Las sospechas sobre Mario Conde no son nuevas. Ni siquiera se remontan sólo a septiembre de 2014, fecha en la que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) recibió la primera alerta que ha provocado este lunes su detención dentro de la 'Operación Fénix'. Ya a finales de 2012 la Fiscalía Anticorrupción elaboró cinco informes sobre la presunta ocultación de bienes que ya entonces estaba realizando el ex banquero. En dichos informes se recogían algunos de los elementos que, ahora, han aparecido en la investigación que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz: empresas en paraísos fiscales y cuentas bancarias abiertas a nombre de testaferros. Aquellas pesquisas de hace casi cuatro años se iniciaron dentro de la ejecutoria de la sentencia que el 29 de julio de 2002 había impuesto 20 años de cárcel al ex financiero y que incluía el pago de una indemnización millonaria de la que éste sólo había abonado una mínima parte. Anticorrupción buscaba, precisamente, recuperar dicho dinero.
A finales de 2012, la Fiscalía elaboró cinco informes sobre cuentas y fincas que figuraban a nombre de testaferros pero de las que sospechosa que el ex banquero era el propietario real
Aquellas cinco investigaciones sobre los bienes del exbanquero fueron realizadas en el segundo semestre de 2012 y pretendía el embargo de diferentes bienes cuya titularidad real se adjudicaba a antiguo financiero. Así, la Fiscalía quería "el embargo de los saldos existentes en una cuenta de La Caixa a nombre de Mario Conde Conde donde se ingresaron cuatro cheques correspondientes al abono de los derechos de autor de uno de sus libros", se leía en uno de esos informes. En otro, se reclamaba el bloqueo de diversos depósitos bancarios abiertos a nombre de terceras personas sobre las que el Ministerio Público tenía la sospecha de que en realidad eran "testaferros de Mario Conde". Entonces, ya se destacaba que el objetivo último de aquellas pesquisas no era otro que éste atendiera "el pago de las responsabilidades civiles pendientes".
Cinco fincas y una sociedad de Luxemburgo
Otros dos informes versaban sobre cinco fincas que supuestamente pertenecían al ex banquero a pesar de aparecer a nombre de la sociedad Betelligung SA, una sociedad domiciliada en Luxemburgo. La Audiencia Nacional ya había ordenado en su día, cuando dictó sentencia, el decomiso de ellas, dos situadas en la provincia de Sevilla y las tres restantes, en las Islas Baleares. De hecho, sobre una de estas últimas, situada en el término municipal de Pollensa, la Fiscalía emitió entonces dos documentos. Uno, para solicitar su embargo inmediato "como paso previo a su enajenación para satisfacer las responsabilidades pecuniarias pendientes". El segundo, para que se ordenase al registrador de este municipio balear que practicase la anotación preventiva de embargo, a lo que el funcionario supuestamente se negaba porque la propiedad no aparecía a nombre del ex banquero sino de la empresa luxemburguesa.
En la sentencia que condenó a Mario Conde ya se destacaba que aquellas fincas habían sido adquiridas con fondos que tenían su origen "en las cantidades objeto de la apropiación indebida que motivó la condena". De hecho, las pesquisas en torno a las mismas habían permitido comprobar que, pese a que el ex banquero no figuraba como propietario de las mismas, éstas seguían siendo utilizadas por el entorno familiar del mismo, se mantenían los mismos empelados que cuando eran suyas formalmente y los gastos ordinarios de las mismas estaban domiciliados en cuentas bancarias vinculadas a la familia del propio Mario Conde.
