El edificio donde se asientan los juzgados de lo social en Madrid está en la Plaza de los Cubos, muy próxima a la Plaza de España de Madrid, y por él circulan a diario más de 3.000 personas entre jueces, abogados, funcionarios de Justicia y público en general. No hay un solo médico para atender accidentes, ni tampoco desfibriladores para evitar posibles paradas cardiorrespiratorias, a pesar de que los 41 magistrados de esta especialidad que trabajan en la finca los han reclamado por activa y por pasiva a la directora regional de Justicia, Beatriz Grande.
La única visita de la directora general de Justicia al edificio de los juzgados coincidió con la demanda de Bárcenas por despido improcedente
Los temores se cumplieron el martes cuando Ángel Luis del Olmo, magistrado del juzgado 25, subió en el ascensor para llegar a su despacho, donde tenía pendiente la celebración de 18 juicios. Al llegar al rellano, cayó desplomado sin que un médico de paso que iba a acudir a una vista ni un grupo de funcionarios pudieran reanimarle. Al caos se sumó que el Samur tardó en llegar 40 minutos debido a la dificultad para acceder al edificio.
El fallecimiento del magistrado ha puesto en pie de guerra a los jueces de lo social y también a los titulares de los juzgados de lo civil que se acumulan en el mismo edificio, ya que han solicitado sin éxito en repetidas ocasiones a la consejería de Justicia de la comunidad que ponga remedio a la ausencia total de medidas de emergencia para hacer frente a este tipo de sucesos.
Por el edificio de los juzgados circulan a diario más de 3.000 personas y no hay ni médico ni desfibrilador para atender a paradas cardíacas
En los pasillos de los juzgados se comentaba ayer que la única ocasión en que la directora regional que tiene las competencias para mejorar las instalaciones de seguridad y la implantación de los planes de emergencia en el edificio ha aparecido por el mismo fue el pasado febrero, poco después de que Luis Bárcenas presentara una demanda contra el PP por despido improcedente en la que reclama el pago de 900.000 euros. La coincidencia de esta visita hizo que entre los funcionarios se extendiera la sospecha de que la directora general acudió a los juzgados a interesarse, precisamente, por la tramitación de la demanda, que no se verá en juicio hasta dentro de un año.
