Militantes del PSOE y del PP han denunciado al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón ante el Parlamento Europeo por la DANA. La denuncia contra ambos Ejecutivos, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, es apartidista y se sitúa en el plano técnico y de los derechos, a pesar de las filiaciones de quienes la han preparado. Solicita que se les investigue por su "inacción en la protección de la vida, integridad y seguridad de los ciudadanos". La solicitud de investigación ya tiene número de registro y está a la espera de que se reúna la comisión de peticiones. En el caso del Gobierno de Sánchez, la denuncia advierte de que el Estado debe intervenir cuando los recursos autonómicos son insuficientes para gestionar la emergencia y garantizar la seguridad pública y que debió activar el Nivel 3 de emergencia.
También aprecia "dilación en la movilización de recursos estatales, incluida la Unidad Militar de Emergencias (UME)", lo que avisa de que "evidencia un incumplimiento grave de las obligaciones legales, así como una vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este incumplimiento no solo expuso a los ciudadanos a riesgos evitables, sino que comprometió su derecho a la vida, la integridad y la seguridad, lo que constituye una infracción de la normativa europea y nacional que protege estos derechos".
La petición de investigación "pretende evidenciar la falta de medidas preventivas adecuadas y la deficiente respuesta de las autoridades, lo que ha generado graves perjuicios y ha puesto en riesgo la vida de un elevado número de personas". Las omisiones en la activación de recursos y la insuficiente coordinación representan una vulneración de derechos fundamentales, específicamente los derechos a la vida, integridad, y seguridad, consagrados en los artículos 2, 3 y 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), así como en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), concreta.
Además, añade, "la falta de una respuesta adecuada constituye un incumplimiento de los compromisos asumidos por España en virtud de estos instrumentos jurídicos, que exigen que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para proteger la seguridad de sus ciudadanos ante riesgos predecibles". Señala incumplimiento de las normativas nacionales, particularmente de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, que agrava la responsabilidad de las autoridades. La Ley 17/2015 establece el principio de subsidiariedad, por el cual el Estado debe intervenir cuando los recursos autonómicos son insuficientes para gestionar la emergencia y garantizar la seguridad pública, añade. En este caso, "el Gobierno central, con conocimiento de la situación y de la gravedad del caudal de los ríos, no activó el Nivel 3 de emergencia, tal y como exigía el Plan Estatal, lo cual representa un incumplimiento de sus deberes de coordinación".
Superado el umbral crítico
El escrito contiene un cronograma detallado de los hechos. Hacia el mediodía -alrededor de las 16:00 horas-, señala que la atención de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y otros organismos se concentró en la presa de Forata, donde la situación era alarmante. Según la CHJ, había riesgo de ruptura de la presa, lo cual ponía en peligro a aproximadamente 5.000 personas aguas abajo. En este contexto, la CHJ explicó que el seguimiento del barranco de Poyo era responsabilidad del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, mientras que su atención en ese momento estaba centrada en monitorear y aplicar los planes de emergencia de presas, especialmente en Forata.
La Confederación Hidrográfica del Júcar informó de un aumento significativo en el caudal del barranco de Poyo a las 18:43 horas, prosigue, aunque este caudal ya había superado el umbral crítico de alerta casi una hora antes. La CHJ ha respondido a las dudas sobre la demora en la notificación señalando que el equipo técnico estaba ocupado en la monitorización y gestión de la emergencia en grandes ríos y presas, en concordancia con el Plan Especial de Inundaciones de la Generalitat Valenciana (GVA). El organismo sostiene que el aviso correspondiente se envió tras la segunda reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), a las 18:30 horas, cuando la CHJ detectó una crecida instantánea en el barranco de Poyo, reseña sobre las alertas.
Es concluyente para la denuncia "una grave omisión por parte de las autoridades competentes en la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), a pesar de que existen mecanismos legales claros que facultan dicha intervención". La UME se desplegó en Utiel sobre el mediodía, como así figura en el cronograma de la denuncia, pero solo un contigente de 150 efectivos. Pese a tener los mecanismos adecuados para una activación preventiva, no se hizo. El argumento oficial es que se requería autorización de la Generalitat, y eso no es así. De forma autónoma podían desplegarse.
Este hecho constituye una "negligencia administrativa que ha afectado la eficacia de la respuesta ante la emergencia, dado que la UME, como órgano interinstitucional de apoyo a las emergencias, tiene la capacidad de activarse de forma inmediata y autónoma. La administración pública, al no activar los recursos pertinentes, ha vulnerado el marco normativo vigente, lo que ha impedido una respuesta más efectiva y ha generado un perjuicio directo en la gestión de la crisis."
" A pesar de las alertas meteorológicas previas y las condiciones extremas anunciadas, las autoridades locales, autonómicas y nacionales no adoptaron las medidas preventivas adecuadas", concluye.
