El banco Mirabaud empezó a sospechar seriamente en febrero de 2012, tras unas informaciones aparecidas en la prensa, que la donación de 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) del rey Abdalá de Arabia Saudí a Juan Carlos I en 2008 no era un obsequio entre monarcas, según la documentación interna de la Fundación Lucum a la que ha tenido acceso Vozpópuli en exclusiva.
El servicio legal de Mirabaud exigió "aclaraciones" sobre el origen de los bienes que había en la cuenta de Lucum al abogado Dante Canonica, uno de los gestores suizos del rey Juan Carlos junto a Arturo Fasana. La reunión tuvo lugar en Ginebra el 22 de febrero de ese 2012 y el representante del monarca se comprometió a hablar con don Juan Carlos e informar después a la entidad financiera.
El propio Canonica elaboró una nota interna sobre este asunto aunque en ella no se especificaron las noticias de prensa que habían provocado las suspicacias de Mirabaud. El 15 de enero de ese año se había firmado en Riad el contrato del AVE del desierto por más de 6.700 millones de euros y habían empezado a salir posibles comisiones por este megacontrato que supuso la mayor licitación de carácter internacional que habían ganado empresas españolas.
Además, el día 21 de febrero apareció en El Mundo la noticia de que Iñaki Urdangarin había desviado dinero del Instituto Nóos a una cuenta radicada en Lausana (Suiza) del banco Credit Suisse. El entonces duque de Palma acababa de ser imputado unas semanas antes y el juez instructor, José Castro, solicitó poco después a las autoridades helvéticas que bloqueasen dicha cuenta.
Las aguas no se calmaron en Mirabaud pues el 24 de abril, apenas 10 días después del accidente de Botsuana en el que se destapó la estrecha amistad entre el rey Juan Carlos y la empresaria Corinna Larsen, hubo otra reunión de miembros del servicio legal del banco suizo con Canonica. El abogado sólo pudo decir a los representantes de Mirabaud que proseguían las "discusiones" con su cliente.
Finalmente, un mes después se dieron los primeros pasos para la transferencia de todos los fondos en la cuenta de Lucum a Larsen mediante un contrato de donación firmado por el rey Juan Carlos y la empresaria germano-danesa. Una decisión que provocó alivio en Mirabaud ante la incomodidad del depósito del que se beneficiaba el entonces jefe del Estado.
Si bien Canonica indicó en 2018 en su declaración ante el fiscal Yves Bertossa que Juan Carlos I mostró su preocupación por el hecho de que Suiza comenzara a compartir información con las autoridades de países como España, según adelantó El Español, en los documentos a los que ha tenido acceso este periódico no aparece una mención sobre ello.
Dos firmas individuales
La cuenta 505523 de la Fundación Lucum en este banco suizo se abrió formalmente el 6 de agosto de 2008, dos días antes de que llegase el "regalo" con los 64,8 millones de euros "en base a la tradición saudí con otras monarquías", según atestiguó Fasana a los directivos de Mirabaud para que le permitiesen abrir el depósito. Tanto él como Canonica quedaron como únicos autorizados para la retirada de fondos mediante firma individual.
Además, se decidió que la correspondencia bancaria se enviase a las oficinas de Rhône Gestión SA, la empresa suiza de Fasana en la que se creó la cuenta 'Soleado', considerada como el refugio del dinero de los VIPS españoles en Suiza.
En el informe de apertura de la cuenta de Lucum, el propio Fasana admitió que su cliente era el rey Juan Carlos y que, por tanto, era una persona políticamente expuesta (PPE). El banco designó al directivo Antoine Boissier como gestor de la cuenta y el denominado formulario A con el perfil del entonces jefe del Estado (ver abajo) quedó depositado en una caja fuerte al que sólo tenían acceso los propios socios de Mirabaud.
El 20 de abril de 2010 llegó el primer informe de revisión por parte de Mirabaud al tratarse de una cuenta cuyo titular era un PPE. El servicio legal de la entidad financiera ('Compliance' en la terminología bancaria) se encontró que le era "imposible efectuar una diligencia completa y, en concreto, las investigaciones sobre el beneficiario económico (Juan Carlos I) y su actividad", al no poder identificar quién era la persona que se encontraba detrás de este depósito.
"La diligencia sobre el beneficiario económico y su relación es responsabilidad del asociado responsable, N/S Antoine" Boissier, dejó anotado el servicio legal de Mirabaud. Por ello, el visto bueno para que siguiese abierta la cuenta de Lucum tuvo que ser confirmado por la propia dirección del banco.
El reglamento de Lucum
Un año más tarde, los gestores de la fortuna del rey emérito en Suiza redactaron el reglamento interno de Lucum. Un documento que fue firmado por Juan Carlos I, Fasana y Canonica y que comprometió al entonces príncipe de Asturias y sus descendientes ya que se legaba en don Felipe -el "segundo beneficiario"- los fondos de Lucum en caso de fallecimiento del jefe del Estado.
Ese reglamento es el que esgrimió Larsen en marzo de 2019 ante la Casa Real para que se aviniese a una negociación tras la apertura de una investigación judicial en Suiza a cargo del fiscal Yves Bertossa, pero desde La Zarzuela se respondió que el actual rey desconocía la existencia de esta fundación. Tras la exclusiva de The Telegraph sobre la donación saudí, Felipe VI anunció que había renunciado ante notario a la herencia de su padre que le pueda corresponder en el futuro.
Con este reglamento interno de Lucum como nuevo aval se llegó al segundo informe de revisión de Mirabaud en mayo de 2011. El servicio legal del banco se volvió a encontrar con el muro de no saber quién era la persona políticamente expuesta y volvió a delegar en el equipo directivo el correspondiente visto bueno.
Los directivos de Mirabaud autorizaron la cuenta de Lucum el 30 de mayo de ese 2011, pero la decisión tuvo que ser confirmaba de nuevo el 20 de diciembre, casi siete meses después. Es decir, sin que transcurriese un año completo para la tercera revisión del depósito del rey de España.
En ese momento ya había estallado el 'caso Urdangarin' y en el banco suizo se habían encendido todas las alarmas. Luego vendrían las noticias de febrero de 2012 y el escándalo de Botsuana que aceleraron el cierre de una cuenta que quemaba en las manos de esta entidad financiera.
