencia de la relación laboral entre Glovo y un repartidor. El varapalo del Alto Tribunal a la empresa española, propiedad de la alemana Delivery Hero, abre la puerta a que miles de afectados, que trabajaron para plataformas de reparto antes de la entrada en vigor de la ley 'rider', sean considerados falsos autónomos.
Con la sentencia del Supremo en la mano, UGT critica que este proceso judicial lleve tantos años en la fase de instrucción: "esto debería ser un mero trámite, porque ya existe jurisprudencia al respecto". García Pallás considera "prácticamente ganado este juicio" y que, por ello, Glovo intenta lo intenta dilatar lo máximo posible en el tiempo.
El sindicato explica que este proceso de oficio que se inició en 2018 no es el único, ya que hasta el 12 de agosto de 2021 (fecha en la que entró en vigor la Ley 'rider' que regula la normativa de trabajo de los repartidores), existen otros dos calendarios fiscales que Inspección de Trabajo debe estudiar. "Al final con tantos procesos abiertos atascamos a los funcionarios", señala.
Son tantos los afectados que la vista oral prevista para esta semana no podrá celebrarse en la ubicación del Juzgado de lo Social Número 32 de Madrid, y se ha habilitado un espacio más grande en los Juzgados de Plaza Castilla.
Precariedad del sector
La Asociación Unificada de Riders (AUR) apunta que aún queda mucho por hacer. El presidente de la asociación, Fernando Roan Gómez, denuncia que con la llegada de la Ley 'rider' se ha precarizado aún más la situación de los repartidores: "Antes cobraban 5 euros aproximadamente por pedido, ahora están ganando alrededor de 2,30".
AUR defiende impulsar el modelo mixto respecto a los trabajadores de las plataformas de reparto. La idea es que dependiendo de la situación laboral los 'riders' se puedan acoger a un modelo de empleado asalariado, para aquellos que realizan una jornada parcial o completa, y que otros, que se conectan horas sueltas, puedan ser autónomos, eso sí, con sus propias tarifas.
Más de 200 millones en sanciones para Glovo
Tras la entrada en vigor de la Ley 'rider', Inspección de Trabajo multó a Glovo con 79 millones de euros y le obligó a regularizar a 10.600 trabajadores en Barcelona y Valencia. Al inicio de este año, Trabajo volvió a imponer una sanción millonaria a la empresa por valor de 56,7 millones de euros, esta vez no solo por el uso de falsos autónomos, sino por emplear a inmigrantes sin el permiso de trabajo.
En total, la plataforma acumula ya más de 200 millones de euros en sanciones. Ahora, la empresa española se enfrenta al mayor juicio celebrado en su contra, un proceso de oficio que se inició en 2018 a raíz de inspecciones llevadas a cabo tras varias denuncias en Barcelona, Valencia y Madrid.
Ante el panorama fiscal al que se enfrenta la compañía en España, Delivery Hero, propietaria de Glovo, comenzará a declarar sus cuentas trimestrales entre 30 y 40 millones de euros como "pasivo contingente", según ha informado Europa Press.
La plataforma explicó, en una presentación que acompañaba a la información de la actividad correspondiente al tercer trimestre de 2023, que ha decidido proveer con un máximo de 200 a 400 millones de euros como pasivo contingente para los dos últimos años, como medida ante las multas de la Inspección de Trabajo a la compañía.
