El pasado 19 de diciembre el Congreso de los Diputados aprobó la ley estrella de Félix Bolaños con la que se planea una gran reforma del sistema judicial. La norma impulsada por el Gobierno pretende acabar con los juzgados unipersonales e impulsar los tribunales de instancia. Una medida que plantea serias dudas entre la mayoría de la judicatura que exige al Ejecutivo una mayor dotación presupuestaria para evitar la saturación de la Justicia. 

Entre las líneas maestras de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia se encuentra la creación de los llamados "tribunales de instancia", un órgano colegiado ideado para aglutinar a todos los juzgados unipersonales y de primera instancia de cada partido judicial bajo una única organización. Otras de las medidas aprobadas por el Congreso, aun con el veto del Senado a la totalidad de la norma, es la creación en todos los municipios de Oficinas de Justicia o la adjudicación de nuevas competencias a los juzgados de Violencia sobre la Mujer. 

Además de mostrar cierta inquietud ante una norma que cuenta con algunos aspectos importantes aún por definir, las asociaciones jueces exponen su descontento ante su entrada en vigor sin una dotación presupuestaria. Además, ven "imposible" que las medidas aprobadas por el Gobierno puedan implementarse con normalidad en un plazo de 18 meses si el Ejecutivo no desarrolla con mayor detalle algunos de los puntos relacionados, sobre todo, con el reparto de asuntos entre los magistrados y jueces que compartan una misma oficinal judicial. 

La magistrada María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, denuncia en Vozpópuli que la puesta en marcha de la norma sin medios económicos que la acompañen va a provocar una mayor sobrecarga de trabajo en los jueces y magistrados. "Ante esta nueva situación, cuando hablas de la acción de órganos judiciales o ampliar plazas de jueces, la respuesta que te dan desde el Ministerio en muchas ocasiones es que, ahora, con estos 'juzgados de instancia' esto se va a solucionar. Pues no se va a solucionar... La realidad es que ante el aumento de la litigiosidad el sistema se sostiene gracias al sobreesfuerzo permanente de los jueces", sentencia. 

En la misma línea, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria critica que la nueva creación de estos 'juzgados de instancia', lo que entiende como un "cambio cosmético", provocará la proliferación de un "maremágnum de funcionarios" para atender a diferentes magistrados. "Hay una tendencia evidente en la ley que pasar por convertir al juez en un funcionario más. Y esto siendo un poder del Estado, me preocupa", sentencia Sergio Oliva. 

Sobre la dotación de medios económicos, el portavoz de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, arremete contra el "imaginario de la clase política" que no entiende lo que conlleva traspasar lo escrito sobre el papel a la realidad, en ese sentido, hace énfasis en la necesidad de invertir mejor el dinero destinado a la Justicia en España. "Evidentemente, las cosas no se solucionan solo con cambiar el nombre y mover los muebles de sitio, sino que esto se quedará en otra ocurrencia del Gobierno", sentencia.

Por su parte, la asociación de Juezas y Jueces por la Democracia pide una "fuerte inversión" para cumplir con las previsiones de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. En concreto, exige al Gobierno facilitar un incremento del número de juezas y jueces para "la progresiva puesta en marcha de los tribunales de justicia". Según su portavoz Edmundo Rodríguez, en la administración de justicia hay un “cuello de botella”, “que es el número de integrantes del Poder Judicial” que hay que ampliar. Entiende que con esta nueva norma puede remediarse “con una amplia convocatoria para 2025 del número de plazas para ingresar en las carreras judicial y fiscal”, de modo que “se dote suficientemente a los nuevos tribunales de instancia”. 

El portavoz de AJFV va un paso más allá y critica no sólo la falta de medios económicos sino la deficiente redacción de alguno de los puntos más cruciales de la norma. En lo referente a la implementación de las oficinas judiciales, Oliva detalla que existen clausulas "muy abiertas" y aún sin definir, lo que va a provocar el nacimiento de "múltiples dificultades interpretativas, en el reparto de asuntos entre los magistrados y jueces". 

Este podría ser el caso de los jueces especializados en violencia de Género a los que la ley otorga nuevas competencias. La norma incluye lo ya recogido en la ley del 'si es sí' -la norma estrella de Irene Montero- y por la que los juzgados de Violencia sobre la Mujer sufrirán importantes cambios a partir del próximo verano. Según los expertos, el texto legislativo impulsado por los de Sánchez provocará una importante sobrecarga de trabajo en muchos de estos juzgados. En concreto, la nueva ley que será aprobada en el BOE este mes de enero estipula que estos juzgados tienen que acoger la instrucción de delitos contra la libertad sexual.

Gran pacto de Estado

Magistrados y funcionarios alertan de que la nueva ampliación de competencias en las Secciones de Violencia sobre la Mujer puede provocar el "colapso total" de varios juzgados que por naturaleza ya cuentan con una importante carga de trabajo. Las voces consultadas por Vozpópuli denuncian que desde el punto de vista práctico para ampliar las competencias a instrucciones complejas, como por ejemplo aquellas relacionadas con la trata de mujeres para la explotación sexual, se necesita dotar a los juzgados de más medios. 

La norma estrella de Félix Bolaños ha sido la última aprobada 'in extremis' por el Congreso, después de que el Senado diera luz verde a la enmienda a la totalidad impulsada por el PP. Una nueva ley que será publicada en el BOE sin el visto bueno de la Cámara Alta.

En este sentido, la portavoz de la asociación mayoritaria de jueces, María Jesús del Barco, matiza que la norma contiene muchas medidas necesarias para reformar y agilizar el sistema judicial en nuestro país y critica que la mayoría del Senado liderada por los 'populares' haya optado por decir 'no' a la totalidad de la norma sin trabajar en nuevas enmiendas para mejorar el texto. "Sería necesario un pacto por la Justicia, un gran pacto de Estado de los grandes partidos, del Partido Popular y del Partido Socialista. Pero ni uno ni otro están dispuestos a tratarlo. Esa es la triste realidad que tenemos", sentencia. 

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