La juez Mercedes Alaya ha dictado un auto en el que reprocha al Gobierno andaluz el "menosprecio" a los informes de la Intervención General sobre las deficiencias en el pago de las ayudas, y extiende las irregularidades cometidas en los ERE a las empresas públicas de la Junta. Alaya indica que las memorias de la Intervención y las actas de la Comisión General de Viceconsejeros, conocida como "consejillo" y cuyas reuniones son previas a los Consejos de Gobierno, revelan "generalizados incumplimientos" por empresas públicas de la Junta respecto a las transferencias de financiación.
En el auto, al que ha tenido acceso Efe, la juez subraya el "menosprecio de los titulares de las Consejerías y, por ende, del Gobierno de la Junta, al contenido de los informes de la Intervención, pues dicho órgano de control era desoído ejercicio tras ejercicio". La juez afirma que las transferencias eran "ilícitamente utilizadas por la simplicidad de su trámite y control, para encargos de ejecución o para la concesión y pago de subvenciones excepcionales".
Los informes de la Intervención eran desoídos "ejercicio tras ejercicio", según la juez
Sin embargo, no se usaron "para lo que estaban legalmente destinadas, que era para la cobertura de sus pérdidas, en claro paralelismo con la situación analizada del IFA/Idea", subraya la magistrada. Para Alaya, ese "uso ilícito" se producía a pesar de la "recriminación generalizada" de la Intervención General de la Junta, lo que conocían los "máximos responsables de la Junta de Andalucía".
El uso inadecuado de las transferencias se extiende a "múltiples empresas públicas de la Junta" y el Gobierno tenía conocimiento de las "irregularidades", según Alaya, por las memorias elaboradas de la Intervención y al adoptar los acuerdos sobre Control Financiero Permanente.
En el auto, la juez se refiere a la declaración del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, quien dijo que hubo intentos de regular las ayudas sociales a trabajadores afectados por los ERE. Guerrero precisó que también hubo un proyecto de decreto elevado en diciembre de 2000 al "consejillo" por el exviceconsejero de Empleo Antonio Fernández, que finalmente se "guardó en un cajón".
En su lugar, añade la juez, se firmó el acuerdo marco de julio de 2001, que supuso el "pistoletazo de salida a la firma de múltiples convenios particulares entre la Consejería de Empleo, que concedería las ayudas o subvenciones a través de la Dirección General de Trabajo, y el IFA, a quien se le encargaría el pago de las ayudas".
La juez alerta de la paradoja que supone informar a la comisión de viceconsejeros de una ayuda de 528,62 euros para la contratación de una funcionaria interina y que, sin embargo, no se abordaran ayudas millonarias a otras empresas.
En el auto, Alaya organiza un nuevo calendario para testigos los días 29 de abril, 18 y 19 de mayo, y de 25 imputados por las ayudas de la Sierra Norte, cuya declaración se aplazó y se fija entre el 11 y el 14 de mayo.
