La posibilidad de que se aplacen las elecciones catalanas no solo enfrenta a unos partidos con otros, sino que también ha suscitado discrepancias entre líderes de la misma formación. La candidata de JxCat, Laura Borràs, no quiere que se demore la votación, prevista para el 14 de febrero, mientras que Carles Puigdemont sí que estaría abierto a retrasar los comicios.
La razón de fondo para que la presidenciable de JxCat intente mantener la fecha electoral, explican las fuentes consultadas por Vozpópuli, es evitar la reactivación de la causa que tiene abierta en el Tribunal Supremo, donde se le atribuyen los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude en su etapa como directora de la Institució de Les Lletres Catalanes (ILC).
Más allá de los criterios sanitarios, que determinarán la decisión del Govern, cada partido tiene motivos políticos, o incluso partidistas, para decantarse por una decisión u otra. El expresidente catalán huido a Waterloo considera que esperar podría ayudarles a recortar distancias con ERC, pero Borràs teme que una demora pueda conllevar que la campaña electoral coincida con algún movimiento en la causa que tiene abierta en el Tribunal Supremo.
Las fuentes jurídicas consultadas por este medio explican que los tiempos del procedimiento todavía no están fijados -y menos con los retrasos que ha habido en el ámbito judicial por la irrupción de la covid-19 así como la nevada en Madrid, que ha obligado a imponer el teletrabajo en el Alto Tribunal-. No obstante, los ritmos iban a impedir que Borràs fuera juzgada antes del 14-F. Pero en caso de que se cite a las urnas a los catalanes en mayo o más tarde, tal y como avanzó Vozpópuli, volvería estar en el radar del Supremo, ya que por su condición de aforada es el único tribunal competente para juzgarla.
Por contra, el hecho de que la líder del centroderecha nacionalista pase de portavoz en el Congreso a diputada autonómica en el Parlamento catalán deriva el procedimiento judicial al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La todavía portavoz en la Cámara baja se negó a declarar el pasado 22 de julio cuando fue citada por el Supremo y prefiere que la causa vuelva a los tribunales catalanes.
En este sentido, su condición como diputada autonómica -o incluso presidenta de la Generalitat en caso de ganar las elecciones- arrebataría al Supremo la causa. Y aunque posteriormente fuera también condenada por el TSJC, lo podría hacer en calidad de presidenta autonómica -como hizo en su momento Quim Torra- y volver a alimentar el discurso de la "represión del Estado" contra el movimiento independentista.
Campaña electoral
Pero antes de llegar a este escenario, su objetivo prioritario es que su frente judicial quede fuera de la campaña electoral. Y esto solo lo puede conseguir si las elecciones se mantienen y el inicio de campaña no se traslada más allá del 29 de enero.
Una vez se acuerda la apertura del juicio oral, sin embargo, se constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento. Incluso si con posterioridad a esa fecha se ha perdido la condición de aforado. En este sentido, ya no habría marcha atrás y la líder de JxCat debería declarar en el Supremo sin posibilidad de que el juicio se traspasara al TSJC.
Hasta ahora Borràs intenta mantener fuera del debate público sus problemas con la justicia. El cambio de paradigma que se ha producido en Cataluña debido a la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas, no obstante, ha provocado que una parte del independentismo valore tener al frente de la Generalitat a un candidato que no pueda estar sujeto a una inminente inhabilitación, como podría ser el caso de Borràs.
La gestión de los fondos europeos y la recuperación económica son dos asuntos que marcarán la agenda política en los próximos meses. Y ante esta coyuntura, Borràs parece un perfil menos idóneo, ya que es partidaria de recuperar el plan rupturista con todas las consecuencias.
Contratos irregulares
El juzgado de instrucción 9 de Barcelona transfirió en noviembre de 2019 el procedimiento judicial contra Borràs al Supremo. Se le acusa de haber favorecido la adjudicación de múltiples contratos irregulares al informático y amigo íntimo Isaías Herrero, durante los cuatro años que permaneció al frente de la ILC, entre 2013 y 2017.
La candidata efectiva de Puigdemont siempre ha mantenido que es víctima de una "persecución judicial". Entre las pruebas aportadas por la acusación, se hallan varios correos electrónicos en los que Borràs habría explicado cómo fraccionar los contratos para eludir el concurso público. Por su parte, la defensa de la dirigente nacionalista solicitó un peritaje informático de los trabajos adjudicados al informático y una serie de pruebas que forman parte de las diligencias que ya ha iniciado el tribunal.
