El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el voto de su presidente Carlos Lesmes incluido, ha aprobado este viernes por una exigua mayoría de diez votos a favor un informe moderadamente crítico con la reforma de la ley del aborto pero que no llega a pedir la retirada de la misma, como pretendía casi la mitad de los vocales.
Los miembros del CGPJ que consideran la reforma precipitada o que directamente piden su retirada han votado de manera dividida, lo que ha permitido la aprobación de un informe que no avala pero tampoco tacha por completo la propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
El informe de la vocal Pilar Sepúlveda, que pedía la retirada de la reforma, ha recibido ocho votos a favor. El CGPJ ha celebrado un pleno extraordinario para votar sobre el informe, preceptivo pero no vinculante, que este órgano de gobierno de los jueces ha hecho sobre la reforma de la ley del aborto.
Mercè Pigem y Enrique Lucas (propuestos por CiU y PNV respectivamente) y Fernando Grande Marlaska (propuesto por el PP) se han abstenido porque creen que el Ejecutivo debería haber esperado para reformar la actual legislación sobre el aborto a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la misma. Así, cabe decir que once miembros del CGPJ consideran inoportuna o directamente piden la retirada de la reforma, aunque al haber votado de manera dividida, no han sumado mayoría suficiente.
En todo caso, es cierto también que el CGPJ en su conjunto coincide en solicitar al Ejecutivo determinados cambios que están incluidos en las dos ponencias votadas este viernes, aunque la segunda, la más crítica, no haya logrado imponer sus reproches al anteproyecto.
Por ejemplo, respecto al supuesto de anomalía fetal incompatible con la vida, es decir, el aborto eugenésico, ambas piden que sea legal aunque no se demuestre que esté afectada la salud psíquica de la madre, al entender, en palabras de Llombart, "que en ese caso no existe conflicto entre los derechos de la embarazada y la protección del concebido".
Asimismo, el informe definitivamente aprobado considera suficiente que los informes médicos exigidos por la reforma antes de la interrupción voluntaria del embarazo sean emitidos por dos médicos distintos del que practique el aborto, sin que sea preciso acudir a un facultativo externo al centro.
Tanto Llombart como Sepúlveda abogan por que la norma garantice que los centros públicos y privados autorizados para la práctica de abortos "dispongan de personal que no ejerza su derecho a la objeción de conciencia".
Mercè Pigem y Enrique Lucas se han abstenido porque creen que el Ejecutivo debió esperar a la decisión del Constitucional sobre la ley vigente y recomiendan al Gobierno que "se replantee la conveniencia de aprobar una nueva norma en una materia tan sensible, modificando un sistema como el vigente que presenta un alto grado de aceptación por la ciudadanía, y que no ha arrojado un saldo negativo en su aplicación".
Otro vocal, Fernando Grande-Marlaska, ha aludido en sus alegaciones que le han llevado a desmarcase de la mayoría conservadora a la que pertenece debido a ser también favorable a esperar a la sentencia del TC por razones de seguridad jurídica.
