Junio de 2019. El diputado canario Alberto Rodríguez sustituye a Pablo Echenique al frente de la Secretaría de Organización de Podemos. Con su ascenso llega la reorganización de las áreas internas de la formación morada. Rodríguez pasa a asumir también el área jurídica. Este cambio, que pasó desapercibido fuera del partido, ha acabado desangrando a la cúpula de Pablo Iglesias.
Hasta ese momento, el área jurídica era un coto cerrado de Gloria Elizo, que había logrado crear a su alrededor una especie de 'guardia de corps' (si es que este nombre se puede utilizar en un partido republicano) de abogados, que habían logrado personarse en los principales casos de corrupción. La propia Elizo era una de ellos. Conforme pasaron los años, se convirtió en una persona de confianza de Iglesias y de Irene Montero. En el congreso de Podemos de 2017 fue nombrada secretaria de Acción Institucional, y en la Mesa del Congreso pasó a desempeñar la vicepresidencia primera.
Esta diputada por Toledo, que pasó de rodear el Congreso de los Diputados a ostentar una de las mayores representaciones del Estado, labró su meteórico ascenso gracias a desempeñar un papel muy activo en la lucha contra la corrupción. Primero como abogada de base -apenas sin ayudas en Podemos- y después como la jefa del Equipo Legal, que bajo su mando lideró las acusaciones populares en los casos Pujol, Villarejo y Ausbanc, aunque también se personó en Púnica, Lezo y Gürtel.
El Equipo Legal también se empeñó en investigar otros casos en los juzgados, vinculados a lo que este partido denomina "las cloacas del Estado" -como el del Pequeño Nicolás-, y ejerció la representación legal de Pablo Iglesias en varias querellas que interpuso contra las informaciones publicadas por el periodista Eduardo Inda.
El monopolio contra la corrupción
Podemos, bajo la batuta de Elizo en la lucha contra la corrupción, había logrado casi el monopolio en las acusaciones. En el caso Pujol lograron ejercer la dirección letrada de las acusaciones pese a incorporarse a la causa muchos años después de que se abriera en la Audiencia Nacional.
Y Elizo lo logró al interponer una querella contra Oleguer Pujol que acabó en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, cuyo titular se inhibió en favor del Central 5, que recientemente ha finalizado sus pesquisas y ha propuesto juzgar al clan del president por varios delitos, entre ellos el de organización criminal.
Capítulo aparte merece el caso Villarejo, en el que la Fiscalía anticorrupción ha logrado abrir 29 piezas separadas, en las que hay imputados excargos del Gobierno de Mariano Rajoy como el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez; banqueros como Francisco González; y personas jurídicas como BBVA.
El 3 de noviembre de 2017, el Consejo de Coordinación del que formaban parte, entre otros, Pablo Iglesias, Irene Montero, Noelia Vera, Juanma del Olmo, Rafa Mayoral, Idoia Villanueva, Pablo Echenique, Pablo Bustinduy, Miguel Urban, Íñigo Errejón y la propia Elizo acordó personar a Podemos como acusación popular en el caso Tándem. Elizo, que gozaba del reconocimiento de todo el partido, logró que ese mismo año Podemos reforzara el Equipo Legal con la contratación de varios abogados, incluidos letrados externos.
Nuevos fichajes
La guardia de corps jurídica de Podemos, sin embargo, seguía necesitando refuerzos, ya que las nuevas incorporaciones solo se dedicarían a los casos de corrupción y no atenderían los aspectos jurídicos internos de la formación. En este equipo se encontraba ya desde 2014 el abogado José Manuel Calvente, quien entonces asumió el cargo de delegado de Protección de Datos y luego llegó a protagonizar titulares por su salida, sus denuncias contra el partido y una investigación por presunto acoso sexual a Marta Flor Núñez, también abogada de Podemos.
Según consta en el auto de archivo de la querella, la letrada fue contratada en febrero de 2016. En 2017, Calvente fue designado coordinador del Equipo Legal, cuya máxima responsable era, oficialmente, Gloria Elizo, que pasó a ser vicepresidenta tercera en el Congreso de los Diputados, cuando Podemos logró su mayor representación: 71 escaños.
Al equipo de Elizo llegó también otro abogado externo que, junto a Núñez, representaba a Podemos en el caso Villarejo. Fuentes del partido explican a Vozpópuli que en ese momento la letrada trató de liderar los trabajos de la acusación popular en la causa contra el exagente, e incluso monopolizar los vínculos profesionales con los fiscales de la investigación.
La supuesta relación con el fiscal
A ojos de su entonces jefa, Núñez traspasó los límites cuando en una reunión de partido celebrada en Valencia habló, en tono jocoso, de una presunta relación con el fiscal Ignacio Stampa, que el funcionario público se ha visto obligado a negar. Sin embargo, las confesiones y los mensajes que Marta Flor Núñez enviaba a los chats del partido encendieron las alarmas en el Equipo legal dirigido por Elizo, quien en junio de 2018 paró en seco a la letrada, en prevención de que se produjera cualquier contaminación en el caso Villarejo.
Gloria Elizo consideró que Marta Flor Núñez traspasó los límites cuando en una reunión de partido celebrada en Valencia habló, en tono jocoso, de una presunta relación con el fiscal, que el funcionario público se ha visto obligado a negar
Núñez tuvo que pedir disculpas a todos sus compañeros. Llegó a asegurar que era "una bocazas" porque había exagerado sus vínculos con el funcionario público. Elizo le pidió que tuviera "un perfil bajo" con los fiscales para evitar malos entendidos y entregó el liderazgo de la acusación popular a un letrado externo a Podemos. Sin embargo, la filtración de los mensajes internos de Podemos ha provocado que la Fiscalía General del Estado haya abierto un expediente a Ignacio Stampa, que se ha paralizado a la espera de que la Fiscalía de Madrid investigue los hechos.
Pese a estar en un segundo plano en el caso Villarejo, Núñez logró mantener la confianza de Iglesias y Montero, a los que defendió en asuntos jurídicos personales: como por ejemplo la compra de una vivienda y las querellas que interpuso contra el periodista Eduardo Inda. También consiguió ser la máxima responsable de la actuación judicial iniciada en un Juzgado de Alcorcón (Madrid) contra OKDiario tras el robo de la tarjeta a Dina Bousselham.
Durante todo ese tiempo, Núñez entabló una relación de amistad con Calvente, coordinador de las causas judiciales de Podemos, pero no su superior jerárquico. Según la juez que estudió la querella de acoso sexual presentada por la letrada, el conflicto entre ambos estalló el 8 febrero de 2019 tras la proposición de Núñez de filtrar un expediente sobre Bousselham a los fiscales del caso Villarejo.
Calvente se opuso. Aseguró que no tenía sentido filtrar este documento cuando tenían intención de entregarlo de forma oficial y fuera de la esfera de Podemos. Este encontronazo laboral dio inicio a una estrategia que la juez Rosa María Freire apunta que podría haber sido orquestada por la dirección del partido. Según puntualiza en su auto, el plan incluía la presentación de una querella por parte de Núñez por los delitos de hostigamiento, acoso laboral, acoso sexual, coacciones y lesiones contra Calvente.
El relato de la juez indica que Marta Flor Núñez salió voluntariamente del chat del Equipo Legal de Gloria Elizo, que en todo momento trató de reconducir una situación laboral que ya era de por sí difícil porque la letrada también mantenía "desavenencias con otros miembros del equipo".
Según consta en el auto, en junio de 2019 Elizo decidió finalmente que Núñez pasase a "centrarse en asuntos de asesoramiento jurídico de la gerencia, y en consecuencia la aparta del Equipo Legal". La instructora destaca que entonces Calvente, "siguiendo instrucciones de la responsable [Gloria Elizo] y el proceder propio respecto a quien no está ya en el equipo, comunica a la procuradora de la formación tal extremo a efectos de notificaciones, y corta el acceso al Dropbox de los expedientes". No la castiga por no mantener una relación, tal y como denunció esta abogada.
La salida de Calvente
Y en medio de esta disputa interna, el 8 de junio de 2019 tiene lugar el nombramiento del diputado canario Alberto Rodríguez como secretario de Organización de Podemos. Y entre sus responsabilidades se incluye el control del área jurídica, que arranca a Gloria Elizo, que no obstante mantiene el liderazgo durante unos meses en la lucha contra la corrupción, es decir, de los abogados del Equipo Legal.
Y con el paso de los meses el Equipo Legal de Podemos acaba disolviéndose, como si se tratara de un azucarillo en el café. Primero con el despido de Calvente y de la letrada Mónica Carmona. Según la magistrada Rosa María Freire, la dirección de Podemos pudo haber instrumentalizado la querella que presentó Núñez por acoso sexual para despedir a Calvente de forma automática.
El propio Pablo Iglesias argumentó el pasado 6 de diciembre, con motivo de la celebración del Aniversario de la Constitución Española, que este abogado había sido expulsado del partido por acosar a una compañera, algo que esta semana ha descartado la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. Las fuentes consultadas por Vozpópuli apunta que en realidad el despido de Calvente y Carmona era un golpe que dirigían contra Elizo, cuya guardia de corps quedaba herida de muerte.
La puntilla el equipo jurídico la dio el 21 de marzo de 2020 el propio Pablo Iglesias, quien prescindió totalmente de Elizo, que desapareció de la dirección del partido, al igual que ocurriera poco antes con su marido, Pablo Fernández, quien había sido apartado de la gerencia. Marta Flor Núñez eligió bando en esta "lucha interna": el de Alberto Rodríguez (secretario de Organización), Daniel de Frutos (gerente) y Raúl Carballedo (abogado). El bando ganador, el de Pablo Iglesias.
