JxCat ha sido la única fuerza política que ha expresado sintonía con la propuesta de reforma del reglamento del Parlament que permitiría blindar -en caso de ser procesada por corrupción- a la presidenta de la cámara catalana, Laura Borràs, hasta que hubiese una hipotética condena firme.
Los servicios jurídicos del Parlament han elaborado una propuesta de reforma del reglamento -entregada este martes a la Mesa- que permitiría a Borràs mantener su escaño ante una eventual apertura de juicio oral o ante un procesamiento judicial contra ella.
El pasado mes de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó proseguir con la investigación que el Tribunal Supremo abrió a Borràs por la presunta adjudicación irregular de contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, justo antes de su salto a la política a finales de 2017.
El informe, titulado "Propuestas jurídicas y técnicas de reforma del reglamento", consta de 244 páginas e incluye una sugerencia que podría ser clave dada la situación personal de Borràs: en la sección dedicada a las "causas de suspensión de los derechos y deberes parlamentarios", sugiere la modificación del artículo 25 del reglamento de la cámara para eliminar el apartado 4.
Este apartado -que quedaría suprimido- establece que "en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlament, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento de ello, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata".
La portavoz parlamentaria de JxCat, Mònica Sales, ha puesto de relieve que el informe de los letrados señala que este artículo -que en su día votó Junts pel Sí- es "inconstitucional", por lo que ha pedido al resto de grupos que "no hagan un uso partidista" de ello y "se avengan a hacer posible un reglamento del siglo XXI".
La propuesta de los letrados parece tener nulas posibilidades de prosperar, ya que no tiene ni tan solo el apoyo de las demás fuerzas independentistas, que podrían darle la necesaria mayoría absoluta.
La portavoz de ERC, Marta Vilalta, se ha mostrado favorable a reformar el reglamento para "modernizar el funcionamiento de la cámara", pero ha advertido de que el cuestionado artículo 25 fue "consensuado" en 2017 para "garantizar el compromiso de la lucha contra la corrupción" y sigue siendo un "mecanismo necesario", aunque se pueda debatir su posible "mejora".
Desde la CUP, Eulàlia Reguant ha dicho que los letrados "han ido mucho más allá de lo que les corresponde" y ha recalcado que el artículo 25, que fue incluido a propuesta de la CUP, "debe quedar en el reglamento tal y como está redactado en la actualidad" y "no se toca", porque es "una herramienta para luchar contra la corrupción".
El resto de la oposición tampoco apoya la propuesta de los letrados, empezando por la portavoz de PSC-Units, Alícia Romero, que ha advertido de que su partido no avalará ninguna reforma "de parte" que tenga como finalidad blindar a Borràs.
El portavoz de Vox en el Parlament, Juan Garriga, ha acusado a Borràs de querer llevar a cabo "una reforma ad hoc" del reglamento "para salvar su cabeza", mientras que el líder parlamentario de Cs, Carlos Carrizosa, la ha acusado de querer quitar "la palabra corrupción" para así "poder atrincherarse a su escaño".
Tampoco los comunes han suscrito la propuesta, porque, según David Cid, Borràs pretende impulsar una reforma "a la carta" en beneficio propio.
El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha pedido a Borràs que deje "inmediatamente su cargo" porque no se ajusta al "listón ético" que fijaron los propios independentistas en el reglamento.
