El magistrado Adolfo Carretero descarta imputar en el 'caso mascarillas' al gerente de la empresa municipal que firmó el contrato con una mercantil asiática. El instructor descarta la petición de las acusaciones del procedimiento -que pedían su investigación por delito de falsedad documental- e insiste en que el consistorio madrileño no ocultó pruebas sobre este pelotazo a la Justicia. Con todo, sí ha suspendido la citación prevista para este lunes de la responsable de Compras del Consistorio, Elena Collado, ante la petición de algunas acusaciones de imputarle en el procedimiento.
Así consta en sendos autos a los que ha tenido acceso Vozpópuli y en los que se pronuncia sobre varias diligencias pendientes. Así, en lo que respecta al papel del gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios, Fernando Sánchez, el juez adopta el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y se niega a imputarle en el procedimiento alegando que no hay indicios que apunten a que cometiera delito de falsedad en documento público y obstrucción a la Justicia.
El magistrado admite que las primeras cartas de encargo aportadas en relación a este contrato para el suministro de mascarillas son diferentes pero no porque se modificaran con alguna intención. Al respecto el Ayuntamiento explicó que, por un lado se enviaron desde la empresa municipal a finales de 2020 las cartas de encargo que sirvieron para ejecutar los tres contratos sobre el suministro de mascarilla y, por otro, el Ayuntamiento aportó en abril el resto de documental relativa a estos tres contratos. Esta es la misma que se distribuyó a la Junta de Gobierno.
Los grupos políticos conocían las cartas de encargo de los contratos y su contenido, pues las aprobaron por unanimidad en el Consejo de la Funeraria
"Sí constan diferencias en las cartas de encargo, como resulta de su lectura literal,, ninguna de ellas afectan a elementos esenciales de los documentos, cuya fecha, identidad de firmas y contenido coincide", reza el juez en su auto. Además, también descarta una posible obstrucción a la Justicia al apuntar que consta que las modificaciones que hizo el gerente de esta empresa pública se hicieran "con objeto de dificultar las investigaciones de la Fiscalía ni ocultar su contenido al Ayuntamiento.
Contrato conocido por los grupos
Al respecto Adolfo Carretero precisa que los grupos políticos "conocían las cartas de encargo de los contratos y su contenido" puesto que las "aprobaron por unanimidad en el Consejo de la Funeraria", tal y como avanzó Vozpópuli. Por todos esos motivos declina ampliar la imputación al gerente de la Empresa Funeraria y mantiene como investigados a Alberto Luceño y Luis Medina, los dos comisionistas de este contrato contra los que se querelló la Fiscalía Anticorrupción.
No obstante, hay dos personajes clave en la causa cuya imputación han pedido las acusaciones a la espera de que el magistrado se pronuncie sobre ello. Uno es Carlos Martínez-Almeida Morales, primo del alcalde de Madrid, y la otra la responsable de Compras del Ayuntamiento, Elena Collado. En lo que respecta al primero de ellos, el juez todavía no le ha citado. Está a la espera de recabar criterio de todas las partes para que se pronuncien sobre si le llama como testigo o bien como imputado; especialmente después de que así lo pidieran formaciones como Podemos.
En lo que respecta a Collado, el instructor le había citado como testigo para este lunes. Esta alto cargo del Ayuntamiento fue la que medió entre Alberto Luceño y la empresa funeraria y la que gestionó la recepción de las mascarillas, guantes y test adquiridos por 11 millones de dólares a la empresa Leno. El sumario de la causa recoge infinidad de conversaciones con Luceño para traer el material a España.
La citación de Collado, en el aire
Cuando descubrió que la calidad de los guantes y de los test no era la esperada, le dijo a Luceño que creían que les habían estafado en un momento de especial necesidad por el pico de la pandemia. El consistorio siempre ha defendido que fueron víctimas de este contrato y que nunca supieron que Luceño y Medina se embolsaron cinco y un millón de dólares respectivamente en comisiones por mediar en este pelotazo.
Sin embargo, una acusación solicitó que se le imputara en el procedimiento por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación además de cooperación necesaria en el caso de la estafa. El magistrado, que le había convocado para el próximo lunes junto con otros testigos, ha decidido dejar en el aire esta convocatoria y ha pedido a las partes del procedimiento que se pronuncien en relación a si debe mantenerle la condición de testigo o, por el contrario, imputarle en el procedimiento.
