La Audiencia Nacional ha aceptado las medidas cautelarísimas solicitadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el recurso presentado contra las medidas sanitarias aprobadas por el Ministerio de Sanidad, acordando su suspensión en el ámbito de la región.
De esta forma quedan suspendidas, por el momento, las nuevas limitaciones aprobadas entre Sanidad y las comunidades autónomas, con el voto en contra de seis regiones, en el consejo Interterritorial del pasado 2 de junio.
En el escrito presentado, la sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia suspende, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid, la ejecutividad de las medidas relacionadas con los locales de ocio nocturno y discotecas, la hostelería y la restauración y los eventos y actividades multitudinarias no ordinarias. Además, concede un plazo de tres días a la Administración General del Estado "para que pueda presentar alegaciones y tramitar la pieza de medidas cautelares".
El Tribunal considera que, a la vista de la concurrencia de dos intereses públicos en conflicto, uno el que representa la Administración del Estado y otro el que alega la Comunidad Autónoma de Madrid, en este momento ante la eventual suspensión de la Orden Comunicada en el ámbito de la Comunidad de Madrid, el primero no sufre riesgo apreciable.
“Por el contrario, consideramos que el interés público que alega la Comunidad Autónoma está más necesitado de protección cautelar urgente en este momento procesal”, aseguran los magistrados, que consideran que “si no se adoptara ahora la medida cautelarísima, y se esperase a la adopción de una medida tras la tramitación ordinaria de la pieza separada de medidas cautelares, el escenario de incertidumbre se vería seriamente agravado y perjudicado si se admite un cambio en el nivel de restricciones".
"Se generarían así tres niveles distintos de restricción en un lapso temporal breve, lo que no es fácilmente justificable para el ciudadano, destinatario último de la protección pública ínsita en la discusión que nos ocupa”, añade la Audiencia.
En todo caso, agrega, "nos parece que la seguridad jurídica, en este caso, concentra un interés público especialmente intenso, de tal suerte que su protección momentánea revela un interés cualificado, que denota la urgencia y necesidad de la medida cautelarísima y la justifica”, zanja.
Ante esta situación, el ministerio de Sanidad se muestra ahora partidario de buscar alternativas lo más consensuadas posibles con las comunidades autónomas si finalmente la justicia tumba las restricciones al ocio nocturno y la hostelería que entraron en vigor el pasado viernes y que la Audiencia Nacional ha paralizado en la Comunidad de Madrid.
"El Ministerio busca consenso y trata de evitar la judicialización del proceso; sería una pena que vaya a depender de las autoridades judiciales porque no hayamos encontrado alternativas suficientes", ha resaltado en su habitual rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Así ha respondido al ser preguntado por las alternativas que baraja Sanidad después de que la Audiencia Nacional haya suspendido de forma cautelarísima la aplicación en la Comunidad de Madrid de las restricciones acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud el pasado miércoles y publicadas el sábado en el BOE.
Recurso de Ayuso contra las restricciones
La Comunidad de Madrid se había convertido este lunes en la primera región en recurrir las normas que se aprobaron entre Sanidad y las comunidades autónomas en el consejo Interterritorial, con el voto en contra de seis comunidades.
Tal y como había asegurado este lunes por la mañana la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, su Gobierno había presentado un recurso "contra las normas frente a la covid que el Ejecutivo de Sánchez quiere aplicar en Madrid". "Son arbitrarias y atentan contra el sentido común e interés de los madrileños (…) Para seguir arruinando a la gente que no cuenten conmigo", había indicado Ayuso.
En el comunicado de la Comunidad se señalaba que se han solicitado medidas cautelarísimas. Sin embargo, según se explicaba en el escrito, aunque la impugnación de la orden pretende su "íntegra anulación", "la pretensión cautelar deducida se refiere a la suspensión de las medidas que causan un daño inmediato, irreparable e insubsanable".
Medidas "sin razón alguna"
El Ejecutivo regional que lidera Isabel Díaz Ayuso asegura que, con esta decisión, a la que Madrid, Galicía, País Vasco y Andalucía se han opuesto, se sume a los ciudadanos en "un régimen de medidas voluble, impuesto sorpresivamente sin razón alguna".
Según el documento, las nuevas medidas "sustituyen de un día para otro la regulación existente" y esto provoca "una afrenta clara a la seguridad jurídica".
Según el equipo de Díaz Ayuso, las nuevas medidas "sustituyen de un día para otro la regulación existente" y esto sería causante de "una afrenta clara a la seguridad jurídica".
En el documento, la Comunidad de Madrid indica que la declaración de actuaciones coordinadas "se encuentra viciada ante el hecho incuestionable de no haber sido adoptada por consenso en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud".
