El empresario Alberto Luceño ha alegado ante el juez del caso de las mascarillas que no puede atender la fianza de 4 millones de euros que le impuso el magistrado, más allá de los bienes y cuentas ya embargados, aunque se compromete a atender esa solicitud "tan pronto disponga de patrimonio". En un escrito remitido el titular del Juzgado de Instrucción número 47, al que ha tenido acceso EFE, la defensa del empresario comunica "muy respetuosamente" al magistrado "la imposibilidad del Sr. Luceño de atender a la fianza impuesta, sin perjuicio de los bienes y saldos en cuentas corrientes ya embargados, si bien, tan pronto se disponga de patrimonio se atenderá a la solicitud".
El juez Adolfo Carretero dio el pasado 3 de mayo un plazo de 48 horas a Alberto Luceño, investigado junto a Luis Medina por una posible estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario, para que abone 4.023.966,94 euros que le quedan por asegurar de fianza. En el mismo auto rechazó imputarle un delito de alzamiento de bienes -que sí pesa sobre Medina- ni un delito fiscal, como pedía alguna acusación.
Según el magistrado, hasta el momento solo ha podido ser embargado a Luceño un inmueble valorado en 1,1 millones de euros, diversos vehículos valorados en 946.136,66 euros y el saldo de cuentas corrientes por un importe de 129.140,70 euros. Por ello y teniendo en cuenta que el importe de sus responsabilidades pecuniarias alcanza 6,2 millones, el juez fijó para él una fianza de 4 millones, como pedía el fiscal, que debía abonar en un plazo de 48 horas.
Declaración de Collado
En relación con este caso el magistrado ha dictado este miércoles una providencia en la que suspende la declaración prevista para el día 9 de Elena Collado, la responsable municipal que cerró los contratos con los empresarios investigados. Collado estaba citada como testigo pero, al haber pedido el Grupo Mixto que sea citada como investigada, el juez pide a las partes que se pronuncien sobre si esta funcionaria debe ser citada como testigo o como imputada.
La responsable de Compras del consistorio en el inicio de la pandemia fue la persona que negoció con Luceño la compra de mascarillas, guantes y test anticovid en un momento en el que el mercado estaba "roto" por la escasez de oferta. En su declaración ante el fiscal, manifestó que entendía que Medina y Luceño querían ayudar a Madrid con su ofrecimiento para traer material sanitario y afirmó que si hubiera sabido que buscaban cobrar comisiones, lo hubiera llevado a la Policía.
