En julio de 2016, el Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano Rajoy indultaba por tercera ocasión a María Salmerón, una sevillana condenada por incumplir la custodia compartida de su hija con su exmarido, sentenciado anteriormente a 21 años de cárcel por malos tratos.
El Tribunal Supremo anuló en 2018 ese indulto por errores de forma y cuatro años después su calvario judicial ha sufrido una nueva vuelta de tuerca. El juzgado de lo penal número 6 de la Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado el "inmediato cumplimiento" de la pena de nueve meses de cárcel que le impuso hace un año por un delito continuado de desobediencia grave a la autoridad con la agravante de reincidencia.
"Pienso llegar al Constitucional, a Estrasburgo y a la ONU", afirmaba el pasado martes María Salmerón, tras entregar en los juzgados un recurso de forma para solicitar dejar sin efecto su entrada en prisión.
En el escrito, al que ha tenido acceso Vozópuli, sus abogados alegan que Salmerón, a pesar de haber sido condenada hasta en cuatro ocasiones por delitos de desobediencia, los hechos que motivaron las condenas ocurrieron hace más de cinco años y por tanto debería eximirse del cumplimiento de la pena.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, no tardó en salir en su defensa. "Ninguna mujer debería ser condenada, mucho menos entrar en prisión, por proteger a sus hijos de la violencia machista y del maltratador. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no se cometa una injusticia con María Salmerón", indicó Montero en un tuit.
Ninguna mujer debería ser condenada, mucho menos entrar en prisión, por proteger a sus hijos de la violencia machista y del maltratador. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no se cometa una injusticia con María Salmerón. Gracias por luchar por los derechos de todas.
— Irene Montero (@IreneMontero) July 27, 2020
Paralelismos con Juana Rivas
Las redes sociales no tardaron en comparar el caso de Salmerón con el de Juana Rivas y el tuit de Montero se convirtió en tendencia con el hashtag 'Juana Rivas'.
"La principal diferencia entre ambos casos es que a María Salmerón se le ha condenado por desobediencia a la autoridad mientras que en el caso de Juana Rivas se juzgaba un delito de sustracción de menores", indica a Vozpópuli el abogado de Salmerón, José Estanislao López, quien también formó parte de la defensa de Rivas hasta 2018.
No obstante, reconoce López, en ambos casos hay exmaridos condenados por maltrato, ninguno de ellos hizo el curso de reciclaje psicológico al que son sometidos los condenados por ese delito y, en tercer lugar, "en los dos casos el fondo de la cuestión es que se trata de madres intentando proteger a sus hijos, mujeres que lo que buscan es el beneficio del menor".
"Fallan muchas cosas en el sistema que hacen que al final esto se tenga que resolver a golpe de decreto", indica José Estanislao López. "En el caso de María Salmerón se le está condenando por desobediencia, que pertenece en el código penal al capítulo de delitos de orden público, pero aquí de lo que estamos hablando es de una situación en el ámbito familiar", señala.
"Cuando ellas se niegan a entregar a sus hijos en lo que están pensando no es en desobedecer al juez, sino en proteger a sus hijos. Es un auténtico disparate que se aplique la desobediencia, se debería haber legislado para crear un artículo en la ley específico para casos commo este, que no pertenecen al ámbito del orden público", agrega.
Incumplimiento reiterado
Al decretar el pasado 10 de julio su entrada en prisión, la juez condenó a Salmerón por no acudir hasta en ocho ocasiones, entre 2012 y 2014, a un punto de encuentro familiar a entregar a su hija a su exmarido, condenado previamente a 21 meses de cárcel por maltrato contra Salmerón.
De acuerdo a la magistrada, Salmerón "dejó de cumplir reiteradamente" las resoluciones que la obligaban a entregar a la niña al padre y no lo hizo hasta ocho veces, una en julio de 2012 y siete entre julio y octubre de 2014.
Sin embargo, durante todo el proceso judicial, tanto Salmerón como su hija, que ahora tiene 20 años, han asegurado que era la niña quien no quería acudir a las visitas con su padre. "No podía cogerla por los pelos y arrastrarla al punto de encuentro", aseguraba el martes Salmerón.
Además, recordó que una juez de Dos Hermanas eximió a la niña de ese trámite y estableció "que vería al padre cuando y donde ella quisiera".
Sin embargo, en el último auto de entrada en prisión, la Audiencia Provincial de Sevilla obliga a Salmerón a pagar a su expareja, Antonio Domingo Ruiz Daza, una indemnización de 3.000 euros. Entre indemnizaciones y pago de costas, en todo el proceso la Justicia ha obligado a esta mujer sevillana a pagar cerca de 80.000 euros al padre de su hija.
Su defensa se aferra a agotar todas las vías legales y al antecedente de Ángela González Carreño. Tras ser condenada por negarse a cumplir la custodia compartida con su exmarido, también condenado por malos tratos, su hija fue asesinada por él. En 2014 el comité contra la discriminación de Naciones Unidas reconoció la responsabilidad de España en el asesinato y ordenó al Estado a pagar 600.000 euros por daños morales a González, una decisión que posteriormente fue ratificada por el Tribunal Supremo.
