Ni los líderes del partido ni los secretarios generales conocen los entresijos de la contabilidad, una cuestión ingrata a la que casi ninguno quiere asomarse. "Los presidentes y los secretarios generales no se dedican a eso". Esta es, en esencia, la frase que resume la posición de Mariano Rajoy en petit comité cuando se le interroga sobre el grado de responsabilidad que unos y otros pueden tener respecto a las cuestiones de tesorería y gerencia, en general, y de donaciones anónimas, en particular, cuestión por la que se interesa el juez Ruz y que ha llevado a dar el visto bueno a la declaración, como testigos, de María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y de Francisco Álvarez-Cascos. La única excepción es la de Ángel Acebes, secretario general del PP entre los años 2004 y 2008 y coordinador del partido entre 1996 y 1999, cuya petición de comparecencia no cursó Izquierda Unida pero sí Manos Limpias, y que está pendiente de respuesta.
La decisión de citar a Arenas no pilló del todo desprevenido al vicesecretario de política local y autonómica, que en declaraciones a Vozpópuli admitió que "no se trata de una gran sorpresa", a pesar de que Ruz había seguido hasta ahora los criterios de la Fiscalía, que había rechazado su comparecencia. "Acudiré a responder a lo que me pregunte el juez", sin dejar de poner el acento en que lo hará en calidad de testigo. Ahora bien, no sólo deberán responder a la curiosidad de Ruz, sino también de los abogados de las partes, interesados asimismo en saber si ha habido sobresueldos en dinero B, según los papeles del extesorero.
A tan sólo dos días de trascendental comparecencia de Rajoy ante los diputados en la sede del Senado, se conoce que Arenas y Álvarez Cascos desfilarán por la Audiencia Nacional el día 13 y Cospedal, el día 14. Fuentes populares aseguran que la decisión no tiene por qué afectar al debate del jueves, aunque es evidente que da más munición a la oposición en su exigencia de explicaciones al presidente del Gobierno.
La actual secretaria general del PP y el vicesecretario de Política Local y Autonómica han decidido renunciar al privilegio que les permitía que se les dedujera testimonio en sus respectivos despachos, una por ser presidenta autonómica y, el otro, senador. Pero "por respeto a la institución", según fuentes cercanas a Cospedal, habrá foto de ambos traspasando la misma puerta que el pasado 15 de julio atravesó Bárcenas para crucificar al que fue su partido durante más de treinta años.
En principio están llamados a declarar sobre la recepción de las donaciones anónimas aunque los abogados de las partes se interesarán sobre si han recibido dinero en B
La citación de la 'número dos' popular ya estaba prevista en su agenda a falta de poner fecha. Que la Fiscalía hubiera aceptado su comparecencia para explicar "el procedimiento de recepción de las donaciones anónimas percibidas por el partido", permitía vaticinar que el juez Ruz daría luz verde a la misma. Sin embargo, no era así en el caso de Arenas y de Cascos, porque la Fiscalía entendía que el periodo en que ambos fueron secretarios generales "es anterior al que delimita el objeto de investigación" que va del año 2003 al 2008. Lo paradójico de la situación es que Cascos, Arenas y Cospedal acudirán a declarar sobre unos años en los que ellos no ocupaban, al menos no todo el tiempo, dicha responsabilidad. Arenas dejó la secretaría general en septiembre de 2003 mientras que Cospedal no llegó a la misma hasta julio de 2008. Entre medias, ese cargo lo ostentó Mariano Rajoy aunque nominalmente, no de manera ejecutiva, una vez fue designado sucesor de José María Aznar. Quien no estuvo entre 2003 y 2008 fue Cascos, pero, en cambio, las donaciones anónimas ya estaban prohibidas en la etapa de Cospedal.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, calificó de "correcta" la decisión de Ruz "atendiendo a las circunstancias y a los elementos documentales y probatorios que hay en la causa", aunque ha eludido pronunciarse sobre si vería conveniente que también fuese citado a declarar el presidente del Gobierno. "No hay que adelantar acontecimientos" y la postura de la Fiscalía ya se tomará "cuando llegue el caso", dijo Torres Dulce según informó Efe. "La fiscalía anticorrupción se pronunciará y se me informará y yo tomaré la decisión correspondiente. En este momento únicamente hay que entender que las peticiones de comparecencias como testigos y pruebas documentales acordadas se han adoptado, no a iniciativa, pero sí con la anuencia de la fiscalía anticorrupción y me parecen correctas", indicó.
