Hace tiempo que los españoles viven de espaldas a la política. La desafección de los ciudadanos hacia sus representantes marca por completo el 46 cumpleaños de la Constitución Española, que se conmemora este viernes 6 de diciembre. Para buena parte del país, el aniversario del referédum constitucional de 1978 es sinónimo de puente vacacional. Pero poco más. Las calles de Madrid colapsan por los cortes de tráfico, no por el fervor de la gente ante la efeméride. Y no debe sorprender, porque el cabreo con los políticos es morrocotudo. El último barómetro del CIS, del mes de noviembre, situó la política como principal problema.
No es casualidad tras la desastrosa gestión inicial de la tragedia de Valencia. El Estado está especialmente debilitado y cuestionado desde entonces. Las administraciones responsables de lidiar con la catástrofe -el Gobierno central y la Generalitat valenciana- se perdieron al principio en una maraña competencial y en una refriega de responsabilidades y relatos de ida y vuelta mientras los ciudadanos achicaban lodo, buscaban desaparecidos y lloraban la pérdida de los más de dos centenares de fallecidos que provocó la gran riada del 29 de octubre. La indignación estalló en Paiporta, cuando decenas de españoles lanzaron barro y escupieron insultos al Rey, al presidente del Gobierno y al presidente de la Comunidad Valenciana, el popular Carlos Mazón.
Los problemas políticos fueron mencionados por el 23,8% de los encuestados del CIS -5,2 puntos más que en octubre-. Y es la segunda mayor marca del año tras el 24,3% del pasado mes de enero. Para más inri, la sospecha de la corrupción sobrevuela de nuevo el Congreso de los Diputados entre titulares de prensa recién salidos de los tribunales y de los informes de la Guardia Civil. Este nuevo capítulo del gran libro de la deshonestidad política lo firma el PSOE, acorralado por el 'caso Ábalos' y por la investigación judicial a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y aunque aún no ha habido juicios ni mucho menos sentencias, el partido del gobierno está sumido en una sombra turbia, como reconocen algunos de sus rostros más visibles.
La percepción generalizada es que se volvió a colar un 'aprovechado' para lucrarse a costa del poder. El triángulo que conforman el exministro José Luis Ábalos, su exaseor Koldo García y el comisionista de la trama, el empresario Víctor de Aldama, amenaza con llevarse por delante la credibilidad del ejecutivo socialista de Pedro Sánchez, que arribó en 2018 en Moncloa tras la primera moción de censura exitosa de la democracia al Gobierno de Mariano Rajoy por otra trama corrupta. Toma ironía. Todo esto ha socavado por completo la confianza y la credibilidad de la tarea pública, que se ha desmoronado de nuevo a golpe de noticia.
Los políticos son el centro de todas las iras. Y temen que la situación sea dificilmente reversible. El deterioro del sistema español, atrapado desde hace años en un enjambre de polarización, crispación y desconfianza en las instituciones, es evidente. La cita de este viernes en el Congreso de los Diputados, a la que faltarán de nuevo los socios independentistas del PSOE, servirá de nuevo para dejar constancia de que el espíritu de concordia y entendimiento que poseyó a los constituyentes es cosa del pasado. España está, cuatro décadas después, separada por un muro levantado ladrillo a ladrillo por sus extremos y a cuyo levantamiento ha contribuido enormemente el propio Sánchez, que también recurre a la estrategia de la polarización.
Al líder socialista le sirvió el grito "que vienen los ultras" cuando convocó las elecciones generales de julio de 2023. Pero ha pasado un mundo desde entonces. Ni si quiera la ley de amnistía -la llave que permitió a Sánchez seguir en Moncloa gracias al pacto con Carles Puigdemont- y que al PSOE le gusta decir que nace de la voluntad de concordia de la Transición es fruto del consenso entre la totalidad de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Se trata, una vez más y como ha sido habitual en la historia constitucional española, de la imposición de una parte del país sobre la otra.
El presidente del Gobierno, asediado políticamente y en su momento de mayor debilidad, se defiende a golpe de descalificación a la Prensa y a la Justicia, a los que achaca el papel de colaboradores necesarios de la oposición. Los socialistas dicen ser víctimas de una trama del odio, de una cacería humana despiadada. Pero de puertas para fuera, ni un ápice de autocrítica. Todo lo que se publica son bulos y falsedades, dicen. Y la responsabilidad por la trama enraizada en el Ministerio de Transportes se queda en Ábalos. Esa es la cabeza que el PSOE aceptó cortar. Y eso que el dedo de Víctor de Aldama apunta alto. El comisionista dejó sentenciada a la recién elegida plana mayor del partido: desde Santos Cerdán a María Jesús Montero, pasando por algunos de los ministros más importantes del Ejecutivo. Por el momento faltan pruebas, pero dice tenerlas. Los españoles parecen cansados de escandalizarse.
