La crisis de Melilla y los problemas del ministerio de Interior están pasando factura Fernando Grande-Marlaska. Más allá de las críticas, este año ha batido récords de denuncias en Transparencia. Como se puede consultar en los datos de la página web del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), solo hasta octubre, último mes del que se tienen datos este año, Marlaska ha acumulado 100 reclamaciones solo en el apartado de estimadas, es decir, en las que se le daba la razón al usuario. Además, a estas 100 denuncias "aceptadas", habría que añadirles las del apartado de estimadas por motivos formales, las archivadas y las inadmitidas.
Se trata de un récord, no solo por la comparación con el año anterior (entonces solo se registraron 72 resoluciones estimadas en contra de Interior), sino en relación al resto de ministerios. El segundo puesto de "más castigados por "Transparencia" es para el ministerio de Hacienda, que 'solamente' ha recibido 34 reclamaciones estimadas, 66 menos que Interior. Y en tercer lugar se encuentra el Ministerio de Sanidad, liderado por Carolina Darias, que ha acumulado 25 denuncias. Este ministerio fue el más 'asfixiado' el año pasado por el CTBG: concentró 77 resoluciones estimadas e Interior 72.
Todos los ministerios han recibido alguna reclamación a lo largo de estos primeros diez meses del año, aunque los que menos tirones de orejas han recibido han sido Ciencia, con una sola reclamación estimada, y Defensa, Educación, Industria, Igualdad y Consumo con dos.
Los motivos que han provocado este récord de reclamaciones en el Consejo de Transparencia en la cartera de Marlaska son muchos y muy diversos. Entre los más repetidos, como es lógico, destacan los problemas que tienen que ver con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como un caso de recepción de pistolas Taser para la Policía Nacional, la vacunación de Covid-19 a los miembros de la Guardia Civil y Policía Nacional destinados en Cataluña o el ratio de opositores que han superado la nota de corte del examen psicotécnico para Policía Nacional.
Marlaska y la crisis de Melilla
Este final de año, además, su imagen se ha visto todavía más perjudicada por la crisis en Melilla. El pasado 24 de junio, cerca de 2.000 personas intentaron pasar la frontera desde Marruecos, de los cuales más de 500 lo consiguieron al romper el acceso del control fronterizo.
El salto se convirtió en polémico porque al menos 24 personas -organizaciones no gubernamentales elevan las cifras en varias decenas- perdieron la vida. Durante todo este tiempo, el Ministerio del Interior ha insistido en que la actuación de los agentes fue "proporcional" y "ajustada a la legalidad", pero cada vez son más las voces que piden explicaciones sobre los hechos.
Aparte de las organizaciones internacionales, que elevaron la cifra de fallecidos a al menos medio centenar y exigen una investigación en profundidad para esclarecer si la actuación policial -a ambos lados de la valla- fue proporcional, el Defensor del Pueblo mantiene abierta una investigación para determinar el trato dado a los inmigrantes (también pusieron en duda que desde Interior "se tuvieran en cuenta garantías legales nacionales e internacionales" de los inmigrantes). A todo esto hay que sumarle un documental de la BBC que contradice la versión oficial y ahora la oposición solicita la comparecencia oficial del ministro.
Este mismo viernes, la Fiscalía General del Estado ha archivado las diligencias sobre los hechos ocurridos el pasado 24 de junio "al no apreciar indicios de delito" en la actuación de los agentes. Sí ha trasladado al director adjunto operativo de la Guardia Civil, informa, la actuación de varios agentes que lanzaron piedras contra los inmigrantes "por si fuera constitutiva de infracción disciplinaria". Según el Ministerio Fiscal, los "únicos datos oficiales sobre muertes y causas" son los facilitados por las autoridades de Marruecos, por lo tanto, son ellas "las que disponen de todos los elementos probatorios".
